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Solicitan a la CIDH Medidas Cautelares contra Toque de Queda En Ecuador

Graves violaciones a los derechos humanos en Ecuador - Foto vía @teleSURtv

By Prensa Renaddhh  – 13. October 2019

La Red Nacional de Derechos Humanos (Renaddhh), organización no gubernamental e independiente, solicitó Medidas Cautelares contra el decreto de Estado de Excepción y Toque de Queda, mediante comunicación enviada  a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington, denunció las graves violaciones a los derechos humanos que está cometiendo el Gobierno del Presidente Lenín Moreno, quien ha restringido el goce y disfrute de los derechos fundamentales.

Colombia: deforestación en el parque Tinigua aumentó cerca de 400% entre 2017 y 2018

Las quemas en la Amazonía colombiana suelen darse entre enero y febrero. Foto: Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS).

Por en 26 agosto 2019 [English]

  • Un nuevo análisis de deforestación muestra la preocupante tendencia de pérdida de bosque que se vive en parques nacionales como Sierra de la Macarena, Tinigua y Chiribiquete y la reserva nacional Nukak.
  • El corredor de conexión entre la Amazonía, la Orinoquía y la cordillera de Los Andes se está debilitando. Tinigua pasó de perder casi 3000 hectáreas de bosque primario en 2017 a cerca de 12 000 en 2018. Un año después de que se ampliara el Parque Chiribiquete, ya se han deforestado 2600 hectáreas.

Los últimos días han sido críticos para la Amazonía en Brasil y Bolivia. Los incendios en agosto han consumido miles de hectáreas de bosque y han llamado la atención de la comunidad internacional.

Brasil: Redes delictivas actúan contra defensores de la Amazonía

Un incendio forestal en Santo Antonio do Matupi, al sur del estado de Amazonas, Brasil, el 27 de agosto de 2019.  © 2019 Associated Press

La violencia y la impunidad ponen en peligro el compromiso de Brasil contra el cambio climático

(São Paulo - HRW - 17.09.2019) – La deforestación en la Amazonía brasileña es provocada, mayormente, por redes delictivas que recurren a violencia e intimidación contra quienes intentan detenerlas, y el gobierno no está adoptando medidas para proteger ni a los defensores ni a la propia selva amazónica, señaló Human Rights Watch en un informe divulgado hoy. 

El informe de 169 páginas, “Rainforest Mafias: How Violence and Impunity Fuel Deforestation in Brazil's Amazon” (Mafias en la selva: Cómo la violencia y la impunidad propician la deforestación en la Amazonía brasileña) documenta cómo la tala ilegal por redes delictivas y los consecuentes incendios forestales están relacionados con los actos de violencia e intimidación cometidos contra los defensores de la selva amazónica y con fallas del Estado, que no investiga de forma adecuada ni juzga esos delitos. 

“Los brasileños que defienden la Amazonía son blanco de amenazas y ataques de redes delictivas que se dedican a la tala ilegal”, manifestó Daniel Wilkinson, director interino de Medioambiente y Derechos Humanos de Human Rights Watch. “Durante la presidencia de Bolsonaro, la situación solo empeora. El ataque a las agencias ambientales del país por parte de su gobierno está colocando a la selva y a quienes viven allí en mayor peligro”.

Las redes delictivas cuentan con capacidad logística para coordinar la extracción, el procesamiento y la comercialización a gran escala de madera, y al mismo tiempo contratan hombres armados para intimidar y, en algunos casos, asesinar a quienes intentan defender la selva, concluyó Human Rights Watch.

El 23 de septiembre de 2019, la Organización de las Naciones Unidas llevará a cabo una cumbre en la que se analizarán iniciativas a nivel global para mitigar el cambio climático. Brasil contribuyó con estas iniciativas comprometiéndose en 2016 a eliminar la deforestación ilegal en la Amazonia para 2030.

Human Rights Watch entrevistó a más de 170 personas, incluyendo 60 miembros de comunidades indígenas y otros residentes en los estados de Maranhão, Pará y Rondônia. El equipo también entrevistó a decenas de funcionarios gubernamentales en Brasilia y en toda la región amazónica, incluidos muchos que ofrecieron una visión desde dentro del estado sobre cómo las políticas del presidente Jair Bolsonaro menoscaban los esfuerzos para hacer cumplir la ley. 

Durante su primer año como presidente, Bolsonaro ha limitado la aplicación de las leyes ambientales, debilitado a las agencias ambientales federales, y criticado duramente a las organizaciones y personas que trabajan para preservar la selva.

En la última década, más de 300 personas fueron asesinadas en el contexto de conflictos por el uso de las tierras y de los recursos naturales en la Amazonía, muchas de ellas por personas que se dedicaban a la tala ilegal, según cifras reunidas por la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), una organización sin fines de lucro citada por el Ministerio Público federal.

Human Rights Watch examinó 28 asesinatos, la mayoría ocurridos desde 2015 —además de cuatro intentos de asesinato y más de 40 casos de amenazas de muerte—, en los cuales existen pruebas convincentes de que los responsables se dedicaban a la deforestación ilegal y consideraban que sus víctimas constituían un obstáculo para sus actividades delictivas. Algunas víctimas eran funcionarios encargados de hacer cumplir las leyes ambientales. La mayoría eran miembros de comunidades indígenas u otras personas que vivían en la selva y que habían denunciado la tala ilegal ante las autoridades. 

En el asentamiento Terra NossaResidentes del asentamiento indicaron que los cuatro hombres murieron a manos de un grupo armado al servicio de una red delictiva de terratenientes que, según un informe interno del gobierno, se dedicaba a la tala ilegal.

Son pocas las veces en que los responsables de la violencia son llevados ante la justicia. De los más de 300 asesinatos registrados por la CPT, apenas 14 llegaron a juicio. De los 28 asesinatos documentados por Human Rights Watch, solo dos llegaron a juicio. Y de los más de 40 casos de amenazas que examinamos, ninguno llegó a juicio. 

Esta falta de rendición de cuentas se debe, en gran medida, a que la policía no investiga debidamente los hechos. La policía local, que reconoció esos problemas, los justificó aseverando que los asesinatos se producen en lugares remotos. Sin embargo, Human Rights Watch documentó omisiones muy graves en investigaciones de asesinatos que se habían cometido en pequeñas ciudades, no lejos de dependencias policiales, incluidos casos en los que no se realizaron autopsias. 

Los resultados no son mejores en las investigaciones relacionadas con amenazas de muerte. En algunos lugares la policía se negó a recibir y registrar las denuncias de amenazas. En por lo menos 19 de los 28 asesinatos examinados, las víctimas o sus comunidades habían recibido amenazas antes de sufrir los ataques. Si las autoridades las hubieran investigado, estas muertes tal vez podrían haberse evitado.

Desde hace tiempo las comunidades indígenas y otros residentes locales tienen un papel importante en las iniciativas brasileñas orientadas a reducir la deforestación, al poner en conocimiento de las autoridades actividades de tala ilegal que, de otra manera, podrían pasar desapercibidas. La disminución del control en el cumplimiento de las leyes ambientales incentiva la tala ilegal. Esto hace que los residentes locales se sienten más presionados a asumir un papel más activo en la defensa de la selva, y de esta manera, se arriesgan a sufrir represalias. 

Desde 2004, Brasil cuenta con un programa para proteger a defensores ambientales y de derechos humanos, pero los funcionarios gubernamentales entrevistados coincidieron en que la protección que brinda el programa es muy limitada.

Durante los primeros ocho meses de gobierno de Bolsonaro, la deforestación casi se duplicó en comparación con el mismo período de 2018, según datos oficiales preliminares. En agosto de 2019, los incendios forestales relacionados con la deforestación se extendieron por la región amazónica a un ritmo que no se había visto desde 2010.

En el ecosistema húmedo característico de la cuenca amazónica, esos incendios no se producen de forma natural, sino que son provocados por personas para completar el proceso de deforestación en zonas donde ya se han talado los árboles que tienen mayor valor económico. El fuego se extiende a través de pequeños claros en la selva y de caminos abiertos por los madereros, que resecan la vegetación y facilitan su propagación.

Al ser la selva más grande del mundo, la Amazonía es fundamental para mitigar el cambio climático por su capacidad de absorber y almacenar dióxido de carbono. Cuando la selva se tala o se quema, no solo deja de cumplir esta función, sino que libera a la atmósfera el dióxido de carbono previamente almacenado.

“El impacto de los ataques a los defensores de la selva en Brasil va mucho más allá de la Amazonía”, dijo Wilkinson. “Hasta que el país no responda a la violencia y la ilegalidad que facilitan la extracción ilegal de madera, la destrucción de la selva más grande del mundo continuará sin ningún control”.

Entre los casos examinados en el informe están los siguientes:

  • En 2018, Gilson Temponi, presidente de una asociación de productores agropecuarios de Placas, estado de Pará, denunció ante la fiscalía actividades de tala ilegal y amenazas de muerte proferidas por madereros. Falleció en diciembre de ese año, cuando dos hombres armados se presentaron en la puerta de su vivienda y le dispararon.
  • Eusebio Ka’apor —líder del pueblo indígena ka’apor, que ayudó a organizar patrullas forestales para impedir el ingreso de madereros al territorio indígena Alto Turiaçu, en el estado de Maranhão— fue asesinado en 2015. Poco después de su muerte, seis de los siete miembros del Consejo de Gobierno de los ka’apor, que coordina las patrullas, recibieron amenazas de muerte de madereros.
  • Osvalinda Pereira y su esposo, Daniel Pereira, ambos pequeños agricultores, han recibido amenazas de muerte durante casi una década desde que comenzaron a denunciar que una red delictiva realiza actividades de tala ilegal en el estado de Pará. En 2018, alguien cavó en la parte de atrás de su casa dos tumbas simuladas sobre las que colocaron sendas cruces de madera.
  • Dilma Ferreira Silva, activista ambiental del estado de Pará, y otras cinco personas fueron asesinadas en 2019 por órdenes —según la policía— de un terrateniente que realizaba tala ilegal y que temía que Silva y las otras víctimas denunciaran sus actividades ilegales.

 

Rainforest Mafias

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Brasil: Defensores da floresta na mira de redes criminosas

Violência e impunidade colocam em risco os compromissos do Brasil sobre mudança climática

Cláudio José da Silva at the bank of the Pindaré river, in the Brazilian Amazon.

Cláudio José da Silva is the coordinator of the “Forest Guardians” of Caru Indigenous Territory, in the Brazilian Amazon. The Guardians patrol indigenous land to detect illegal logging and report it to the authorities. © 2019 Brent Stirton/Human Rights Watch

(São Paulo) – O desmatamento na Amazônia brasileira é impulsionado em grande parte por redes criminosas que usam da violência e intimidação contra aqueles que se colocam em seu caminho, enquanto o governo fracassa em proteger tanto os defensores quanto a própria floresta, disse Human Rights Watch em um relatório divulgado hoje.

O relatório de 169 páginas, “Máfias do Ipê: como a violência e a impunidade impulsionam o desmatamento na Amazônia brasileira”, examina como o desmatamento ilegal por redes criminosas e as consequentes queimadas estão relacionados a atos de violência contra defensores da floresta e ao fracasso do Estado em investigar e punir os responsáveis por esses crimes.

"Os brasileiros que defendem a Amazônia enfrentam ameaças e ataques por parte de redes criminosas envolvidas na extração ilegal de madeira", disse Daniel Wilkinson, diretor de direitos humanos e meio ambiente da Human Rights Watch. "A situação só está piorando com o presidente Bolsonaro, cujo ataque aos órgãos de proteção do meio ambiente coloca em risco a floresta e as pessoas que ali vivem."

As redes criminosas têm a capacidade logística de coordenar a extração, o processamento e a venda de madeira em larga escala, enquanto empregam homens armados para intimidar e, em alguns casos, executar aqueles que buscam defender a floresta, constatou a Human Rights Watch.

Em 23 de setembro de 2019, a Organização das Nações Unidas realizará uma cúpula em Nova Iorque para discutir os esforços globais voltados a mitigar as mudanças climáticas. Como contribuição a esses esforços, o Brasil se comprometeu, em 2016, a dar fim ao desmatamento ilegal na Amazônia até 2030.

A Human Rights Watch entrevistou mais de 170 pessoas, incluindo 60 membros de povos indígenas e outros moradores dos estados do Maranhão, Pará e Rondônia. Os pesquisadores também entrevistaram dezenas de servidores públicos em Brasília e na região amazônica, incluindo muitos que forneceram um visão de dentro do governo sobre como as políticas do presidente Bolsonaro estão prejudicando a fiscalização ambiental.

Durante seu primeiro ano no cargo, o presidente Bolsonaro retrocedeu na aplicação das leis de proteção ambiental, enfraqueceu as agências federais responsáveis, além de atacar organizações e indivíduos que trabalham para preservar a floresta.

Mais de 300 pessoas foram assassinadas durante a última década no contexto de conflitos pelo uso da terra e de recursos naturais na Amazônia – muitas delas por pessoas envolvidas na extração ilegal de madeira – de acordo com os dados compilados pela Comissão Pastoral da Terra (CPT), e utilizados pela Procuradoria-Geral da República.

A Human Rights Watch examinou 28 assassinatos, a maioria a partir de 2015 – além de 4 tentativas de assassinato e mais de 40 casos de ameaças de morte – nos quais havia evidências críveis de que os responsáveis por esses crimes estavam envolvidos no desmatamento ilegal e viam suas vítimas como obstáculos as suas atividades criminosas. Algumas vítimas eram agentes públicos. A maioria era indígenas ou outros moradores que denunciaram a exploração ilegal de madeira às autoridades.

No assentamento Terra Nossa, no estado do Pará, um morador foi morto e outro desapareceu em 2018 depois de dizerem para algumas pessoas que denunciariam às autoridades a exploração ilegal de madeira. O irmão de uma das vítimas, que estava investigando o crime por conta própria, também foi morto, assim como o líder de um sindicato de pequenos agricultores, depois de, da mesma forma, ter demonstrado intenção de denunciar a extração ilegal de madeira. Os moradores do assentamento relataram que os quatro homens foram mortos por uma milícia armada que trabalha para uma rede criminosa de fazendeiros que, segundo um relatório do INCRA, estão envolvidos em extração ilegal de madeira.

Os responsáveis pela violência raramente são levados à justiça. Dos mais de 300 assassinatos registrados pela CPT, apenas 14 foram julgados; dos 28 assassinatos examia pela Human Rights Watch, apenas dois foram julgados; e dos mais de 40 casos de ameaças, nenhum foi a julgamento.

Essa impunidade se deve em grande parte ao fato da polícia não conduzir investigações adequadas. A polícia local reconhece as deficiências e afirma que isso acontece porque as mortes ocorrem em áreas remotas. No entanto, a Human Rights Watch documentou graves omissões, como a falta de autópsias, nas investigações de mortes ocorridas nas cidades, não muito longe das delegacias de polícia.

As investigações sobre as ameaças de morte não são diferentes. Em alguns locais a polícia inclusive se recusa a registrar as denúncias de ameaças, segundo a pesquisa da Human Rights Watch. Em pelo menos 19 dos 28 assassinatos examinados, ameaças contra as vítimas ou suas comunidades antecederam os ataques. Se as autoridades tivessem conduzido investigações sobre as ameaças, os assassinatos poderiam ter sido evitados.

Os povos indígenas e outros moradores há muito tempo desempenham um papel central nos esforços para combater o desmatamento, alertando as autoridades sobre as atividades madeireiras ilegais que de outra forma poderiam passar despercebidas. A redução da fiscalização ambiental incentiva a extração ilegal de madeira e resulta em maior pressão sobre a população local para que assuma um papel mais ativo na defesa das florestas. Ao fazer isso, ela se expõe ao risco de represálias.

Desde 2004, o Brasil possui um programa de proteção de defensores dos direitos humanos e do meio ambiente, mas as autoridades que entrevistamos concordaram que o programa oferece pouca proteção real.

Nos primeiros oito meses do governo Bolsonaro, o desmatamento quase dobrou em comparação com o mesmo período de 2018, segundo dados oficiais preliminares. Em agosto de 2019, queimadas ligadas ao desmatamento na Amazônia ocorreram em uma escala que não era vista desde 2010.

Tais incêndios não ocorrem naturalmente no ecossistema úmido da bacia amazônica. Eles são iniciados por pessoas como parte do processo de desmatamento após removerem as árvores de maior valor. As queimadas se espalham pelas pequenas clareiras e ramais abertos pelos madeireiros, onde a existência de vegetação mais seca e inflamável facilita a propagação do fogo na floresta tropical.

Sendo a maior floresta tropical do mundo, a Amazônia desempenha um papel vital na mitigação das mudanças climáticas, absorvendo e armazenando dióxido de carbono. Quando cortada ou queimada, a floresta não apenas deixa de cumprir essa função, mas também libera na atmosfera o dióxido de carbono que havia armazenado anteriormente.

"O impacto dos ataques aos defensores da floresta do Brasil se estende muito além da Amazônia", disse Daniel Wilkinson. "Enquanto o Brasil não adotar medidas urgentes contra a violência e a ilegalidade que facilitam a extração ilegal de madeira, a destruição da maior floresta tropical do mundo continuará desenfreada".

Os casos examinados no relatório incluem:

  • Gilson Temponi, presidente de uma associação de agricultores em Placas, estado do Pará, denunciou aos Ministérios Públicos estadual e federal em 2018 a exploração ilegal de madeira e as ameaças de morte por madeireiros. Em dezembro daquele ano, dois homens bateram a sua porta e o executaram a tiros.
     
  • Eusebio Ka'apor - uma liderança do povo Ka'apor que ajudou a organizar patrulhas florestais para impedir que madeireiros entrassem na terra indígena Alto Turiaçu, no estado do Maranhão, foi morto em 2015. Logo após sua morte, seis dos sete membros do conselho de gestão dos Ka’apor, que coordena as patrulhas, receberam ameaças de morte por madeireiros.
     
  • Osvalinda Pereira e seu marido, Daniel Pereira, pequenos agricultores, recebem ameaças de morte há quase uma década, desde que começaram a denunciar extração ilegal de madeira por uma rede criminosa no estado do Pará. Em 2018, eles encontraram em seu quintal duas covas, com cruzes de madeira afixadas no topo.
     
  • Dilma Ferreira Silva, ativista do meio ambiente no estado do Pará, juntamente com cinco outras pessoas, foi morta em 2019 sob encomenda, de acordo com a polícia, de um fazendeiro envolvido em extração ilegal de madeira que temia que Dilma e os outros denunciassem suas operações criminosas.

 

Máfias do Ipê

Como a Violência e a Impunidade Impulsionam o Desmatamento na Amazônia Brasileira

Incêndio florestal atinge Santo Antonio do Matupi, sul do estado do Amazonas, Brasil, 27 de agosto de 2019. @ Associated Press 2019.

Sumário

Todos os dias, pessoas no Brasil se arriscam para defender a floresta amazônica da extração ilegal de madeira. Essas pessoas são agentes públicos que trabalham nas agências ambientais do país e policiais que combatem crimes ambientais; são pequenos agricultores que ousam denunciar às autoridades os nomes daqueles que entram com motosserras e caminhões madeireiros nas florestas públicas; são povos indígenas que patrulham seus territórios a pé, em barcos e em motocicletas, com arcos e flechas e GPS, para proteger as florestas das quais dependem para sustentar suas famílias e preservar seu modo de vida.

Os defensores correm esse risco com pouca expectativa de que o Estado os protegerá quando confrontarem madeireiros que flagrantemente violam as leis ambientais brasileiras e que ameaçam, atacam e até matam qualquer um que se coloque em seu caminho.

A extração ilegal de madeira na Amazônia brasileira é em grande parte impulsionada por redes criminosas que têm a capacidade logística de coordenar a extração, o processamento e a venda da madeira em larga escala, enquanto empregam homens armados para proteger seus interesses. Alguns agentes ambientais chamam esses grupos de “máfias do ipê”, referindo-se à árvore do ipê, cuja madeira está entre as mais valiosas e procuradas pelos madeireiros. No entanto, a extração pelos madeireiros inclui muitas outras espécies de árvores e seu objetivo final é frequentemente derrubar a floresta totalmente para dar espaço ao gado ou ao cultivo.

O que está em jogo no conflito entre os defensores da floresta e essas redes criminosas vai muito além da Amazônia, e até das fronteiras do Brasil. Como a maior floresta tropical do mundo, a Amazônia desempenha um papel fundamental na mitigação da mudança climática, absorvendo e armazenando dióxido de carbono. Quando cortada ou queimada, a floresta não apenas deixa de cumprir essa função, mas também libera de volta para a atmosfera o dióxido de carbono que antes havia armazenado. Sessenta por cento da Amazônia está localizada no Brasil, e o desmatamento é responsável por quase metade das emissões de gases de efeito estufa do país, segundo dados do governo.

 

Brazil Map

Por mais de uma década, preservar a floresta amazônica foi um componente central do compromisso do Brasil de adotar medidas para conter o aquecimento global. Sob o Acordo de Paris sobre Mudança do Clima de 2015, o Brasil se comprometeu a eliminar todo o desmatamento ilegal na Amazônia — que representa 90% de todo o desmatamento — até 2030.

Um relatório de 2019 do relator especial sobre direitos humanos e meio ambiente da ONU afirma que o direito a um ambiente seguro, limpo, saudável e sustentável inclui um clima seguro e que “o não cumprimento dos compromissos internacionais de mudança climática é uma violação prima facie das obrigações dos Estados de protegerem os direitos humanos de seus cidadãos”.

Para que o Brasil cumpra os compromissos do Acordo de Paris, terá que atuar contra os grupos criminosos que impulsionam grande parte do desmatamento. E isso, por sua vez, exigirá a proteção daqueles que estão lutando para defender a floresta de seus ataques.

Durante esse primeiro ano no cargo, o presidente Jair Bolsonaro mostrou pouco interesse em fazê-lo. Pelo contrário, ele tem reduzido a fiscalização ambiental, enfraquecido as agências ambientais federais  e atacado organizações e indivíduos que trabalham para preservar a floresta. Suas palavras e ações na prática têm dado sinal verde às redes criminosas envolvidas na extração ilegal de madeira, de acordo com agentes públicos ambientais e moradores das comunidades locais entrevistados pela Human Rights Watch. Ao fazer isso, ele coloca em risco tanto a Amazônia quanto as pessoas que vivem na região, e prejudica a capacidade do Brasil de reduzir as emissões de gases de efeito estufa e de ajudar a mitigar o aquecimento global.

Violência relacionada ao desmatamento ilegal

O problema da violência por madeireiros na Amazônia não começou com o presidente Bolsonaro. A Human Rights Watch realizou mais de 60 entrevistas com servidores públicos estaduais e federais envolvidos na fiscalização e aplicação das leis ambientais ou criminais na região amazônica — além de outras 60 com membros de povos indígenas e de outras comunidades locais — e identificou um grande consenso de que essa violência é um problema generalizado na região há anos.

Mais de 300 pessoas foram assassinadas durante a última década no contexto de conflitos pelo uso da terra e de recursos naturais na Amazônia, muitas delas por pessoas envolvidas na extração ilegal de madeira, de acordo com a Comissão Pastoral da Terra, organismo da Igreja Católica que mantém um registro detalhado de casos com base nas informações coletadas principalmente por seus representantes, que monitoram casos de violência rural em todo o país. Não há estatísticas comparáveis ​​compiladas por agências governamentais e mesmo os membros do Ministério Público Federal citam os números da comissão como evidência do alcance da violência por parte de madeireiros.

Este relatório examina 28 desses assassinatos, a maioria desde 2015 — mais 4 tentativas de assassinato e mais de 40 casos de ameaças de morte — nos quais a Human Rights Watch obteve evidências críveis ​​de que os autores estavam envolvidos na extração ilegal de madeira e que as vítimas foram alvo porque se colocaram no caminho de suas atividades criminosas. Algumas dessas vítimas eram agentes de fiscalização ambiental. A maioria era membro de povos indígenas ou outros moradores da floresta que denunciaram a exploração ilegal de madeira às autoridades ou procuraram de outras maneiras contribuir com os esforços do Brasil para fazer cumprir suas leis ambientais. Os exemplos examinados neste relatório incluem:

  • A defensora ambiental Dilma Ferreira Silva e cinco outras pessoas foram assassinadas no estado do Pará em 2019 a mando, de acordo com a polícia, de um fazendeiro envolvido com extração ilegal de madeira que temia que Dilma e os outros indivíduos denunciassem suas atividades criminosas.
  • Um morador do assentamento Terra Nossa no estado do Pará foi morto e outro desapareceu depois de dizerem que planejavam denunciar a extração ilegal de madeira naquele assentamento em 2018. O irmão de uma das vítimas, que estava investigando o crime por conta própria, também foi assassinado, assim como o líder de um sindicato de pequenos produtores rurais depois de também dizer que denunciaria os madeireiros. Moradores do assentamento disseram à Human Rights Watch que todos os quatro homens foram assassinados por membros de uma milícia armada que trabalha para uma rede criminosa de fazendeiros locais envolvidos na extração ilegal de madeira. Um relatório interno do INCRA, autarquia federal de reforma agrária, confirmou que fazendeiros eram responsáveis ​​pela extração ilegal de madeira na área, bem como por mineração ilegal e invasão de terras públicas.
  • Naraymi Suruí, líder do povo indígena Suruí Paiter, foi atacado por homens armados duas semanas depois de confrontar madeireiros dentro da Terra Indígena Sete de Setembro, no estado de Rondônia, em 2017. Duas pessoas que ele reconheceu como madeireiros atiraram cinco vezes contra ele e sua esposa, sem atingi-los.
  • O sargento da Polícia Militar do estado do Pará João Luiz de Maria Pereira foi assassinado por um suspeito madeireiro enquanto participava de uma operação de combate à exploração madeireira na Floresta Nacional Jamanxim, em 2016.
  • O defensor ambiental Raimundo Santos foi assassinado em 2015, depois de denunciar a exploração ilegal de madeira na Reserva Biológica de Gurupi, no estado do Maranhão. Um fazendeiro supostamente envolvido com a extração ilegal de madeira confessou à polícia que contratou um policial reformado, o qual, por sua vez, contratou dois policiais da ativa para matar Raimundo.
  • Eusebio Ka'apor, líder do povo Ka'apor que ajudou a organizar as patrulhas indígenas  “guardiões da floresta”, para impedir a entrada de madeireiros na Terra Indígena Alto Turiaçu, no estado do Maranhão, foi baleado nas costas e assassinado por dois agressores em uma moto em 2015. Logo após sua morte, seis dos sete membros do Conselho de Gestão Ka’apor, que coordena os guardiões, receberam ameaças de morte de madeireiros.
  • Osvalinda Marcelino Alves Pereira e seu marido Daniel Alves Pereira, pequenos agricultores, têm sofrido repetidas ameaças de morte há quase uma década, desde que começaram a denunciar a extração ilegal de madeira por uma rede criminosa no assentemento Areia, no estado do Pará. Em 2018, eles encontraram duas covas simuladas em seu quintal, com cruzes de madeira em cima.

Embora a maioria dos casos examinados pela Human Rights Watch tenha ocorrido nos estados do Pará ou do Maranhão nos últimos cinco anos, o relatório também inclui exemplos de anos anteriores e de outros estados, os quais apoiam a conclusão de servidores públicos federais e estaduais de que a violência por madeireiros é um problema generalizado e de longa data na Amazônia brasileira.

Fracasso em investigar e punir

Os perpetradores da violência na Amazônia brasileira raramente são levados à justiça.

Dos mais de 300 assassinatos que a Comissão Pastoral da Terra registrou desde 2009 na Amazônia, apenas 14 foram levados a julgamento. Dos 28 assassinatos examinados neste relatório, apenas dois foram julgados. E dos mais de 40 casos de ataques ou ameaças, nenhum foi levado a julgamento, sendo que a denúncia criminal foi apresentada em apenas um dos casos.

Segundo representantes dos ministérios públicos federal e estaduais, e agentes ambientais, essa impunidade se deve em grande parte ao fracasso da polícia em conduzir investigações adequadas dos crimes. A polícia local reconheceu as falhas nas investigações e as atribuiu em grande parte ao fato de que os crimes tendem a ocorrer em comunidades ou locais remotos, distantes das delegacias.

Para avaliar a dinâmica da impunidade descrita pelas autoridades, a Human Rights Watch examinou como a polícia respondeu aos assassinatos em uma região do estado do Maranhão, abrangendo quatro terras indígenas, onde os povos indígenas têm atuado contra a extração ilegal de madeira e relataram serem vítimas de represálias violentas por parte dos madeireiros. Houve 16 assassinatos relatados nesta região desde 2015, incluindo pelo menos oito que líderes indígenas acreditam terem sido represálias por madeireiros. Nenhum foi levado a julgamento.

 A Human Rights Watch entrevistou policiais envolvidos nas investigações de seis dos 16 assassinatos e identificou falhas graves na condução dos casos: em pelo menos dois, os investigadores de polícia não visitaram a cena do crime e em cinco não houve autópsia. Um delegado local alegou que um dos fatores que explicam essas falhas é que os crimes ocorreram em lugares remotos. No entanto, a Human Rights Watch descobriu que em pelo menos quatro dos seis casos, as mortes ocorreram em centros urbanos com delegacias de polícia, e não em locais remotos.

Policiais federais e membros do Ministério Público Federal disseram à Human Rights Watch que essas falhas são comuns nas investigações de assassinatos por madeireiros realizadas pela polícia estadual, que tem jurisdição sobre casos comuns de homicídios.

Sem dúvida, há casos de violência cometida por madeireiros nos quais a distância da cena do crime complica os esforços para conduzir uma investigação imediata. Contudo, não precisa torná-la impossível. A Human Rights Watch examinou 19 assassinatos e 3 tentativas de assassinato em locais remotos da Amazônia nos quais a polícia conduziu investigações que de fato levaram a ações penais iniciadas pelo Ministério Público. A resposta diferente da polícia nesses casos, no entanto, tem relação com o fato de que 17 desses assassinatos atraíram a atenção da imprensa nacional.

As investigações de ameaças de morte por madeireiros não são melhores. Servidores públicos e vítimas contaram à Human Rights Watch sobre casos em que as polícias nos estados do Maranhão e do Pará se recusaram a inclusive registrar ocorrências de ameaças.

Quando não investigam as ameaças de morte, as autoridades estão abdicando do seu dever de tentar impedir a violência por grupos criminosos envolvidos no desmatamento ilegal, aumentando a probabilidade de que as ameaças sejam materializadas. Em pelo menos 19 dos 28 assassinatos examinados neste relatório, os ataques foram precedidos de ameaças contra as vítimas ou suas comunidades. Se as autoridades tivessem realizado investigações minuciosas sobre esses atos anteriores de intimidação, poderiam ter evitado os assassinatos. Alguns exemplos examinados neste relatório incluem:

  • Gilson Temponi, presidente de uma associação de agricultores em Placas, estado do Pará, denunciou a extração ilegal de madeira e ameaças de morte por parte de madeireiros aos Ministérios Públicos estadual e federal em 2018. Em dezembro daquele ano, dois homens bateram em sua porta e o mataram a tiros.
  • Homens armados ameaçaram e atacaram pequenos agricultores em Taquaruçu do Norte, no estado de Mato Grosso, por mais de uma década na tentativa de expulsá-los de suas terras para que os madeireiros pudessem explorar madeira na área. Em 2007, eles mataram 3 agricultores e torturaram pelo menos outros 10, informou a Comissão Pastoral da Terra. Os moradores também relataram ataques e ameaças à polícia em 2010, 2012 e 2014, mas as investigações nunca avançaram, disse um defensor público do estado do Mato Grosso à Human Rights Watch. Em abril de 2017, homens armados mataram nove moradores de Taquaruçu do Norte, o que ficou conhecido como o massacre de Colniza.

Proteções insuficientes para defensores da floresta

Desde 2004, o Brasil possui um programa nacional de proteção aos defensores de direitos humanos, incluindo defensores ambientais, que, em teoria, deveria garantir proteção aos defensores da floresta que recebem ameaças de morte. Atualmente, mais de 400 pessoas estão incluídas no programa em todo o país, a maioria delas defensores dos direitos dos povos indígenas, direitos à terra ou ao meio ambiente.

O programa visa oferecer uma série de medidas de proteção para os defensores inscritos, como visitas de funcionários do programa, contato telefônico, visibilidade de seus trabalhos, e a mobilização de outras instituições para fornecer proteção. Seu mandato também inclui o desenvolvimento de "estratégias institucionais" para abordar as causas estruturais de risco ou vulnerabilidade para aqueles sob proteção.

Porém, tanto agentes públicos como defensores ambientais entrevistados pela Human Rights Watch concordaram de forma unânime que, na prática, o programa oferece pouca proteção significativa. Geralmente, envolve nada além de contato ocasional por telefone.

No Pará, o estado com o maior número relatado de assassinatos em conflitos pelo uso da terra e de recursos naturais, os Ministérios Públicos estadual e federal entraram com uma ação contra os governos estadual e federal em 2015 após concluirem que o programa federal de proteção era "completamente ineficaz". Em abril de 2019, um juiz concordou com os Ministérios Públicos, determinando que as autoridades estaduais e federais forneçam proteção mais robusta a cinco defensores da floresta ameaçados por madeireiros.

Os custos humanos da fiscalização ambiental inadequada

Em 2016, o Brasil assinou o Acordo de Paris sobre Mudança Climática e se comprometeu a eliminar o desmatamento ilegal na Amazônia até 2030. Entre 2004 e 2012, o Brasil reduziu o desmatamento na Amazônia em mais de 80%, de quase 28.000 quilômetros quadrados de floresta destruída por ano para menos de 4.600. Mas o desmatamento começou a subir em 2012 e, em 2018, atingiu 7.500 quilômetros quadrados. É esperado que esse total seja ainda maior em 2019.

O sucesso do Brasil no combate ao desmatamento antes de 2012 decorreu, em parte, do uso de imagens de satélite em tempo quase real para localizar e fechar os sítios de extração ilegal de madeira. Também se deve à criação de áreas protegidas – unidades de conservação e terras indígenas – abrangendo centenas de milhares de quilômetros quadrados em toda a região amazônica, onde restrições legais sobre o uso da terra e dos recursos protegem a floresta.

Mas vários fatores combinados estão revertendo esse progresso. Entre eles está o uso cada vez mais frequente pelos madeireiros de técnicas de remoção de árvores que tornam mais difícil detectar o escopo dos danos em andamento pela vigilância por satélite. Ao mesmo tempo, as agências federais de fiscalização ambiental do país sofreram cortes orçamentários e de recursos humanos que reduziram o número de fiscais em campo disponíveis para realizar operações de monitoramento do desmatamento.

Os povos indígenas e outros moradores locais há muito tempo desempenham um papel importante nos esforços do Brasil para conter o desmatamento, alertando as autoridades sobre as atividades madeireiras ilegais que, de outra forma, poderiam não ser detectadas. De fato, vários estudos baseados em dados de satélite mostram que o desmatamento é muito menor em terras indígenas do que em outras áreas comparáveis ​​da Amazônia brasileira, indicando que as terras indígenas são particularmente eficazes como barreiras contra a extração ilegal de madeira. Essa contribuição se tornou ainda mais vital nos últimos anos, devido a capacidade reduzida das agências ambientais brasileiras de alocarem fiscais para monitorar o que está acontecendo no terreno.

No estado do Maranhão, por exemplo, à medida que a capacidade das agências federais de fiscalizar o cumprimento às leis ambientais diminui, membros de quatro comunidades indígenas, cujos territórios incluem alguns dos últimos fragmentos de floresta amazônica do estado, têm se organizado como "guardiões da floresta". Os “guardiões” patrulham o seu território e denunciam a exploração ilegal de madeira às autoridades. Essas patrulhas indígenas têm sido fundamentais para a realização de operações de fiscalização em algumas ocasiões. No entanto, elas também têm resultado em ameaças e ataques contra membros das comunidades — e de acordo com líderes indígenas — assassinatos por madeireiros.

A experiência dessas quatro comunidades ilustra a dinâmica em jogo quando os defensores da floresta confrontam madeireiros na Amazônia brasileira hoje. A redução da capacidade de fiscalização das agências ambientais do país gera maior pressão sobre os povos indígenas para que assumam um papel mais ativo na defesa de suas florestas — e, ao fazê-lo, colocam-se sob risco de represálias por madeireiros.

Ao mesmo tempo, as falhas em investigar essas represálias permitem que a violência e a intimidação dos madeireiros continuem sem controle, alimentando um clima de medo que reduz a probabilidade de que mais pessoas, tanto indígenas quanto moradores locais, assumam esse risco — privando, pois, as agências ambientais do apoio local que é vital para seus esforços para garantir o cumprimento da lei e combater o desmatamento ilegal.

Políticas anti-ambientais de Bolsonaro

Para dar fim ao desmatamento ilegal e cumprir seus compromissos no âmbito do Acordo de Paris no sentido de reduzir as emissões de gases de efeito estufa, o Brasil precisa de um governo comprometido em defender o Estado de Direito na Amazônia. Isso significa adotar uma posição clara para proteger os defensores da floresta, incluindo tanto agentes públicos que fiscalizam o cumprimento da legislação ambiental como membros de povos indígenas e de outras comunidades locais, além de combater as redes criminosas envolvidas na extração ilegal de madeira.

Em vez disso, o Brasil tem um líder que parece determinado a fazer exatamente o contrário. O presidente Jair Bolsonaro nomeou um ministro de Relações Exteriores que se opõe aos esforços internacionais para lidar com as mudanças climáticas, alegando que elas são "basicamente uma tática globalista de instilar o medo para obter mais poder", bem como um ministro do Meio Ambiente que vê o aquecimento global como um assunto de importância "secundária". Ambos ministros eliminaram os departamentos de mudança climática de seus respectivos ministérios e o ministro do meio ambiente também reduziu em 95% o orçamento para a implementação da Política Nacional sobre Mudança do Clima.

O governo Bolsonaro tem agido de forma agressiva para diminuir a capacidade do país de fazer cumprir suas leis ambientais. O orçamento discricionário do Ministério do Meio Ambiente foi reduzido em 23%, eliminando recursos destinados à fiscalização e ao combate a incêndios na Amazônia. E em um único dia no mês de fevereiro, 21 dos 27 diretores regionais do Ibama, responsáveis ​​pela aprovação de operações de combate à extração ilegal de madeireira, foram exonerados. Até agosto de 2019, quase todos esses cargos de maior hierarquia permaneciam vagos.

O governo então adotou políticas que na prática sabotam o trabalho dos agentes que permaneceram. Entre essas políticas está o desmantelamento do departamento que coordenava as principais operações de combate ao desmatamento, envolvendo várias agências federais e as forças armadas. Outra delas é a exigência — comunicada verbalmente aos agentes, mas não formalizada por escrito —  de que os agentes mantenham intactos os veículos e equipamentos utilizados na extração ilegal de madeira encontrados em locais remotos, ao invés de destruí-los como autoriza a legislação brasileira. Assim, os agentes precisam transportar esses equipamentos por meio da floresta, o que os deixa vulneráveis ​​a emboscadas por madeireiros que tentam recuperá-los.

O governo também tem atuado de forma a minimizar as consequências enfrentadas por aqueles que operam na extração ilegal de madeira. Durante os primeiros oito meses da gestão Bolsonaro, o número de multas por infrações relacionadas ao desmatamento aplicadas pelo Ibama caiu 38% em comparação com o mesmo período do ano anterior, atingindo a menor quantidade de multas em pelo menos duas décadas. E, em abril, o governo estabeleceu que todas as multas ambientais devem ser revistas em uma audiência de “conciliação” presidida por alguém externo, sem vínculos com as agências ambientais do país. O núcleo de conciliação pode oferecer descontos ou suspender completamente as multas. E enquanto as audiências estão pendentes, os prazos para pagamento das multas estão suspensos. A exigência de uma audiência de conciliação prejudicará a capacidade do Ibama de sancionar violações ambientais, adiando procedimentos que já levam anos para serem concluídos, conforme relata Suely Araújo, presidente do Ibama até dezembro de 2018.

O governo também adotou medidas para limitar a capacidade das organizações não-governamentais (ONGs) brasileiras de contribuirem para os esforços de fiscalização. Em abril, o presidente Bolsonaro editou um decreto que extinguiu os comitês e conselhos formados por servidores públicos e representantes de ONGs, que desempenhavam um importante papel na formulação e implementação de políticas públicas ambientais.

Entre os afetados estava o Comitê Orientador do Fundo Amazônia, um fundo administrado pelo Brasil que recebeu 3,4 bilhões de reais em doações para preservar a floresta amazônica. Noventa e três por cento dos recursos veio da Noruega, com a Alemanha sendo responsável pela maior parte do restante. Ambos os países manifestaram oposição à decisão de Bolsonaro quanto às mudanças na representação de ONGs no Comitê Orientador do Fundo, o qual aprova os projetos de conservação. Mas em junho o governo dissolveu o comitê. Em resposta, a Noruega suspendeu suas contribuições para o Fundo, cujo futuro é ainda incerto.

Essas mudanças de políticas foram acompanhadas de declarações abertamente hostis do presidente e de seus ministros em relação àqueles que buscam defender as florestas do país. Como candidato, Bolsonaro atacou o Ibama e o ICMBio, chamando-os de "indústrias da multa" e prometendo pôr fim ao que chamou de "farra" das multas ambientais. Em maio, ele disse a jornalistas que estava "removendo obstáculos" às oportunidades econômicas impostas pelos “xiitas ambientais” de administrações anteriores, usando a palavra que designa uma das vertentes do Islã como sinônimo de radicalismo.

O presidente Bolsonaro tem assumido uma postura particularmente hostil em relação às ONGs que defendem o meio ambiente e os direitos dos povos indígenas, alegando que elas “exploram e manipulam” os indígenas, e prometeu combater seu “ativismo ambiental xiita”. Da mesma forma, o vice-presidente disse que o potencial econômico do Brasil é reduzido pelo “ambientalismo xiita” das ONGs. E seu ministro do meio ambiente se queixou da existência de "uma indústria de ONGs eco-xiitas".

Essa hostilidade também se estendeu aos governos europeus que têm apoiado os esforços de conservação na Amazônia. O presidente Bolsonaro alega que esse apoio é motivado pelo desejo de explorar as riquezas da floresta, o que deixou claro ao dizer em julho de 2019: "O Brasil é como uma virgem que todo tarado de fora quer".

Ao mesmo tempo, o governo tem sinalizado perigoso apoio aos responsáveis ​​pelo desmatamento da Amazônia. Após a demissão em massa de funcionários de alto escalão do Ibama, Bolsonaro se vangloriou durante uma reunião com fazendeiros de que ele havia pessoalmente ordenado ao ministro do Meio Ambiente fazer “uma limpa” nas agências ambientais do país. Em julho, logo após agressores queimarem um caminhão de combustível para helicópteros do Ibama utilizados em operações de combate à extração ilegal de madeira no estado de Rondônia, o ministro do Meio Ambiente se reuniu com madeireiros na cidade onde ocorreu o ataque e disse que a indústria madeireira “precisa ser respeitada”.

As políticas anti-ambientais e a retórica do presidente Bolsonaro e de seus ministros têm colocado agentes públicos e defensores da floresta em maior risco pessoal, de acordo com membros do Ministério Público Federal, que afirmam que os relatos de ameaças por parte de grupos criminosos envolvidos na extração ilegal de madeira têm aumentado desde a posse de Bolsonaro. “É uma perplexidade ver o Estado estimulando ameaças ao próprio Estado”, disse um procurador federal, membro da câmara de coordenação e revisão de meio ambiente e patrimônio cultural à Human Rights Watch. "A desqualificação dos órgaos de controle é como música para os agentes econômicos ilegais”, disse um representante da câmara de coordenação e revisão de populações indígenas e comunidades tradicionais. “Os madeireiros entendem as declarações de Bolsonaro como uma autorização [para agirem]”.

Desde a eleição de Bolsonaro, a extração ilegal de madeira por grupos criminosos na Amazônia se tornou mais audaciosa, relatam autoridades e moradores. “Eles acreditam que vão poder fazer o que quiserem, que o Ibama não vai poder multar ninguém, não vai destruir seus equipamentos”, explicou um funcionário de alto escalão do Ibama. Líderes comunitários em duas regiões do estado do Pará disseram à Human Rights Watch que costumavam ver caminhões transportando madeira extraída ilegalmente da floresta apenas à noite, mas desde a eleição de Bolsonaro, os caminhões também começaram a passar em plena luz do dia e mais frequentemente. Só em janeiro, madeireiros invadiram pelo menos quatro territórios indígenas.

O impacto na floresta amazônica tem sido dramático. Durante os primeiros oito meses da gestão Bolsonaro, o desmatamento quase dobrou em comparação com o mesmo período de 2018, segundo dados oficiais preliminares. Em agosto de 2019, incêndios florestais ligados ao desmatamento ocorriam em toda a Amazônia em uma escala que não era vista desde 2010.

Esses incêndios não ocorrem naturalmente no ecossistema úmido da bacia amazônica. Na realidade, eles são iniciados por pessoas que concluem o processo de desmatamento, quando as árvores de maior valor já foram removidas. O fogo se espalha pelas pequenas clareiras e ramais abertos pelos madeireiros, onde a existência de vegetação mais seca e inflamável facilita a propagação do fogo na floresta tropical.

De acordo com as agências de fiscalização federais e locais, os incêndios em 2019 foram resultado de uma “ação orquestrada”, preparada previamente por organizações criminosas envolvidas no desmatamento ilegal.

Mas, em vez de confrontar essas redes criminosas, o governo Bolsonaro respondeu aos incêndios com a mesma fórmula usada para avançar sua agenda anti-ambiental ao longo do ano. O governo procurou minimizar o problema, alegando tempo seco. O presidente Bolsonaro atacou as ONGs ambientais do país, chegando ao ponto de acusá-las, sem provas, de terem iniciado os incêndios em um esforço para  “chamar a atencão contra o governo”. Ele atacou líderes estrangeiros, rejeitando as preocupações internacionais sobre os danos causados ​​à maior floresta tropical do mundo e um dos mais importantes reservatórios de carbono.

Somente após um número crescente de líderes empresariais brasileiros ter manifestado preocupação de que a resposta do governo aos incêndios estava prejudicando a imagem internacional do país, Bolsonaro anunciou a mobilização das forças armadas para combatê-los.

O que o governo Bolsonaro não fez foi anunciar qualquer plano para resolver o problema subjacente que impulsiona o desmatamento: a capacidade de redes criminosas de operar com quase total impunidade na Amazônia, ameaçando e atacando os defensores da floresta que tentam impedir suas atividades. Enquanto essa violência continuar sem controle, o mesmo ocorrerá com a destruição da floresta, cuja preservação é crucial para os esforços do Brasil na redução das emissões de gases de efeito estufa e os esforços mundiais de mitigação da mudança climática.

 Principais Recomendações

O Brasil deveria adotar medidas urgentes para acabar com a impunidade por atos de violência relacionados ao desmatamento ilegal na Amazônia.

  • O Ministro da Justiça deveria convocar autoridades federais e estaduais, incluindo os Ministérios Públicos estaduais e federal, forças policiais e agências ambientais, para elaborar e implementar um plano de ação, com significativa participação da sociedade civil, para tratar dos atos de violência e intimidação contra defensores da floresta e desmantelar as redes criminosas envolvidas no desmatamento ilegal na Amazônia.
  • O Procurador-Geral da República deveria fazer do combate à violência na Amazônia uma das suas principais prioridades, inclusive por meio da condução de uma profunda revisão de todos os casos registrados de violência e ameaça para identificar padrões e responsáveis, buscando a federalização dos casos de graves violações dos direitos humanos que não são objeto de investigação devida por parte das autoridades estaduais e assegurando que a Força Tarefa Amazônia tenha recursos e pessoal suficientes para investigar e processar os responsáveis ​​pelo desmatamento ilegal e a violência.
  • O Congresso Nacional deveria criar uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) e realizar audiências públicas para identificar as redes criminosas responsáveis ​​pelo desmatamento ilegal e os atos de violência e intimidação contra defensores da floresta na Amazônia.

O Brasil deveria apoiar e proteger os defensores da floresta.

  • O governo Bolsonaro deveria transmitir de forma clara apoio a todos os defensores da floresta que buscam defender a lei na região amazônica e comprometer-se com o desmantelamento das redes criminosas envolvidas na extração ilegal de madeira e com a responsabilização de seus membros pelos crimes cometidos.
  • As autoridades federais e estaduais deveriam estabelecer mecanismos pelos quais policiais, promotores públicos, procuradores federais e agências ambientais se reúnam regularmente e mantenham canais diretos de comunicação com as comunidades, e individualmente com defensores da floresta, para que possam denunciar o desmatamento ilegal e os atos de violência ou intimidação.
  • O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, deveria aperfeiçoar o programa federal de proteção dos defensores dos direitos humanos, incluídos os defensores da floresta, mediante:
    • Adaptação dos planos de proteção, em consulta com os defensores da floresta em risco, de forma a tratar suas circunstâncias específicas e pessoais, por meio de medidas como fornecimento de conexão de Internet, instalação de câmeras de segurança e cobertura dos custos de deslocamento de policiais para acompanhá-los ou monitorar sua situação.
    • Coordenação com ONGs locais e pressão às autoridades estaduais e federais para responderem às denúncias de desmatamento ilegal e violência feitas pelos defensores da floresta.
    • Congresso Nacional deveria aprovar o Acordo de Escazú, que exige que os estados garantam um ambiente seguro e propício para os defensores da floresta, protegendo-os e investigando crimes cometidos contra eles.

O Brasil deveria fortalecer a proteção ambiental na floresta amazônica como parte de suas obrigações de direitos humanos.

  • O governo Bolsonaro deveria reparar os danos causados ​​aos órgãos ambientais e garantir que seus agentes tenham autonomia, ferramentas e recursos suficientes para cumprir o seu mandato com segurança e eficácia.
  • O governo Bolsonaro deveria dar um fim aos ataques verbais e às acusações sem fundamento contra organizações ambientais e outras organizações não-governamentais e restabelecer a colaboração entre as agências de fiscalização federais e os grupos da sociedade civil que trabalham para proteger os defensores da floresta, os direitos dos povos indígenas e o meio ambiente.
  • O governo federal deveria adotar todas as medidas necessárias para cumprir os compromissos do Brasil relacionados à mitigação da mudança climática, em particular a redução do desmatamento e das emissões de gases de efeito estufa (GEE), protegendo os defensores da floresta e fortalecendo a proteção ambiental, conforme estabelecido nas recomendações acima.

Metodologia

Durante a investigação que resultou neste relatório, a Human Rights Watch entrevistou mais de 170 pessoas, incluindo mais de 60 membros de povos indígenas e não indígenas que sofreram violência ou ameaça de pessoas envolvidas com a extração ilegal de madeira; bem como policiais civis e federais; membros dos Ministérios Públicos estaduais e federal; defensores públicos; representantes dos órgãos federais Ibama, ICMBio e Funai; outras autoridades públicas; representantes de organizações da sociedade civil; e acadêmicos.

Realizamos a maioria das entrevistas pessoalmente no estado do Maranhão, entre 24 de outubro e 4 de novembro de 2017 e entre 3 e 12 de junho de 2018; em Brasília, entre 3 e 4 de abril de 2018, entre 15 e 16 de outubro de 2018, entre 14 e 15 de janeiro de 2019, entre 24 e 27 de abril de 2019, entre 2 e 5 de julho de 2019, e entre 15 a 17 de agosto de 2019; no estado do Pará, entre 27 de abril e 4 de maio de 2019; e no estado do Amazonas, em 27 de junho de 2019. Também realizamos entrevistas por telefone e serviços de mensagens entre novembro de 2017 e julho de 2019.

Para dados sobre assassinatos relacionados a conflitos pelo uso da terra e de recursos naturais, contamos com o trabalho da Comissão Pastoral da Terra, organismo da Igreja Católica fundado há mais de 40 anos, com representantes em todo o país que acompanham e coletam informações sobre esses casos e prestam assistência jurídica e de outra natureza às vítimas e seus familiares. As autoridades estaduais e federais não coletam dados sobre casos que envolvem conflitos pelo uso da terra e de recursos naturais. O próprio Ministério Público Federal usa os dados da Comissão Pastoral da Terra.

A Human Rights Watch selecionou os estados do Maranhão, Pará e Amazonas para realizar pesquisas de campo após ter consultado organizações locais que trabalham com violência rural e direitos dos povos indígenas. No estado do Maranhão, a equipe da Human Rights Watch viajou para as terras indígenas Alto Turiaçu, Araribóia, Caru e Governador porque os povos Ka'apor, Tenetehara (também conhecido como Guajajara) e Pyhcop Catiji (também conhecido como Gavião) que ali vivem criaram as patrulhas indígenas  “guardiões da floresta” para defender sua terra. Esse trabalho de defesa ambiental os tornou vulneráveis ​​a ameaças e ataques por parte de pessoas envolvidas com a extração ilegal de madeira. O Pará é o estado com o maior número de assassinatos relacionados a conflitos pelo uso da terra e de recursos naturais. O Amazonas é o estado com a maior floresta amazônica. Também realizamos entrevistas por telefone sobre casos nos estados do Mato Grosso e Rondônia.

Em Brasília, entrevistamos autoridades e ativistas ao longo de várias visitas. Além disso, entrevistamos membros de povos indígenas que participavam de um encontro anual conhecido como "Acampamento Terra Livre", em abril de 2019.

A equipe da Human Rights Watch conduziu a maioria das entrevistas em português. Realizamos duas entrevistas em idiomas indígenas, traduzidas para o português por indígenas, e algumas entrevistas em inglês com ativistas. As entrevistas foram individuais ou, em alguns casos, em grupos, dependendo das preferências e costumes dos entrevistados.

A Human Rights Watch identificou os entrevistados por meio de ONGs, agentes públicos, imprensa e testemunhas, que nos indicaram outras pessoas com quem poderíamos conversar.

A Human Rights Watch não divulgou a identidade de quatro testemunhas por razões de segurança, bem como a identidade de sete servidores públicos que solicitaram que seus nomes fossem mantidos em sigilo porque seus superiores não os tinham autorizado a falar publicamente ou porque eles temiam represálias se falassem abertamente sobre as deficiências das instituições públicas.

A Human Rights Watch informou todos os participantes sobre o objetivo da entrevista e que poderia publicar o seu conteúdo. Eles consentiram oralmente. Nenhum entrevistado foi remunerado por fornecer informações. Reembolsamos o custo de transporte, acomodações modestas e refeições a três entrevistados que viajaram para um local central para poder nos encontrar.

A Human Rights Watch examinou cópias de depoimentos de testemunhas realizados perante autoridades, dados fornecidos por instituições governamentais durante reuniões e mediante solicitação, inquéritos policiais, processos e decisões judiciais e informações oficiais disponíveis ao público. Também revisamos publicações acadêmicas e relatórios de centros de pesquisa e de ONGs.

 

Glossário de Termos e Siglas

Amazônia

Para os fins deste relatório, a “Amazônia” brasileira se refere à área conhecida como “Amazônia Legal”, de acordo com a Lei nº 1.806/1953, que inclui os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e oeste do Maranhão.

Força-Tarefa Amazônia

Grupo de trabalho do Ministério Público Federal especializado no combate a crimes ambientais na região amazônica, criado pela Procuradoria-Geral da República em 2018. O grupo tem uma procuradora federal que trabalha exclusivamente para a força-tarefa, enquanto outros procuradores federais combinam as atividades da força-tarefa com suas tarefas regulares. Por conta dos limitados recursos, a Força-tarefa atualmente se concentra principalmente no combate ao desmatamento no sul do estado do Amazonas.

Unidades de Conservação

Áreas de características naturais com restrições especiais ao uso da terra e das águas para proteção ambiental. As unidades federais de conservação são gerenciadas pelo ICMBio, enquanto as criadas por estados e municípios são gerenciadas por entidades do respectivo ente federado. A Lei nº 9.985 de 18 de julho de 2000, que regulamenta as unidades de conservação, divide-as em dois tipos: (1) Unidades de Proteção Integral, que impedem o assentamento humano dentro da reserva, mas permitem pesquisas e ecoturismo; e (2) Unidades de Uso Sustentável, que permitem que as pessoas vivam dentro da área, desde que explorem seus recursos de maneira sustentável.

Demarcação de terras indígenas

Processo pelo qual o governo federal reconhece uma reivindicação dos povos indígenas a uma determinada área geográfica e estabelece o uso da terra exclusivamente por esses povos. A Constituição do Brasil outorga ao governo federal a obrigação de demarcar territórios indígenas. O processo inclui a realização de estudos antropológicos e outros para avaliar a reivindicação ao território e definir seus limites, e um processo de aprovação administrativa que termina com a homologação e publicação de um decreto presidencial e o registro do território indígena junto à Secretaria de Patrimônio da União.

DETER

Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real (DETER), um sistema criado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais do Brasil (INPE) para fornecer alertas da situação do desmatamento em tempo real com base em imagens de satélite. Os alertas são uma indicação de desmatamento, mas, devido à cobertura de nuvens e outros fatores, não são tão precisos para estimar o desmatamento total como são os dados produzidos pelo projeto de Monitoramento da Floresta Amazônica Brasileira por Satélite (PRODES), também elaborado e executado pelo INPE.

Crime ambiental

Para os fins deste relatório, consideramos crimes ambientais aqueles relacionados a danos ou à destruição do meio ambiente por indivíduos ou empresas, segundo o estabelecido pela lei brasileira. De acordo com a Lei de Crimes Ambientais de 1998 (Lei n.º 9.605), esses crimes incluem a extração de madeira em florestas de domínio público, sem autorização, bem como o transporte, compra ou venda de madeira extraída ilegalmente, entre outros. As polícias federal e estadual fiscalizam o respeito à legislação criminal ambiental.

Defensores do meio ambiente

Para os fins deste relatório, consideramos defensores do meio ambiente aquelas pessoas que se enquadram na definição de “defensores ambientais dos direitos humanos” estabelecida pelo relator especial da ONU para defensores dos direitos humanos em 2016: “Indivíduos e grupos que, em sua capacidade pessoal ou profissional e de forma pacífica, se esforçam para proteger e promover os direitos humanos relacionados ao meio ambiente, incluindo à água, ao ar, à terra, à flora e à fauna.”

Infração ambiental

Para os fins deste relatório, consideramos infrações ambientais aquelas estabelecidas pela lei brasileira. A Lei de Crimes Ambientais de 1998 estabelece sanções administrativas e penais para indivíduos e empresas por danos ao meio ambiente; e o Decreto nº 6.514 detalha o que constitui infrações administrativas ambientais, como desmatamento dentro de unidades de conservação, ou o transporte e a compra ou venda de madeira obtida ilegalmente, e as multas correspondentes. Esses dispositivos são aplicados pelo Ibama e ICMBio no âmbito federal e pelos órgãos estaduais e municipais ambientais no âmbito local.

Fazendeiro

Grandes proprietários de terras rurais.

Defensores da floresta

Para os fins deste relatório, consideramos como defensores da floresta pessoas que promovem inciativas para proteger a floresta do desmatamento ilegal, incluídos moradores de comunidades e assentamentos que procuram fornecer informações sobre crimes ambientais às autoridades, indígenas que patrulham a floresta, líderes indígenas que organizam e apoiam essas patrulhas, e agentes públicos que planejam ou conduzem operações e atividades de fiscalização para o cumprimento da lei ambiental.

Funai

Fundação Nacional do Índio (FUNAI), agência federal que protege e promove os direitos indígenas.

Ibama

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis ​​(Ibama), principal órgão federal de proteção ambiental do país. É responsável pelo cumprimento da legislação ambiental federal em todo o Brasil, podendo aplicar multas aos que violam essas leis.

ICMBio

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), órgão federal que gerencia e protege as unidades de conservação federais. Os agentes do ICMBio têm autoridade para fiscalizar o cumprimento da legislação ambiental nas unidades de conservação federais e nas zonas de amortecimento.

Incra

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), órgão do governo federal com propósito de promover a reforma agrária por meio da criação de assentamentos rurais para agricultores pobres e da concessão de títulos de propriedade e direitos de propriedade em terras públicas.

INPE

Instituto Nacional de Pesquisa Espacial (INPE), uma agência de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações que fornece dados oficiais anuais sobre o desmatamento na Amazônia, alertas de desmatamento em tempo real para fins de fiscalização, bem como informações em tempo real sobre incêndios florestais, entre outras atividades.

Terras indígenas

Para os fins deste relatório, consideramos como terras indígenas aquelas definidas pela lei brasileira. A Constituição do Brasil define essas terras como aquelas em que os povos indígenas ocupam “em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as impresindíveis ​​à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar, e as necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições”. A Constituição atribui à União a propriedade sobre as terras indígenas (Art. 20) e aos povos indígenas o usofruto exclusivo desses territórios (Art. 231).

PRODES

Projeto de Monitoramento da Floresta Amazônica Brasileira por Satélite (PRODES), um sistema operado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) que produz dados oficiais anuais do desmatamento por corte raso na Amazônia brasileira por meio de análise de imagens de satélite.

Áreas protegidas

Para os fins deste relatório, consideramos como áreas protegidas as unidades de conservação e as terras indígenas, conforme definido em lei. As restrições legais ao uso da terra protegem o meio ambiente em todas essas áreas.

Nota sobre o uso de nomes indígenas

Alguns povos indígenas usam seus nomes em sua língua indígena, que diferem de seus nomes legais em português. Quando os entrevistados forneceram seus nomes indígenas, seus nomes em português constam nas notas de rodapé deste relatório. Alguns indígenas têm como sobrenome em português o nome de seu povo, e outros o utilizam motivados pela afirmação de sua identidade. Uma resolução conjunta de 2012 do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Publico concede aos indígenas o direito de usar o nome de seu grupo étnico como sobrenome. Por isso, muitos dos indígenas entrevistados neste relatório têm como sobrenome o nome em português de sua etnia, como GaviãoGuajajara e Ka'apor.

 

I. A luta contra o desmatamento ilegal na Amazônia brasileira

Mudança climática e desmatamento

Por mais de uma década, o Brasil teve o combate ao desmatamento ilegal da floresta amazônica como um componente central de sua contribuição aos esforços globais para mitigar as mudanças climáticas.

Em 2016, após a adoção do Acordo de Paris sobre Mudança do Clima, o Brasil se comprometeu a reduzir suas emissões de gases de efeito estufa (GEE) até 2025 em 37% em relação a seus níveis de 2005 e em 43% até 2030.[1] O desmatamento é uma fonte primária das emissões de GEE do país, representando 46% em 2017, de acordo com dados do governo compilados pela ONG Observatório do Clima.[2] Além disso, mais de 90% do desmatamento em 2017 e 2018 foi ilegal, segundo o governo.[3] Em 2009, o Brasil prometeu reduzir o desmatamento na Amazônia para menos de 3.925 quilômetros quadrados por ano até 2020;[4] em 2016, quando firmou compromisso para implementar o Acordo de Paris, se comprometeu em reduzir a zero o desmatamento ilegal na região amazônica até 2030.[5]

Embora o Brasil tenha conseguido reduzir o desmatamento na Amazônia em 83%, de quase 28.000 quilômetros quadrados de floresta destruída em 2004 para menos de 4.600 quilômetros quadrados em 2012,[6] desde 2012 o desmatamento na Amazônia brasileira tem aumentado, atingindo 7.500 quilômetros quadrados em 2018. Isso representa quase o dobro da quantidada a que havia se comprometido, em 2009, a atingir até 2020.[7] Entre agosto de 2018 e junho de 2019, o desmatamento aumentou 15% em comparação com o mesmo período do ano anterior, segundo o Instituto Nacional de Pesquisa Espacial (INPE).[8]

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A linha azul mostra o compromisso que o Brasil fez em 2009 de reduzir o desmatamento total na Amazônia para menos de 3.925 quilômetros quadrados por ano até 2020. Os números anuais registrados pelo INPE cobrem o período de 12 meses entre 1º de agosto do ano anterior e 31 de julho. Fonte: INPE.

O sucesso no combate ao desmatamento antes de 2012 resultou, em parte, da criação de áreas protegidas - unidades de conservação e terras indígenas - abrangendo centenas de milhares de quilômetros quadrados em toda a região amazônica, onde restrições legais especiais ao uso da terra protegem a floresta.[9] O Brasil também parou de conceder empréstimos subsidiados a produtores rurais na Amazônia que não tinham titularidade sobre a terra ou não cumpriam as normas ambientais.[10] Mas, possivelmente, os fatores mais importantes foram o uso de imagens de satélite em tempo real para localizar áreas de extração ilegal de madeira e a mobilização de agentes públicos de fiscalização para impedir essas práticas.[11]

Nos últimos anos, no entanto, esse progresso foi prejudicado por uma variedade de fatores, incluindo cortes de financiamento e de pessoal das principais agências de fiscalização, uma anistia para desmatamento ilegal previsto no Código Florestal de 2012,[12] e a adoção de técnicas de remoção de árvores por madeireiros que não são tão suscetíveis à detecção com imagens de satélite.

Área desmatada dentro da Terra Indígena Governador, no estado do Maranhão, em novembro de 2017. Não-indígenas removeram madeira de maior valor e depois queimaram a área para área de cultivo. Foto de César Muñoz Acebes.

Fiscalização ambiental e preservação da floresta

O Brasil possui uma estrutura legal abrangente relativa à proteção do meio ambiente. A Lei de Crimes Ambientais de 1998 estabelece sanções administrativas e penais para indivíduos e empresas que causem danos o meio ambiente, como pela extração de madeira em florestas de domínio público e pelo transporte, compra ou venda de madeira extraída ilegalmente.[13] As sanções variam de prisão, no caso de indivíduos, à suspensão de atividades e proibição de firmar contratos com o governo, no caso de empresas.

O Decreto No. 6.514 detalha o que constitui infrações administrativas ambientais e as multas correspondentes. De acordo com o Código Florestal Brasileiro, proprietários de imóveis situados em áreas de floresta na região amazônica devem manter 80% com cobertura de vegetação nativa como reserva legal.[14] Eles só podem extrair madeira dessas áreas protegidas se as agências ambientais autorizarem um plano de manejo florestal de corte seletivo de árvores que manterá a biodiversidade e a cobertura florestal e facilitará o crescimento de espécies nativas.[15] Além disso, eles devem respeitar a floresta em torno de nascentes e lagos e outras áreas geográficas especiais.[16]

A Lei No. 9.985 regula “unidades de conservação”, áreas de características naturais com restrições especiais ao uso da terra e das águas, para proteção ambiental.[17] Cometer crime ambiental nessas áreas é um fator agravante. Existem dois tipos de unidades de conservação: (1) Unidades de Proteção Integral, que impedem assentamentos humanos, mas permitem pesquisas e, em alguns casos, visitas; e (2) Unidades de Uso Sustentável, que permitem que as pessoas vivam dentro da reserva desde que usem os recursos de maneira sustentável. As autoridades federais, estaduais e municipais podem criar unidades de conservação após a realização de estudos técnicos sobre a área e, na maioria dos casos, consultas públicas.[18]

Terras indígenas também são áreas protegidas, pois a lei proíbe que não-indígenas realizem atividades madeireiras ou qualquer outra atividade econômica dentro delas e permite que os povos indígenas usem seus recursos apenas de maneira sustentável[19]. A Constituição brasileira outorga ao governo federal a obrigação de "demarcar" terras indígenas.[20] A demarcação é um processo administrativo de reconhecimento legal de terras “tradicionalmente ocupadas” pelos povos indígenas.[21] O processo inclui a realização de estudos antropológicos e outros para avaliar a reivindicação dos povos indígenas ao território e definir seus limites, e um processo de aprovação que termina com a edição de um decreto presidencial, a remoção de qualquer residente não-indígena dessas terras, e o registro do território indígena junto à Secretaria de Patrimônio da União.[22]

Existem várias agências governamentais que desempenham um papel na fiscalização ambiental e no combate à extração ilegal de madeira no Brasil. No âmbitol federal, estão entre elas:

  • Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis ​​(Ibama), responsável pelo cumprimento da legislação ambiental federal em todo o Brasil.[23] Ele pode aplicar multas àqueles que violam essas leis. O Ibama não têm competência para atribuir sanções penais, embora, de acordo com a lei brasileira, os agentes do Ibama - como qualquer outro cidadão - possam deter alguém que estiver cometendo um crime ambiental e entregá-lo à polícia.[24]
  • Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), que gerencia e protege as unidades de conservação federais.[25] Os agentes do ICMBio têm autoridade para fiscalizar o cumprimento da legislação ambiental nas unidades de conservação federais e em zonas de amortecimento em torno delas.[26]
  • Polícia Federal, responsável pela repressão dos crimes relacionados ao meio ambiente nas áreas federais, incluindo territórios indígenas e unidades de conservação federais.
  • Ministério Público Federal, responsável por promover ações penais nos casos de extração ilegal de madeira em terras indígenas, unidades de conservação federais e outras terras da União, por serem crimes federais. Em 2018, a então chefe do Ministério Público Federal, procuradora-geral da República, criou a Força-tarefa Amazônia, um grupo de procuradores federais especializados no combate a crimes ambientais na região amazônica.[27] O grupo tem uma procuradora federal que trabalha exclusivamente para a força-tarefa, enquanto outros promotores combinam as atividades da força-tarefa com suas tarefas regulares. Por conta dos limitados recursos, a Força-tarefa atualmente se concentra principalmente no combate ao desmatamento no sul do Amazonas[28]. Os procuradores federais têm jurisdição sobre investigações criminais em casos que envolvam “direitos e interesses coletivos, especialmente os das comunidades indígenas”, independentemente de o crime ter ocorrido em terras federais ou não.[29] O Procurador-geral da República também pode solicitar ao Superior Tribunal de Justiça a aprovação da federalização de casos de grave violação dos direitos humanos que não sejam devidamente investigados e processados judicialmente ​​pelas autoridades estaduais.[30]
  • Fundação Nacional do Índio (Funai), a órgão federal que protege e promove os direitos dos povos indígenas. Ela desempenha um papel crucial na fiscalização ambiental, alertando agências ambientais, policiais e membros do Ministério Público quando os madeireiros usurpam terras indígenas.

No âmbito estadual, os órgãos governamentais envolvidos na fiscalização ambiental incluem:

  • Secretarias do meio ambiente, que promovem a proteção ambiental em terras estaduais, gerenciam áreas de proteção do estado e realizam licenciamento ambiental no âmbito estadual.[31]
  • Polícia Militar, que possui unidades especializadas de combate aos crimes ambientais, realizando operações de patrulha em áreas rurais e detendo madeireiros que encontram destruindo a floresta.
  • Polícia Civil, que investiga crimes ambientais em terras estaduais, municipais e privadas.
  • Promotores públicos, membros dos Ministérios Públicos do estado que promovem ações penais em relação a crimes ambientais cometidos nessas mesmas áreas.

O Ibama e o ICMBio podem multar madeireiros, confiscar equipamentos usados ​​para extração ilegal de madeira e, em casos extremos, queimar esse equipamento quando seu transporte for inviável ou colocar em risco o meio ambiente ou seus agentes[32]. O Ibama e o ICMBio frequentemente realizam operações conjuntas com o apoio das polícias federal e estadual. A polícia estadual e a policia federal podem deter pessoas envolvidas em extração ilegal de madeira em qualquer lugar.[33]

Embora esses órgãos federais e estaduais tenham conseguido fazer avanços importantes no combate ao desmatamento ilegal antes de 2012, os cortes de pessoal e de orçamento enfraqueceram sua capacidade de fazer cumprir as leis ambientais.

Em 2009, o Ibama empregava cerca de 1.600 agentes em todo o Brasil.[34] Em 2019, empregava 780.[35] Apenas uma fração desses agentes é dedicada à região amazônica, deixando grandes áreas de floresta tropical com presença limitada de agentes do Ibama. Por exemplo, a metade ocidental do Pará, uma área quase tão grande quanto a França, conta com apenas oito fiscais do Ibama.[36]

Da mesma forma, o número de funcionários da Funai foi reduzido em cerca de 30% desde 2012, de 3.111 para 2.224 em 2019.[37]

A redução do quadro de pessoal ocorreu no contexto de retração do financiamento do governo a essas agências. De 2016 a 2018, os gastos anuais do Ibama em termos reais - corrigidos pela inflação - caíram 8% e os da Funai 11%.[38]

Crime organizado e desmatamento ilegal

O desmatamento ilegal na Amazônia é um negócio multimilionário e envolve tanto a exploração madeireira ilegal quanto a invasão de terras públicas.[39] Um único tronco de ipê, árvore do gênero Handroanthus que é alvo preferido dos madeireiros por suas madeiras duras, pode chegar a um preço  entre 2.000 e 6.000 reais.[40]

Na última década, os madeireiros tem se utilizado de várias táticas para escapar da fiscalização. Uma envolve o uso de métodos de extração de madeira com menor probabilidade de ser detectada pelas imagens de satélite. Eles normalmente começam cortando apenas a madeira mais valiosa, abrindo pequenas clareiras, e deixando outras vegetações "para enganar o satélite", segundo Luciano Evaristo, que atuou como diretor de proteção ambiental no Ibama por uma década, até janeiro de 2019.[41] Embora clareiras de menor escala representassem apenas um quarto do desmatamento em 2002, em 2012 elas representavam mais da metade, de acordo com uma estimativa da Climate Policy Initiative, um centro de pesquisa internacional.[42]

Os madeireiros também constroem seus acampamentos embaixo das árvores para que não sejam avistados por helicópteros,[43] e mantêm a madeira cortada dentro floresta, trazendo-a lentamente para fora em vez de acumular grandes quantidades nas serrarias, onde podem ser descobertos.[44]

O efeito "é como cupins”, corroendo a floresta em vários locais, disse o procurador federal, membro do Ministério Público Federal no estado do Maranhão, Alexandre Soares, à Human Rights Watch.[45] Quando eles conseguem remover toda a madeira valiosa, eles colocam fogo no que resta, abrindo grandes extensões de terra para gado ou, menos frequentemente, para o culltivo.

Grande parte da extração ilegal de madeira que ocorre atualmente na Amazônia é realizada por redes criminosas que tem a capacidade logística de coordenar a extração de madeira em larga escala e utilizar de violência contra aqueles que tentam impedir o desmatamento. As autoridades do Ibama chamam grupos criminosos de “máfias do ipê”, em referência à madeira que eles extraem.[46]

A Procuradora-Geral da República Raquel Dodge concordou. "O crime organizado é responsável pelo desmatamento na Amazônia", disse ela, explicando que a logística da extração de madeira, em locais remotos, transporte e venda no exterior, exige "uma organização".

Essas organizações fornecem o capital para a compra de equipamentos pesados ​​e para a  contratação de trabalhadores, e coordenam com serrarias a organização de documentação falsificada para repassar a madeira extraída ilegalmente como um produto legal. Elas são frequentemente lideradas por fazendeiros, que contratam moradores locais para trabalhar na floresta por semanas a fio, frequentemente sob condições de trabalho degradantes e abusivas.[47] Eles abrem estradas dentro de terras indígenas e outras florestas federais e estaduais usando motosserras, tratores e caminhões para extrair a madeira mais valiosa[48].

Um ramal aberto pelos madeireiros no Território Indígena Alto Turiaçu, Maranhão, em novembro de 2017. Foto de César Muñoz Acebes

Nos casos em que conseguem remover a madeira mais valiosa sem serem interrompidos, os madeireiros ou outros membros da rede criminosa normalmente cortam a vegetação remanescente – um processo que exige muito trabalho e requer investimentos substanciais.[49] Uma vez que a vegetação cortada seca, eles botam fogo. E em seguida, na maioria das vezes, eles transformam essas áreas em pastagem- mais de 60% das áreas desmatadas acabam como fazendas de gado e apenas 6% são usados ​​para cultivo.[50]

Autoridades relataram que essas redes criminosas podem manter essas terras, dividindo-as em lotes menores e fabricando títulos de posse em nome de laranjas.[51] Ou podem criar gado por alguns anos, quando a terra ainda é mais produtiva, e depois vendê-la, novamente com títulos falsificados – uma prática conhecida no Brasil como grilagem.[52]

Para isso, eles contam com outros atores nas redes criminosas: especialistas em geoprocessamento que falsificam pesquisas para registrar terras ocupadas por fazendeiros. Alguns grupos criminosos também estão envolvidos em mineração ilegal nas áreas que controlam.[53] Para proteger e promover seus negócios, eles por vezes subornam agentes públicos e policiais.[54]

Uma parte crucial dessas redes criminosas são os homens armados que protegem suas atividades ilegais. "É bem similar às milícias", disse à Human Rights Watch o defensor público do estado do Mato Grosso, Diego Rodrigues Costa, referindo-se às organizações criminosas violentas que operam no Rio de Janeiro e outros polos urbanos no Brasil, dominando áreas geográficas e usando violência e intimidação contra a população local.[55]Marco Paulo Froes Schettinto, Secretário Executivo da Câmara de Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais (6ª Câmara de Coordenação e Revisão), concordou que alguns fazendeiros envolvidos na extração ilegal de madeira estão formando "milícias rurais".[56]

Assim como as milícias urbanas, essas redes criminosas possuem um poder econômico considerável, que usam para influenciar ou controlar a política local, disseram autoridades e moradores à Human Rights Watch[57]. “Em uma cidade pode ter 20 serrarias.

São 400 trabalhadores e as suas familias. Pode ter 1.600 pessoas dependentes diretamente das serrarias”, afirmou um fiscal do Ibama.[58] Autoridades estaduais e federais disseram que é comum que membros desses grupos criminosos envolvidos na extração de madeira sejam eletitos como vereadores, prefeitos e deputados estaduais.[59]

Os madeireiros “lavam” a madeira fazendo-a passar como madeira extraída legalmente, que acaba no mercado nacional e, de acordo com várias investigações do Greenpeace, nos mercados internacionais.[60] Para isso, eles trabalham com empresas que usam documentação fraudulenta para obter planos de manejo, como por exemplo superestimando o volume de madeira em uma área de exploração legal, segundo autoridades e especialistas em agroecologia.[61]

Um estudo realizado por pesquisadores florestais brasileiros e dos Estados Unidos que analisaram licenças de exploração madeireira e volumes de madeira no estado do Pará - o maior produtor de madeira da Amazônia - estimou que 74% dos 33.000 metros cúbicos de madeira licenciados para extração em 2017 foram provavelmente superestimados.[62] A madeira de fato não existia nas áreas onde a extração de madeira era permitida, e as licenças "excedentes" seriam usadas para legalizar madeira extraída ilegalmente, explicaram os autores. No estado do Maranhão, autoridades do Ibama disseram à Human Rights Watch em 2017 que a maioria das licenças de exploração madeireira na região amazônica do estado se baseava em informações fraudulentas e tinha sido cancelada.[63]

Fazendeiros que criam gado em terras desmatadas e ocupadas ilegalmente na Amazônia escapam às fiscalizações, vendendo o gado para abatedouros clandestinos, ou fazendo-o passar por gado criado em fazendas legais ou vendendo-o para pecuaristas especializados em engorda de gado que, por sua vez, vendem-no para abatedouros legais.[64]

  • Uma organização criminosa desmatou 180 quilômetros quadrados, uma área do tamanho da cidade de Washington nos EUA, no município de Boca do Acre, no estado do Amazonas nos últimos anos, de acordo com a Polícia Federal.[65]
  • Fazendeiros entraram e invadiram florestas federais ilegalmente. Eles empregavam cinco funcionários do Ibama para proteger seus negócios, incluindo o diretor do Ibama no estado do Acre, de acordo com a Força tarefa Amazônia, um grupo de procuradores federais dedicados ao combate de crimes ambientais.[66] Os procuradores afirmaram que esses grupos empregavam quatro policiais no estado como "uma milícia privada" para proteger suas atividades. Alegarm, ademais que, usando carros, armas e uniformes da polícia, essas milícias ameaçaram e atacaram os moradores, inclusive tentaram matar um homem em março de 2018 que sofreu ferimentos de bala mas sobreviveu.[67] Os procuradores federais denunciaram 22 pessoas por vários crimes em junho de 2019, incluindo a formação de uma "organização criminosa".[68]
  • Uma organização criminosa desmatou 290 quilômetros quadrados de floresta no município de Altamira, no estado do Pará, de 2012 a 2015 –  uma área quase três vezes o tamanho de Paris, segundo o Ibama.[69] O Ibama informou que eles empregavam grupos de 10 trabalhadores em florestas públicas, os quais viviam em acampamentos em condições degradantes e análogas à escravidão, de acordo com a lei brasileira, e eram pagos somente depois de derrubar toda a madeira valiosa da área. Os madeireiros mantiveram algumas árvores altas para preservar a cobertura das copas e operar sem serem detectados pelos satélites. Eles acabaram desmatando completamente as áreas e registraram a terra com documentação fraudada no nome de laranjas, disse o Ibama. Membros da organização criminosa supostamente criaram gado no local ou alugaram a terra. O esquema gerou 1,9 bilhão de reais de 2012 a 2015, afirmou o IBAMA. Em 2016, procuradores federais denciaram 23 pessoas por formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, incêndios, corrupção, entre outros crimes.[70]
  • Os fazendeiros envolvidos na extração ilegal de madeira foram controlando gradualmente a maior parte do assentamento Areia, do INCRA, no estado do Pará, criado em 1998 para fornecer lotes a famílias pequenas, de acordo com um relatório interno do INCRA obtido pela Human Rights Watch.[71] Esses fazendeiros usam o assentamento para chegar a áreas de floresta protegidas, disseram os moradores à Human Rights Watch.[72] O ISA -Instituto Socioambiental, ONG ambiental brasileira, estimou que os madeireiros usaram o assentamento de Areia para extrair ilegalmente 23.000 metros cúbicos de madeira da Reserva Extrativista Riozinho do Anfrísio, apenas em 2017, o que chegaria a um valor de 208 milhões de reais.[73] Os fazendeiros empregam homens armados para proteger suas atividades, intimidar e matar aqueles que intervêm, relataram líderes comunitários. “Eles agem em grupos organizados armados, é uma milícia dentro ali [do assentamento]”, disse Daniel Alves Pereira, um morador, à Human Rights Watch (ver Seção II).[74]
  • Uma rede de fazendeiros já ocupava ilegalmente terras da União na área e explorava madeira no território quando o INCRA criou o assentamento Terra Nossa, no estado do Pará, há mais de uma década, disseram dois líderes comunitários à Human Rights Watch.[75] Os agentes do INCRA que visitaram a área em 2017 confirmaram, em um relatório interno obtido pela Human Rights Watch, que esses fazendeiros estavam envolvidos em desmatamento ilegal, invasão de terras federais e garimpo ilegal de ouro.[76] Eles retiravam castanheiras e outras madeiras valiosas extraídas ilegalmente por meio de uma única estrada que chega ao assentamento, disseram duas lideranças.[77] Os madeireiros empregam homens armados para proteger seus negócios ilegais. “Os fazendeiros estão trabalhando juntos. É uma milícia”, disse Maria Márcia Elpidia de Melo, presidente de uma associação de produtores e produtoras rurais em Terra Nossa (ver Seção II).[78]
  • Um fazendeiro que extraía madeira ilegalmente na Reserva Biológica do Gurupi empregou homens armados para intimidar e atacar a comunidade de Rio das Onças e expulsá-la de suas terras no estado do Maranhão, disse o diretor da Reserva à Human Rights Watch.[79] Em 2015, o fazendeiro contratou um policial reformado, que por sua vez contratou dois policiais militares ativos para matar o líder comunitário Raimundo Santos - o fazendeiro posteriormente confessou à polícia (ver Seção II).[80]
  • Em Colniza, no estado do Mato Grosso, fazendeiros e madeireiros que extraíam madeira empregaram ilegalmente um grupo de pistoleiros conhecidos como "os encapuzados" para intimidar e atacar – e até mesmo matar, em elguns casos – moradores e expulsá-los de suas terras, disseram os promotores (ver Seção II).[81]

O papel dos povos indígenas e de outras comunidades locais

Os povos indígenas e as comunidades locais sempre desempenharam um papel importante nos esforços de fiscalização, fornecendo às autoridades governamentais pistas sobre atividades ilegais de exploração, segundo relatam o IBAMA e a Polícia Federal.[82] Esse papel se tornou ainda mais crucial depois que os madeireiros passaram a se utilizar de táticas para evitar a detecção por satélites e com a diminuição do número de agentes de fiscalização. Dada a vastidão da floresta amazônica no Brasil - 3,5 milhões de quilômetros quadrados[83] - “não há a mínima condição de você distribuir agentes públicos numa lógica de ocupação territorial para proteção das terras indígenas”, disse Luciano Evaristo em 2018, quando era diretor de ações de fiscalização no IBAMA.[84] Em vez disso, eles precisam contar com membros de comunidades indígenas e de outras comunidades locais obter informações sobre as atividades de exploração ilegais.

Luciano deu como exemplo uma operação de 2016 contra madeireiros que tinham destruído 290 quilômetros quadrados de floresta tropical em Altamira, estado do Pará, mencionada acima. Isso só foi possível porque os indígenas Kayapó denunciaram a atividade ilegal; os satélites não tinham detectado a derrubada da floresta, disse ele.[85]

A Human Rights Watch testemunhou em primeira mão a importância das informações dadas por comunidades locais para os esforços de fiscalização e cumprimento da lei. Em junho de 2018, seguindo pistas dadas por um líder indígena, um pesquisador da Human Rights Watch encontrou uma serraria a cerca de cinco quilômetros do Território Indígena Governador e a algumas centenas de metros de uma movimentada estrada de terra nos arredores da pequena cidade de Amarante do Maranhão. Ela se localizava em meio a uma clareira, descoberta de vegetação. Ninguém estava lá, mas os trilhos sobre quais a serra estava montada não tinham traços de poeira e brilhavam de tão limpos, sinal de uso recente. Uma espessa camada de serragem cobria todo o resto. O fio elétrico que trazia energia desaparecia em uma área arborizada, onde o pesquisador conseguia ouvir o barulho de serras. A Human Rights Watch usou um drone e, do alto, descobriu uma segunda serraria. A polícia local nos disse que não havia serrarias legais em Amarante do Maranhão. Eles disseram que qualquer serraria operante ali estaria usando madeira extraída ilegalmente de terras indígenas.[86] A Human Rights Watch forneceu as fotos e a localização de GPS das duas serrarias para dois policiais federais e um procurador federal no Maranhão em junho e outubro de 2018, mas não obteve resposta.

Autoridades federais informaram que membros de povos indígenas tendem a estar entre os mais ativos no apoio aos esforços de fiscalização destinados a conter o desmatamento.[87]Isso pode explicar o motivo pelo qual apenas três por cento de todo o desmatamento registrado de agosto de 2017 a julho de 2018 na região amazônica do Brasil ocorreu terras indígenas, mesmo que esses territórios representem 23 por cento da área.[88]

 

Uma das duas serrarias irregulares encontradas pela Human Rights Watch nos arredores de Amarante do Maranhão. Junho de 2018. Foto de Brent Stirton.

Um estudo de 2016 do World Resources Institute, uma organização não-governamental de pesquisa com sede nos Estados Unidos, constatou que o desmatamento em terras seguramente mantidas por povos indígenas era 250% menor do que em outras áreas comparáveis ​​da Amazônia brasileira.[89] O WRI também estimou que, se o Brasil protegesse as terras indígenas existentes pelas próximas duas décadas, poderia evitar emissões anuais de gases de efeito estufa derivadas do desmatamento, algo equivalente a retirar mais de 6,7 milhões de carros das estradas durante um ano.[90] O estudo conclui que a demarcação e outras medidas para proteger terras indígenas podem retardar o desmatamento e reduzir a emissão de gases.[91]

No entanto, o processo de demarcação, que como etapa final requer a edição de um decreto presidencial definindo o território indígena como terra demarcada, tem diminuído nos últimos anos.[92] Entre 2007 e 2010, sob o comando do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o governo federal demarcou 77.000 quilômetros quadrados de territórios indígenas na região amazônica. Nos quatro anos seguintes, sob a presidência de Dilma Rousseff, 20.000 quilômetros quadrados foram demarcados. Durante o segundo mandato de Dilma, de 2014 a maio de 2016 quando foi interrompido, outros 12.000 quilômetros quadrados foram demarcados. O presidente Michel Temer demarcou apenas 192 quilômetros quadrados de maio de 2016 a dezembro de 2018. Desde que o presidente Jair Bolsonaro assumiu o cargo em janeiro de 2019, o governo federal demarcou zero quilômetros quadrados, até julho de 2019.[93]

ESTUDO DE CASO: Os “Guardiões da Floresta” do estado do Maranhão

Falhas na fiscalização

O estado do Maranhão fica na fronteira leste da região amazônica. Os cientistas estimam que a floresta amazônica já cobriu cerca de 110.400 quilômetros quadrados do estado.[94] Em 1988, quando o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) começou a monitorar a Amazônia brasileira, 61.100 quilômetros quadrados dessa floresta tinham sido desmatados, com terras sendo dedicadas à agricultura e pecuária. Desde 1988, outros 24.600 quilômetros quadrados foram destruídos, deixando 24.700 quilômetros quadrados de floresta tropical na parte leste do estado.[95]

Da floresta amazônica remanescente no Maranhão, quase metade está dentro dos limites das terras indígenas. Um quarto da floresta fica dentro da Reserva Biológica do Gurupi e outras áreas protegidas, e o restante em terras privadas e em assentamentos da reforma agrária estabelecidos pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA).[96]

Map 2
Os territórios indígenas Alto Turiaçu, Awá, Caru, Araribóia e Governador e a Reserva Biológica do Gurupi, gerida pelo ICMBio, mantêm os maiores blocos de cobertura florestal da Amazônia no estado do Maranhão (marcados em verde). O mapa mostra em vermelho o avanço do desmatamento ao longo das margens dessas reservas de 2007 a 2017.
 

Durante a última década, órgãos federais e estaduais de fiscalização trabalharam juntos para conter a extração ilegal de madeira no Maranhão. Com a assistência das polícias federal e estadual, o IBAMA e o ICMBio realizaram uma dúzia de grandes ofensivas contra madeireiros ilegais que operam em terras indígenas e na reserva do Gurupi, apreendendo milhares de metros cúbicos de madeira ilegal e destruindo caminhões, tratores e serrarias.[97] A Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Maranhão (SEMA) revogou a maioria das licenças de manejo florestal na região amazônica do estado do Maranhão depois de descobrir que elas eram usadas para acobertar madeira ilegalmente derrubada, fazendo-a passar como madeira obtida legalmente em áreas autorizadas.[98]

Mas as autoridades ambientais e policiais entrevistadas pela Human Rights Watch no estado do Maranhão reconheceram que os esforços de fiscalização são insuficientes.[99]Eles afirmaram que o principal problema é a falta de recursos e de pessoal para realizar o trabalho.

Em 2018, o IBAMA contava com apenas nove agentes de campo para monitorar, em todo o estado do Maranhão, todos os tipos de crimes ambientais, não apenas o desmatamento. O Maranhão é o oitavo maior estado do Brasil, totalizando cerca de 332.000 quilômetros quadrados – área maior que a Itália.[100] Um agente do IBAMA em São Luís, capital do estado, disse à Human Rights Watch que órgão realiza apenas quatro operações de monitoramento por ano em terras indígenas, que mantêm os maiores blocos de floresta remanescente no Maranhão além da Reserva Biológica do Gurupi, monitorada pelo ICMBio. Mesmo para essas operações, disse o agente, o IBAMA teve que solicitar apoio de funcionários de outros estados e da polícia estadual.[101]

Em 2018, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Maranhão (SEMA) tinha no máximo 30 agentes para monitorar crimes ambientais, disse um servidor de alto escalão da SEMA à Human Rights Watch[102]. Embora a SEMA não tenha competência para operar dentro das terras indígenas, ela é responsável por monitorar as fronteiras fora desses territórios. Estas são as áreas onde mais frequentemente encontram-se as serrarias ilegais.

A delegada da polícia federal em Imperatriz disse à Human Rights Watch que ela não tinha efetivo o suficiente para responder a todas as denúncias de crimes ambientais. Ela disse que 30 policiais federais estavam alocados em Imperatriz, incluindo os encarregados de tarefas administrativas. Esse número é “gritante de insuficiente diante da nossa demanda”, disse ela.[103]

Em 2016, a FUNAI assinou um acordo com o governo do estado do Maranhão para conduzir operações conjuntas com a polícia estadual contra crimes ambientais em territórios indígenas.[104] Mas o acordo nunca foi implementado porque a FUNAI não podia financiar a logística ou arcar com o subsídio diário de policiais.[105]

Em 2018, a FUNAI contava com 26 funcionários no estado do Maranhão, onde vivem 37.000 indígenas. A agência tinha 12 veículos no estado em 2018, mas 10 estavam fora de circulação por falta de manutenção. Eliane Araújo, então coordenadora da FUNAI no estado, disse à Human Rights Watch que o escritório da FUNAI no Maranhão não tinha orçamento anual para manter seus veículos e desenvolver seu trabalho. “Eu preparo o planejamento, mas não o seguimos”, explicou Araújo, uma vez que ela dependia da sede em Brasília para liberar o dinheiro, e eles não o faziam.[106] “Os indígenas querem a presença da FUNAI em seus territórios, mas não estamos lá” por falta de recursos, afirmou.

Para a viagem de qualquer funcionário, Eliane tinha que solicitar autorização com 10 dias de antecedência. Isso tornou impossível uma resposta rápida a qualquer situação urgente, como um pedido de povos indígenas que encontram madeireiros em suas terras, disse ela. No dia em que a Human Rights Watch entrevistou Eliane, ela disse que viajaria durante a noite toda de ônibus de Imperatriz a São Luís para uma reunião, com uma passagem que pagaria por conta própria.[107] "É o pior momento da FUNAI nos 30 anos que estou aqui", disse Eliane.

Os procuradores federais em Imperatriz alertaram sobre a situação “caótica” nas terras indígenas de Governador e Araribóia e culparam as autoridades federais e estaduais de não combaterem a extração ilegal de madeira e protegerem os povos indígenas.[108] Eles apontaram que a FUNAI e o IBAMA carecem de recursos suficientes para executar suas funções.

Povos indígenas protegem a floresta

Os povos TeneteharaPyhcop Catiji e Ka'apor do estado do Maranhão consideram a terra crucial para sua sobrevivência. Eles dependem dela para as culturas, incluindo de mandioca, de arroz, de palmeira de açaí, de abóbora e de feijão. A terra também fornece frutas, peixes e animais; materiais de construção, medicamentos naturais e materiais para artesanato; pigmentos de tinta para pintura corporal; e matéria-prima para instrumentos musicais que eles usam em rituais. Mais do que uma fonte de materiais, a terra é a essência de sua própria cultura; canções, danças e cerimônias falam da natureza e do seu lugar nela, tanto agora como na vida após a morte.

“A floresta é nossa casa; ela cura nossa alma. Sem ela, não somos nada ”, disse Iracadju Ka'apor, um cacique do povo Ka´apor.[109]

 

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Meninos Ka´apor na beira de um dos rios do Território Indígena Alto Turiaçu, no estado do Maranhão, em novembro de 2017. Foto de César Muñoz Acebes.
 

Eýy Cy, líder de uma comunidade Pyhcop Catiji, contou à Human Rights Watch a tristeza que sente ao ver áreas desmatadas por madeireiros ilegais nas terras indígena de Governador. “Uma dor no coração, porque nós, povo Gavião, acreditamos que há uma vida depois da morte. Ou seja, que os nossos espíritos se transformam em árvore, se transformam em animais. Então, não é só a árvore, não é só a florestas que está ali. Então, ali, há uma vida, uma vida de meus antepassados que se foram", disse ele.[110]

As graves deficiências na fiscalização do cumprimento das leis por parte das autoridades estaduais e federais nas terras indígenas do Maranhão levaram os povos indígenas Tenetehara, Ka'apor e Pyhcop Catiji a intensificar os esforços para proteger a floresta.

Os Tenetehara, um dos maiores povos indígenas do Brasil, vivem em 11 terras indígenas no Maranhão - as maiores sendo Araribóia e Caru - que abrigam cerca de 12.500 Tenetehara e 500 Awá, também conhecidos como Guajá, incluindo dois grupos em isolamento voluntário.[111] Os Ka'apor vivem no maior território indígena do Maranhão, a terra indígena Alto Turiaçu, onde também existem Awás e Tembés, totalizando cerca de 2.100 pessoas.[112]Mil indígenas Pyh Cop Catiji e quase 600 Tenetehara vivem na terra indígena Governador.[113]

Essas quatro terras indígenas, juntamente com a terra indígena Awá e a Reserva Biológica do Gurupi, compreendem a maior parte da floresta tropical amazônica remanescente no Maranhão.

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Os guardiões da floresta do povo Pyhcop Catiji encontram uma ponte feita por madeireiros para acessar madeira dentro da Terra Indígena Governador, no estado do Maranhão, em novembro de 2017. Foto de César Muñoz Acebes
 

Nas terras indígenas Alto Turiaçu, Araribóia, Caru e Governador, os povos indígenas criaram patrulhas que eles chamam de "Guardiões da Floresta". Os guardiões são membros da comunidade que patrulham a terra em grupos de até 15 pessoas, na maioria homens, em caminhonetes, motocicletas, barcos e a pé, alguns deles equipados com GPS[114]. Eles identificam locais de desmatamento ilegal e fornecem às autoridades os nomes de madeireiros das cidades em torno de suas terras.[115] Às vezes, eles levam a polícia a locais de extração de madeira.

Patrulhar a floresta é frequentemente uma tarefa árdua, de acordo com integrantes dos Guardiões da Floresta. Em algumas das expedições, eles dormem na floresta durante semanas a fio. Algumas patrulhas indígenas não têm dinheiro para o combustível e equipamentos e para sustentar as famílias dos guardiões quando eles estão fora, em missão.[116]

Para facilitar a patrulha de áreas onde é possível haver extração de madeira, os Ka'apor construíram comunidades em áreas estrategicamente localizadas perto da fronteira de suas terras, anteriormente ocupadas por madeireiros, para auxiliar na proteção da floresta.[117]Da mesma forma, os Teneteharas da terra indígena Araribóia estão construindo uma base em uma área remota de suas terras que não tem comunidades e onde a atividade madeireira ilegal é mais intensa.[118]

Na terra indígena Caru, um grupo de vinte e cinco "Mulheres Guerreiras" está aprendendo a pilotar e utilizar drones para detectar o desmatamento.[119] Algumas delas também patrulham junto com os homens.

Os guardiões da floresta colaboraram de forma bem sucedida com a polícia em várias ocasiões, de acordo com líderes comunitários e autoridades federais e estaduais.[120] A colaboração incluiu conduzir a polícia do estado aos locais de extração de madeira em suas terras.[121]

  • Em 2016, os guardiões da floresta de Caru conduziram membros do batalhão de polícia ambiental da Polícia Militar do estado do Maranhão através de seu território, onde foram encontrados um caminhão de madeira, um trator e quatro homens que extraíam madeira ilegalmente.[122] Os policiais queimaram os veículos, mas deixaram os madeireiros partir porque estavam em um local muito isolado e disseram que não podiam levá-los a uma delegacia.[123]

No entanto, mesmo quando os guardiões da floresta realizam o trabalho de localização de áreas de desmatamento ilegal ou de identificação dos responsáveis, as autoridades geralmente falham em responder em tempo hábil, se é que respondem, nos disseram guardiões da floresta e líderes indígenas.[124]

  • Em setembro de 2017, os indígenas Tenetehara encontraram rastros de motocicleta na terra indígena Caru.[125] Eles conseguiram que um helicóptero sobrevoasse a área um mês depois e descobriram que narcotraficantes tinham derrubado árvores de 18 áreas de terra para plantar maconha.[126] Um policial federal que estava a bordo do helicóptero tirou fotos das plantações de maconha. No entanto, a polícia federal não tomou nenhuma medida para destruir as plantações ilegais e, assim, impedir que os traficantes continuem a derrubar a floresta para plantar maconha ou para deter os culpados. A polícia federal, o policial nos disse, não tinha pessoal ou dinheiro suficiente para montar uma operação como essa.[127]
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Uma das plantações de maconha encontradas por indígenas e pela polícia federal no Território Indígena Caru, em outubro de 2017. Foto cedida pelos guardiões da floresta da Terra Indígena Caru.
 

Cansados ​​de esperar, os guardiões da floresta de Caru contataram a polícia do estado, embora o combate ao desmatamento ilegal em territórios indígenas seja de responsabilidade das autoridades federais. A polícia do estado realizou uma operação em maio de 2018, durante a qual descobriu que os traficantes já haviam colhido 10 lotes de maconha, e restavam apenas dois. Eles os destruíram com a ajuda dos guardiões de Caru.[128]

Conforme descrito no próximo capítulo, os guardiões da floresta realizam trabalhos perigosos, pois enfrentam madeireiros ilegais que geralmente estão armados. No entanto, a maioria dos guardiões fazem patrulhas desarmados, enquanto alguns carregam velhas espingardas de caça, facões ou arcos e flechas.

Quando eles se deparam com a extração ilegal de madeira em áreas remotas, pode ser difícil, se não impossível, fazer com que as autoridades respondam rapidamente, antes que os criminosos deixem o local. Consequentemente, as patrulhas às vezes tentam deter os madeireiros e depois levá-los à polícia. Essa prática é legal sob a lei brasileira, que permite que qualquer pessoa detenha uma pessoa no ato de um crime e depois chame a polícia ou leve o criminoso a uma delegacia.[129]

Muito frequentemente, devido ao difícil acesso da floresta às delegacias e à falta de transporte, os guardiões optam por deixar os madeireiros partirem depois de lhes perguntarem sobre as atividades madeireiras.

No passado, alguns guardiões apreenderam veículos de madeireiros e tentaram entregá-los à polícia, uma prática que também seria legal sob a lei brasileira, disse um procurador federal à Human Rights Watch.[130] Mas, como descrito no próximo capítulo, isso levou os madeireiros a ameaçarem e atacarem comunidades na tentativa de recuperar os veículos ali estacionados.[131]

Em casos extremos, quando enfrentavam dificuldades no transporte de veículos para a delegacia mais próxima e quando temiam um ataque enquanto as conduziam à polícia ou uma retaliação às comunidades, as patrulhas queimaram os veículos. Enquanto, como discutido acima, a lei permite que a polícia ambiental faça isso - quando o transporte de equipamentos ou veículos é inviável ou exporia agentes a riscos de ataque por madeireiros - os indígenas não têm autoridade para fazê-lo. Assim, incendiar veículos poderia constituir violação da lei, embora o procurador federal consultado pela Human Rights Watch tenha alertado que uma determinação da legalidade da ação teria que ser feita caso a caso, após examinar todas as circunstâncias.[132]

Muitas das autoridades estaduais e federais que entrevistamos aprovavam o trabalho realizado por guardiões da floresta, embora várias tenham expressado preocupação de que as patrulhas florestais possam se transformar em “vigilantismo”.[133]

Os guardiões da floresta entrevistados pela Human Rights Watch disseram que queriam mais presença do Estado em suas terras para ajudar a conter a extração de madeira, e não menos, e mais oportunidades de coordenação e cooperação. " Nao queremos fazer o trabalho fora da lei, queremos ter acompanhamento, capacitação e orientação”, nos disse Franciel Souza Guajajara em 2018, então coordenador dos guardiões da floresta de Araribóia.[134]

Membros das patrulhas em várias comunidades disseram à Human Rights Watch que sabem muito bem que proteger a floresta é responsabilidade dos Estado, não deles, e que patrulhá-la os coloca em risco. Mas eles não veem outra opção. "Não deveriamos fazer isso, [isso] é competência do governo federal e estadual, mas como eles não fazem, hoje quem fazemos somos nós", afirmou Iracadju Ka'apor, liderança de uma comunidade Ka'apor.[135]

Enquanto os indígenas guardiões da floresta no Maranhão parecem ser únicos no Brasil em seu nível de organização, outras comunidades indígenas realizam atividades semelhantes. Por exemplo, o povo Uru-eu-wau-wau de Rondônia organizam expedições de cerca de oito dias a pé para monitorar suas terras quando dispõem de recursos suficientes para alimentos e roupas, nos contou uma liderança indígena.[136] E os Mundurukus da terra indígena Sawré Muybu, no estado do Pará, instalaram comunidades em áreas onde os madeireiros operavam e, uma vez por ano, percorrem o perímetro de suas terras e marcam o local, explicou a liderança da comunidade.[137]

 

II. Violência relacionada ao desmatamento ilegal

Esforços de defensores da floresta para conter o desmatamento ilegal na Amazônia brasileira ocorrem em um contexto de violência e impunidade. Durante a última década, mais de 300 pessoas morreram em conflitos pelo uso da terra e de recursos naturais nos estados da região amazônica, segundo a Comissão Pastoral da Terra (CPT), organismo ligado à Igreja Católica e com escritórios em todos os estados brasileiros.[138] A CPT é a única organização no Brasil que coleta esses dados. Nem mesmo as autoridades federais ou estaduais mantêm um registro.[139] Em muitos casos, os suspeitos pelos assassinatos são pessoas envolvidas com o desmatamento ilegal, relata a CPT.[140]

Madeireiros e grileiros usam violência e intimidação contra comunidades e indivíduos que representam um obstáculo às suas atividades ilegais. Este é um problema generalizado na Amazônia brasileira, conforme vários servidores públicos federais e estaduais disseram à Human Rights Watch. As vítimas incluem aqueles que buscam proteger a floresta, denunciando o desmatamento ilegal para as autoridades ou patrulhando a floresta por conta própria.

“Os madeireiros são extremamente perigosos”, disse Luciano Evaristo, então diretor de Proteção Ambiental do Ibama, à Human Rights Watch em 2018.[141] “Toda pessoa que está envolvida direta ou indiretamente no combate à extração de madeira está em perigo”, disse Ruhan Saldanha, coordenador de fiscalização da Reserva Biológica do Gurupi, no estado do Maranhão.[142]

Muitos indígenas estão vulneráveis ​​à violência por madeireiros porque suas terras contêm algumas das florestas mais bem preservadas do Brasil, disseram autoridades estaduais e federais à Human Rights Watch. “Todos os territórios indígenas são alvos de madeireiros”, disse Luciano Evaristo.[143] A CPT documentou 31 assassinatos de indígenas desde 2009.[144]

Em alguns casos, grupos criminosos envolvidos com o desmatamento ilegal também têm utilizado violência e intimidação para impedir que agentes públicos implementem as leis ambientais. “Vivemos situações de altíssimo risco, preponderantemente na Amazônia”, nos disse Paulo Russo, coordenador-geral de gestão socioambiental do ICMBio, “porque interferimos com arranjos econômicos ilícitos locais”.[145]

Este capítulo documenta atos de violência e intimidação — incluindo o assassinato de 28 pessoas, as tentativas de assassinato de quatro, e mais de 40 casos de ameaças de morte — nos quais existem evidências críveis ​​de que os responsáveis foram madeireiros e grileiros.[146] Em um dos casos, envolvendo nove vítimas, evidências sugerem que um madeireiro ordenou o assassinato de agricultores para retirá-los da terra que ele pretendia desmatar. Nos outros casos, as vítimas aparentemente foram alvo porque tentaram ou ainda tentavam impedir a extração ilegal de madeira.

Vinte e seis dos assassinatos consumados e tentados que foram documentados nesse capítulo ocorreram entre 2015 e 2019. O capítulo inclui seis assassinatos anteriores a 2015 que reforçam a tese de autoridades e membros de comunidades locais de que a violência cometida por pessoas engajadas na extração ilegal de madeira não é um fenômeno novo.

Povos indígenas no Maranhão relataram à Human Rights Watch mais oito assassinatos, desde 2016, que acreditam terem sido represálias pela defesa do meio ambiente por parte das comunidades. Devido em parte à falta de investigações apropriadas pelas autoridades, a Human Rights Watch não conseguiu confirmar esta conclusão.[147]

Violência e intimidação contra agentes públicos

Durante a última década, as autoridades registraram diversos casos de madeireiros que responderam com violência aos esforços de fiscalização das agências governamentais em cinco estados da região amazônica, incluindo os seguintes casos recentes:

  • Em julho de 2019, desconhecidos atearam fogo em duas pontes em uma das principais estradas da região amazônica, no município de Placas, estado do Pará, em aparente retaliação a uma operação do Ibama contra madeireiras ilegais.[148]
  • Em julho de 2019, indivíduos incendiaram um caminhão-tanque que transportava combustível para helicópteros do Ibama que realizavam operações contra madeireiras ilegais em Espigão do Oeste, estado de Rondônia. Madeireiros também derrubaram árvores em estradas de terra e derrubaram uma ponte para bloquear os veículos dos agentes. O Ibama teve que cancelar a operação.[149]
  • Em outubro de 2018, um homem incendiou três veículos do Ibama em Burutis, estado de Rondônia, e a polícia impediu um segundo ataque por outro homem.[150]
  • Em fevereiro de 2018, incendiários colocaram fogo na base da Funai na Terra Indígena Karipuna, Rondônia, que também era utilizada por agentes de fiscalização ambiental quando conduziam operações de combate à extração ilegal de madeira na região.[151]
  • Em janeiro de 2018, incendiários que autoridades suspeitam serem madeireiros incendiaram uma base de operações da Funai dentro da Terra Indígena Awá, estado do Maranhão.[152]
  • Em novembro de 2017, indivíduos queimaram um carro do Ibama em Colniza, estado do Mato Grosso, durante operações de fiscalização do Ibama em unidades de conservação e territórios indígenas.[153]
  • Em julho de 2017, indivíduos queimaram oito veículos do Ibama após a agência conduzir operações contra a extração ilegal de madeira em Altamira, estado do Pará.[154

 

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Madeireiros da cidade de Buriticupu, no estado do Maranhão, queimam toras e pneus e bloqueiam a rodovia BR-222 para protestar contra o confisco de sete caminhões por agentes de fiscalização, em 9 de julho de 2015. Fotos cedidas pelo Blog Jô Fernandes.
 

Madeireiros às vezes matam ou tentam matar agentes do estado tentando proteger a floresta. Por exemplo:

  • Em 16 de julho de 2016, agentes do Ibama, com apoio de policiais militares liderados pelo sargento João Luiz de Maria Pereira, confiscaram um trator, um caminhão e motosserras de madeireiros na Floresta Nacional de Jamanxim, no estado do Pará.[155]No dia seguinte, eles incendiaram um acampamento usado por madeireiros. Pereira seguiu um dos supostos madeireiros, que o levou através da floresta em direção ao filho do madeireiro, escondido no topo de uma colina. O filho, Lucas Oliveira Santos, atirou no pescoço e no ombro de Pereira, segundo a polícia.[156] Pereira morreu 40 minutos depois, a caminho de um hospital.[157] A polícia militar localizou Santos em uma operação ilegal de mineração e o matou em um suposto tiroteio em julho de 2016.[158] A polícia civil encerrou a investigação sobre o assassinato de Pereira após a morte de Santos.[159]
  • Em outubro de 2015, brigadistas indígenas recrutados pelo Ibama na Terra Indígena Araribóia, no estado do Maranhão, relataram que madeireiros os haviam ameaçado. Roberto Cabral, então coordenador de operações de fiscalização do Ibama em todo o país, disse à Human Rights Watch que ele, outro agente do Ibama, um representante da Funai, e um piloto, voaram em um helicóptero para encontrar os madeireiros. Aterrissaram a cerca de um quilômetro de onde avistaram três caminhões de transporte de madeira e um trator, e se dirigiram ao local a pé.[160] Sete madeireiros atacaram os agentes quando eles se aproximaram do local, disse Cabral, e tiros atingiram seu braço e ombro. Cabral foi evacuado para um hospital, onde se recuperou.[161] A polícia federal disse à Human Rights Watch que o caso permanece sob investigação.[162]
  • Em 13 de novembro de 2013, agentes do ICMBio e do Ibama, bem como a polícia, tentaram retirar pessoas que tinham ocupado ilegalmente áreas da Floresta Nacional do Bom Futuro, no estado de Rondônia. Essa pessoas estavam desmatando e destruindo a floresta para criar gado.[163] Membros da Força Nacional – formada por policiais de vários estados – dirigiram por uma pequena ponte que havia sido sabotada, informou o ICMBio.[164] Os policiais tiveram que passar a noite no local, e aqueles que ocupavam ilegalmente a floresta os cercaram. Na manhã seguinte, os invasores atacaram os oficiais com coquetéis Molotov. No tiroteio que se seguiu, o policial Luiz Pedro da Silva Gomes morreu e outro oficial ficou ferido, disseram procuradores federais.[165] Foram apresentadas denúncias contra sete pessoas; os julgamentos estavam pendentes no momento da redação.[166]
  • Em 2009, Roberto Cabral e outros agentes do Ibama encontraram pessoas extraindo madeira ilegalmente dentro da Reserva Biológica de Gurupi, no Maranhão.[167] Eles confiscaram um caminhão de transporte de madeira e detiveram o motorista. Cabral e um agente da Polícia Rodoviária Federal estavam dirigindo o caminhão confiscado pelas estradas de terra para sair da reserva quando uma caminhonete com cinco ou seis homens se aproximou. Os homens abriram fogo. Cabral e o policial rodoviário reagiram. Ninguém ficou ferido, até onde sabe Cabral. A polícia nunca identificou os responsáveis pelo ataque.

Pessoas envolvidas na extração ilegal de madeira também ameaçam e buscam intimidar agentes públicos. Por exemplo:

  • Em outubro de 2018, uma multidão incendiou uma ponte e bloqueou outra, bem como uma estrada de terra que uma equipe do ICMBio precisava percorrer para retornar de uma operação de combate à extração ilegal de madeira na Floresta Nacional de Itaituba, no estado do Pará.[168] Membros do grupo atiraram no ar para intimidar os agentes, que ligaram para a polícia militar. Somente com a ajuda da polícia conseguiram sair do local.
  • Em outubro de 2014, 14 agentes da polícia militar e do ICMBio encontraram três caminhões de madeireiros dentro da Reserva Biológica de Gurupi, no Maranhão.[169] O proprietário tentou subornar os agentes para liberar os veículos. A polícia militar o prendeu. Pouco depois, centenas de homens armados com armas, facões e pedras cercaram os agentes, que devolveram os caminhões e soltaram o dono.
  • Em 11 de agosto de 2012, policiais federais e agentes do Ibama e da Funai apreenderam 16 caminhões de transporte de madeira na Terra Indígena Caru, no Maranhão. Para deixar o território, os agentes que conduziam os caminhões confiscados tinham que atravessar uma ponte. Ao se aproximarem, viram que a ponte estava em chamas. Uma multidão estava serrando do outro lado, e os agentes puderam ver que algumas pessoas estavam armadas. Em menor número e incapazes de atravessar, os agentes devolveram os veículos aos madeireiros.[170]
  • Indivíduos envolvidos com extração ilegal de madeira e proprietários de serrarias ameaçaram Evane Alves Lisboa, chefe da Reserva Biológica do Gurupi no estado do Maranhão, gerida pelo ICMBio, pelo menos dez vezes durante a última década, por telefone e pessoalmente, disse Evane à Human Rights Watch.[171] Ele vive com medo. "Não fico em lugar público abertamente", disse ele, "sempre estou me resguardando."

 

Violência e intimidação contra povos indígenas e moradores de comunidades locais

Baião, estado do Pará, 2019

Na noite de 21 de março de 2019, Marlete da Silva OliveiraRaimundo de Jesus Ferreira, e Venilson da Silva Santos, foram assassinados com tiros certeiros na cabeça, seguindo o padrão de uma execução, em um barraco na propriedade do fazendeiro Fernando Ferreira Rosa Filho, para quem eles trabalhavam.[172] Os assassinos atearam fogo nos corpos e no barraco.

A polícia acredita que Fernando contratou quatro irmãos para executarem seus funcionários porque temia que eles – que já haviam reclamado das condições de trabalho – denunciassem seu envolvimento com a extração ilegal de madeira, bem como com tráfico de drogas.[173]

Depois de matarem os três funcionários, os assassinos viajaram 20 quilômetros até a casa de Dilma Ferreira Silva no assentamento Salvador Allende, um projeto de reforma agrária para agricultores pobres estabelecido pelo Incra, uma autarquia federal. Dilma era uma coordenadora local do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB).[174] Sua casa ficava em frente à estrada de terra percorrida pelos caminhões de Fernando para transportar madeira extraída ilegalmente.

Os assassinos entraram na casa de Dilma e a mataram, junto com seu marido, Claudinor Amaro Costa da Silva, e o amigo e vizinho Milton Lopes. Dilma teve suas mãos e pés amarrados. Seu marido foi amordaçado. Todos os três foram esfaqueados até a morte.[175]

De acordo com os promotores públicos estaduais, Fernando ordenou o assassinato de Dilma porque ela havia ameaçado denunciar a extração ilegal de madeira para a polícia e o Ibama.[176] Os assassinos mataram seu marido e o vizinho Milton apenas porque por acaso estavam na casa naquele momento.[177]

Placas, estado do Pará, 2018

Em 2018, Gilson Temponi, presidente de uma associação de agricultores em três assentamentos do Incra em Placas, no estado do Pará, denunciou às autoridades que fazendeiros locais haviam tomado o controle de terras nos assentamentos e estavam extraindo madeira ilegalmente.[178] Ele também relatou sofrer ameaças de morte desses mesmos fazendeiros. A polícia federal iniciou uma investigação dos supostos crimes ambientais, na qual Gilson depôs como testemunha.[179] Procuradores federais encaminharam as denúncias de Gilson sobre as ameaças que sofria à polícia civil para investigação, e alertaram a polícia militar.[180]

No dia 12 de dezembro de 2018, dois homens bateram na porta da casa de Gilson na cidade de Rurópolis. Quando este abriu a porta, eles atiraram três vezes e o mataram, fugindo em uma motocicleta, segundo a sua esposa que estava presente.[181]

Terra Nossa, estado do Pará, 2018

Em 2017, após tornar-se presidente da Associação dos Produtores e Produtoras Rurais Nova Vitória em Terra Nossa, um assentamento do Incra no estado do Pará, Maria Márcia Elpidia de Melo começou a denunciar ao Ibama, bem como aos ministérios públicos estadual e federal, que uma rede de fazendeiros locais estava envolvida na extração ilegal de madeira na área, usando as estradas de terra do assentamento para transportar madeira extraída ilegalmente e empregando homens armados para proteger suas atividades.[182] Após fazer essas denúncias, Maria Márcia começou a sofrer ameaças de morte.[183]

Um relatório interno do Incra obtido pela Human Rights Watch confirma suas denúncias. Inspetores do Incra que visitaram a área em 2017 descobriram que os fazendeiros estavam de fato envolvidos com corte de madeira na reserva federal em Terra Nossa, que eles haviam ocupado ilegalmente, além de estarem envolvidos com mineração ilegal.[184] No entanto, as autoridades nunca realizaram uma operação para interromper essas atividades ilegais e desmantelar a rede criminosa, que emprega homens armados para proteção, segundo Maria Márcia. Elas também não investigaram as ameaças contra a vida dela.

Madeira extraída ilegalmente por madeireiros em uma das estradas de terra do assentamento Terra Nossa em junho de 2019. Foto cedida pela Comissão Pastoral da Terra – Pará.
Madeira extraída ilegalmente por madeireiros em uma das estradas de terra do assentamento Terra Nossa em junho de 2019. Foto cedida pela Comissão Pastoral da Terra – Pará.
 

Em janeiro de 2018, o pequeno agricultor Romar “Polaquinho” Roglin disse à Maria Márcia que denunciaria a extração ilegal de madeira à polícia. Vinte dias depois, Polaquinho foi assassinado.[185] Seu irmão, Ricardo Roglin, que morava na cidade próxima de Novo Progresso, disse a moradores do assentamento Terra Nossa que pretendia levar os assassinos de Polaquinho à justiça.[186] Como não confiava na polícia local, ele mesmo coletou informações sobre o assassinato e as entregou ao Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (STTR), que as encaminhou para um procurador federal.[187] Em 13 de julho de 2018, Ricardo Roglin foi assassinado. Em uma carta informando o procurador sobre sua morte, o STTR escreveu que, antes de morrer, ele "temia por sua vida, e até se arrependeu de ter se intrometido no caso".[188]

Em maio de 2018, outro pequeno agricultor, Antônio “Bigode” Rodrigues dos Santos, disse à Maria Márcia que um fazendeiro havia ocupado cerca de 800 hectares da reserva florestal dentro do assentamento Terra Nossa e que estava usando seu lote para chegar à área e extrair madeira.[189] Bigode contou à Maria Márcia que havia confrontado o fazendeiro, alertando que pretendia denunciar a extração madeireira às autoridades, e mostrou à ela o endereço e número de telefone dos procuradores federais que ele pretendia notificar. Alguns dias depois, Bigode desapareceu. Um morador que conversou com ele no dia do desaparecimento disse à Human Rights Watch que, em sua última conversa, Bigode havia contado a outro vizinho que alguém tinha vandalizado sua casa.[190] Mais de um ano depois, ele continua desaparecido e moradores acreditam que madeireiros o assassinaram.[191]

No dia 28 de setembro de 2018, Aluisio “Alenquer” Sampaio, presidente do Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras da Agricultura Familiar (SINTRAFF) nas proximidades de Castelo dos Sonhos, relatou à Maria Márcia que mais cedo naquele dia havia confrontado dois fazendeiros que suspeitava estarem envolvidos na grilagem de terras perto do lote de Bigode e os acusou pelo assassinato do agricultor desaparecido.[192] Ele agora temia por sua vida, lembrou Maria Márcia, mas disse que estava determinado a levar os fazendeiros à justiça pela morte de Bigode, que era um grande amigo seu, e que havia marcado um horário com os procuradores em Santárem para o dia 15 de outubro. Em 11 de outubro, dois homens atiraram e mataram Alenquer. Os assassinos e um cúmplice fugiram em um carro.[193]

Maria Márcia acredita que os madeireiros que operam em Terra Nossa ordenaram o assassinato de Alenquer, enquanto o ex-advogado do SINTRAFF e um promotor público do estado do Pará especializado em conflitos agrários na região deram à Human Rights Watch outra possível explicação para sua morte.[194] O advogado contou à Human Rights Watch que Alenquer já havia denunciado as atividades de uma rede de exploração madeireira ilegal na área de sua cidade natal, Castelo dos Sonhos, para o Incra e para o Ministério Público Estadual.[195] Um mês antes de seu assassinato, uma das pessoas envolvidas nessa rede criminosa havia ameaçado matá-lo segundo o advogado.[196]

Enquanto isso, as ameaças contra Maria Márcia e outros líderes comunitários continuam.[197] Em fevereiro de 2018, de acordo com ela, um fazendeiro local envolvido com extração ilegal de madeira disse que iria “colocar um cadeado na tua boca, como apareceu nesse rapaz na estrada Butuacã”, referindo-se a um cadáver que havia sido encontrado recentemente em uma estrada próxima. Em novembro de 2018, um funcionário do Incra anunciou em uma reunião pública que Maria Márcia havia acusado vários madeireiros dos assassinatos em Terra Nossa.[198] Os madeireiros acusados estavam presentes na reunião. Segundo Maria Márcia, um deles mais tarde se aproximou dela e disse: "É melhor calar a boca, porque senão o teu barco vai afundar que nem o do Alenquer", se referindo ao presidente do sindicato que havia sido assassinado a tiros no mês anterior. Desde aquela reunião, ela disse à Human Rights Watch, "eu sabia que a minha cabeça estava a prêmio".

Em dezembro de 2018, Antonio Marcos Lacerda, que trabalha próximo à Maria Márcia como vice-presidente da associação comunitária de Nova Vitória, foi abordado por um homem que conhecia da região. Este alertou que havia sido contratado por três madeireiros para matá-lo e o orientou a deixar a comunidade.[199] Quando o assassino de aluguel deixou a loja, o genro de Lacerda, que estava presente no momento, o seguiu e o encontrou esperando com uma espingarda em uma emboscada a cerca de 50 metros da casa de Lacerda. O assassino de aluguel apontou a arma para ele, mas não atirou, e foi desarmado pelo genro de Lacerda.[200]

Segundo moradores da comunidade, essas mortes e ameaças não resolvidas — e a presença contínua de redes criminosas envolvidas no desmatamento ilegal — geram um clima de intenso medo entre os moradores do Terra Nossa, que agora evitam atividades anteriormente comuns, como entrar na reserva florestal dentro do assentamento para coletar castanha-do-pará e outras frutas.[201]

Areia, estado do Pará, 2011-2018

Em 1998, o Incra criou o assentamento Areia, no Pará, fornecendo lotes para cerca de 300 famílias pobres. Em um período de cinco anos, de acordo com um relatório do Incra de 2013, fazendeiros envolvidos na extração ilegal de madeira tomaram o controle de grande parte do assentamento, que usam para obter acesso a florestas protegidas próximas.[202] Um ex-madeireiro que se tornou delator disse a um repórter, em 2012, que madeireiros operando na área haviam matado 15 pessoas nos dois anos anteriores.[203] O relatório de 2013 do Incra afirma que as famílias que permaneceram no assentamento estavam "imobilizadas pelo medo – produzido por um tenebroso histórico de violência e mortes".[204]

Em 2019, moradores do Areia contaram que os fazendeiros continuam envolvidos com a extração ilegal de madeira e empregam homens armados para proteger suas atividades e intimidar e matar aqueles que se coloquem no seu caminho.[205] Esses moradores contaram sobre quatro assassinatos relacionados à extração de madeira que ocorreram no assentamento Areia desde 2011 (a Human Rights Watch conseguiu obter os nomes completos e confirmar as mortes de apenas duas das vítimas). Jõao Carlos Baú, conhecido como "Cuca", e outros dois haviam trabalhado para os madeireiros e, não sendo remunerados como combinado, ameaçaram denunciar a exploração ilegal de madeira e os abusos trabalhistas às autoridades, disseram os moradores.[206] Os madeireiros os assassinaram, acreditam os moradores, para impedi-los de ir às autoridades.

A quarta vítima mencionada pelos moradores era João Chupel Primo, que inicialmente estava envolvido na extração ilegal de madeira, mas depois mudou de ideia e começou a gravar em segredo conversas com membros de uma organização ilegal de exploração madeireira para obter evidências de suas atividades criminosas.[207] João se reuniu com policiais do estado, policiais federais e agentes do ICMBio em setembro e outubro de 2011, e informou que madeireiros estavam usando o assentamento Areia para acessar a madeira na Reserva Extrativista Riozinho do Anfrísio e na Floresta Nacional do Trairão.[208] No final de outubro, ele também se reuniu com procuradores federais. Dois dias depois, em 22 de outubro de 2011, homens armados o mataram na cidade próxima de Itaituba.[209]

Osvalinda Marcelino Alves Pereira e seu marido Daniel Alves Pereira, ambos pequenos agricultores, tornaram-se alvos de intimidação por fazendeiros envolvidos na extração ilegal de madeira em 2011, após Osvalinda fundar a Associação das Mulheres do Areia II e receber apoio do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM) para reflorestar as áreas desmatadas e desenvolver práticas agrícolas orgânicas sustentáveis.[210] Pessoas envolvidas na extração ilegal de madeira desconfiavam do projeto, contaram Osvalinda e Daniel à Human Rights Watch. Os madeireiros perguntavam frequentemente ao casal se os funcionários do IPAM eram do Ibama e, em determinado momento, disseram à associação das mulheres para interromper o projeto de reflorestamento.[211]

Em 2012, enquanto Osvalinda Pereira recebia tratamento médico em um hospital na cidade de Santarém, uma mulher desconhecida contou casualmente que madeireiros haviam concordado em contribuir com 3.000 reais cada para pagar pelo assassinato de quatro ativistas.[212] A mulher disse que os alvos eram a própria Osvalinda Pereira, seu marido e dois dos seus vizinhos.

Na mesma época, uma pessoa ligada aos madeireiros visitou seu marido em casa, no Areia, e propôs que ele cobrasse uma taxa de 100 reais de cada caminhão que passasse em frente a sua casa.[213] Daniel Pereira recusou a proposta.

No dia em que Osvalinda Pereira retornou do hospital com Daniel, o casal encontrou um grupo de cerca de 12 madeireiros os esperando com homens armados em sua casa.[214] Os madeireiros ofereceram dinheiro ao casal para que assinasse uma carta, em nome da Associação das Mulheres do Areia II, pedindo ao Ibama e ao ICMBio que não realizassem operações no Areia, contaram. Quando Osvalinda se recusou, um dos homens disse: "A senhora vai morrer que nem a Dorothy”, aparentemente em referência à Dorothy Stang, uma freira norte-americana assassinada no estado do Pará em 2005.

Osvalinda Pereira contou à Human Rights Watch que ao invés de silenciá-la, a ameaça a motivou a denunciar o madeireiros às autoridades. O casal prosseguiu com as denúncias às polícias estadual e federal.[215] Pouco tempo depois, diversos madeireiros abordaram Daniel Pereira e Antônio de Paula e Silva, um agricultor do Areia que participava das atividades da associação, quando estavam na cidade de Trairão e os levaram até uma casa.[216] Entre 15 e 20 homens armados esperavam debaixo de um pé de manga no pátio da casa, a apenas 20 metros da delegacia local. Os madeireiros acusaram os dois agricultores de fornecer informações sobre a extração ilegal de madeira ao Ibama e disseram que pagariam para que parassem.[217] "Ou vocês aceitam o dinheiro ou vocês vão morrer", um disse. Em seguida, eles deixaram Daniel Pereira sair para buscar a esposa Osvalinda, que voltava de Santarém, em um ponto de ônibus próximo. Eles forçaram Antônio de Paula a permanecer na casa. Quando Daniel Pereira retornou com Osvalinda, ela anunciou que já havia denunciado as ameaças às autoridades.[218] “Se eu morrer agora”, ela disse, “todos saberão que foram vocês”. Cinco horas depois de abordarem Daniel Pereira e Antônio de Paula, os madeireiros permitiram que fossem embora.

Ao longo dos anos, os três continuaram recebendo ameaças de morte.[219] Em diversas ocasiões,  homens armados rodearam suas casas de moto, às vezes enquanto a associação de mulheres se reunia. Em uma manhã de maio de 2018, Osvalinda e Daniel Pereira acordaram e descobriram que alguém havia se infiltrado no quintal durante a noite e empilhado dois montes de terra, colocando cruzes em cima para simular duas covas. “Eu senti que Daniel e eu já estávamos enterrados ali”, disse Osvalinda Pereira.[220]

Alguém simulou duas covas no quintal de Osvalinda e Daniel Pereira, como forma de ameaçá-los, em maio de 2018. Foto cedida por Osvalinda Pereira.
Alguém simulou duas covas no quintal de Osvalinda e Daniel Pereira, como forma de ameaçá-los, em maio de 2018. Foto cedida por Osvalinda Pereira.
 

Sete de Setembro, estado de Rondônia, 2017

Em novembro de 2017, Naraymi Suruí e um grupo de mais de vinte indígenas Suruí Paiter da Terra Indígena Sete de Setembro, no estado de Rondônia, se deslocaram para uma área do território para colher castanha-do-Pará. No entanto, encontraram madeireiros.[221] Os madeireiros haviam carregado quatro caminhões com os enormes troncos de castanheiras, uma espécie que pode atingir 60 metros de altura e que está ameaçada de extinção segundo o Ministério do Meio Ambiente.[222] Os indígenas pediram aos homens que fossem embora. Suruí, que é filho do cacique local, havia confrontado madeireiros no passado de forma pacífica. Desta vez, porém, eles o acusaram de mobilizar os indígenas contra eles e o ameaçaram: “Isso não vai ficar desse jeito”, um disse.

Um dos quatro caminhões carregados com madeira de Castanheira-do-Brasil encontrados por indígenas dentro do Território Indígena Sete de Setembro, no estado de Rondônia, em novembro de 2017. Foto cedida por Elizângela Dell-Armelina Suruí.
Um dos quatro caminhões carregados com madeira de Castanheira-do-Brasil encontrados por indígenas dentro do Território Indígena Sete de Setembro, no estado de Rondônia, em novembro de 2017. Foto cedida por Elizângela Dell-Armelina Suruí.
 

Cerca de uma semana depois, em 29 de novembro de 2017, Naraymi Suruí e sua esposa, Elizângela Dell-Armelina Suruí, retornavam de motocicleta da cidade de Cacoal à Terra Indígena. Elizângela viu duas pessoas em outra moto esperando em uma curva da estrada, ela disse à Human Rights Watch. A moto acelerou para alcançá-los.[223]O passageiro pegou uma arma, ela disse, e atirou em direção à cabeça do seu marido. Ele errou, mas o casal caiu. A moto do atirador passou por eles e parou. Ele desceu e voltou, disparando três vezes contra o casal. Elizângela estava agachada atrás da motocicleta caída, e o marido paralisado ao lado dela. O irmão de Naraymi Suruí chegou de repente em uma moto e o atirador fugiu, disparando mais uma vez enquanto ele e o companheiro “cantavam” pneu. Naraymi Suruí e Elizângela Dell-Armelina Suruí escaparam ilesos. Naraymi Suruí identificou os dois indivíduos como madeireiros locais para a polícia.[224]

Colniza, estado do Mato Grosso, 2017

Ao pôr do sol de 19 de abril de 2017, quatro integrantes de um grupo de matadores de aluguel conhecidos como "os encapuzados", incluindo um policial reformado, assassinaram indiscriminadamente nove pessoas em um assentamento em Taquaruçu do Norte, segundo promotores públicos estaduais.[225] Taquaruçu do Norte fica no município de Colniza, no estado do Mato Grosso. Os assassinos amarraram e cortaram as gargantas de Francisco Chaves da SilvaEdson Alves AntunesIzaul Brito dos Santos e Valmir Rangel do Nascimento; esfaquearam até a morte Ezequias Santos de Oliveira e Sebastião Ferreira de Souza; e mataram a tiros Aldo Aparecido Carlini, Fábio Rodrigues dos Santos Samuel da Cunha.[226]

Promotores públicos denunciaram Valdelir João de Souza, proprietário de duas madeireiras próximas, como mandante dos assassinatos. Seu objetivo era afugentar as 300 famílias de pequenos agricultores que viviam na área e ocupar a terra para extrair a madeira. Um madeireiro disse aos promotores que Valdelir estava rotulando a madeira extraída ilegalmente de uma forma que aparentasse ser legal.[227] A polícia está investigando se outros fazendeiros locais podem também estar envolvidos na ordem do massacre de Colniza, como ficou conhecido.[228]

Araribóia, estado do Maranhão, 2015–2017

Membros dos guardiões da floresta do povo Tenetehara na Terra Indígena Araribóia disseram à Human Rights Watch que haviam recebido ameaças repetidas de madeireiros.[229] Iwyramu, o atual coordenador-geral dos guardiões da floresta, lembrou de um madeireiro que, provavelmente em meados de 2015, lhe disse: “Se você não negociar, vamos vir atirar igual fizemos no ataque em Lagoa Comprida.”[230] Neste episódio, em 2007, madeireiros invadiram uma aldeia Tenetehara para recuperar um caminhão de transporte de madeira, matando uma pessoa e ferindo três.[231]

Em novembro de 2016, um cacique de uma aldeia Tenetehara disse a Iwyramu que um sobrinho que trabalhava para um fazendeiro local havia recebido R$ 8.000 para “matar” Iwyramu.

Em junho de 2017, um homem reconhecido pela comunidade como envolvido na exploração ilegal de madeira disse a um cacique de uma aldeia Tenetehara que faria os guardiões pagarem “custe o que custar”.[232]

Em outubro de 2017, os guardiões da floresta do povo Tenetehara queimaram um caminhão de transporte de madeira que haviam encontrado na Terra Indígena Araribóia. Logo depois, João Guajajara (pseudônimo), cacique de uma das aldeias de Araribóia, visitou a cidade de Amarante do Maranhão. Ele contou que um madeireiro, que ele acredita ser o dono do caminhão, se aproximou para ameaçá-lo. “Você está no meio disso… Se você não me disser a verdade ... você também estará na lista”. O homem mencionou outros líderes que estavam defendendo a floresta da extração ilegal de madeira. "Você vai levar um tiro".[233]

Em maio de 2018, um homem que no passado havia sido detido pelos guardiões da floresta quando cortava árvores em Araribóia, disse ao irmão de Franciel Souza Guajajara, então coordenador dos guardiões da floresta, que Franciel e outro líder indígena deveriam “andar direito na cidade”.[234] Algumas semanas depois, o filho de outro madeireiro disse ao irmão de Franciel que “de criança para cima pagariam” se os guardiões colocassem as mãos em seu equipamento.[235]

Alto Turiaçu, estado do Maranhão, 2014–2017

Em uma noite de 2014, ao longo de uma trilha de terra feita por madeireiros na Terra Indígena Alto Turiaçu, dez membros da patrulha florestal Ka'apor encontraram cinco madeireiros ilegais trabalhando, contou o membro do grupo dos guardiões Mutuhiran Ka'apor à Human Rights Watch.[236] Os madeireiros atiraram repetidamente contra os guardiões, ele disse, atingindo três: um projétil de espingarda atingiu a perna direita de Mutuhiran Ka'apor, outro acertou as costas de mais um guardião da floresta, e uma bala de revólver calibre .38 passou de raspão na têmpora de um terceiro, ferindo-o.[237]

Numa noite em abril de 2015, Eusebio Ka'apor, um líder Ka’apor envolvido na coordenação das patrulhas indígenas “guardiões da floresta” para coibir a entrada de madeireiros na Terra Indígena Alto Turiaçu, andava de moto com um amigo, Kapita Ka'apor, quando um homem surgiu dos arbustos ao lado da estrada e apontou uma arma para eles, gritando para que parassem.[238] Kapita Ka'apor, que estava dirigindo, acelerou para escapar. O indivíduo disparou, atingindo Eusebio Ka'apor pelas costas.[239] Kapita Ka'apor dirigiu-se para a aldeia mais próxima e encontrou o filho de Eusebio, que levou o pai a um hospital perto de Zé Doca. Eusebio Ka'apor morreu no hospital.[240]

Logo após a morte, seis dos sete membros do Conselho de Gestão Ka'apor, que coordena as patrulhas, receberam ameaças de morte que acreditam terem vindo de pessoas envolvidas na extração ilegal de madeira, a fim de amedrontá-los para que encerrassem seus esforços para proteger a floresta.[241]

Em 20 de dezembro de 2015, membros dos guardiões da floresta Ka'apor estavam combatendo incêndios quando encontraram três madeireiros com um caminhão ao longo de um caminho que os madeireiros liberaram para acessar a madeira na Terra Indígena Alto Turiaçu.[242] Segundo Mutuhiran Ka'apor, membro da patrulha, os guardiões da floresta amarraram os madeireiros, perguntaram sobre atividades de extração ilegal de madeira no Alto Turiaçu, exigiram que eles deixassem o território, e atearam fogo no caminhão de transporte de madeira e em uma motocicleta.[243] Um dos madeireiros então escapou e contatou outras pessoas na área.[244]

Cerca de uma hora depois, cerca de 20 madeireiros armados chegaram, insultando-os com xingamentos e injúrias raciais, segundo Mutuhiran Ka'apor e outros que conversaram com a Human Rights Watch. Os guardiões Ka'apor, que estavam desarmados, fugiram a pé. Os madeireiros dispararam contra eles, ferindo um Ka'apor nas costas e outro nas nádegas com tiros de espingardas.[245] Os guardiões ajudaram os feridos, andando pela floresta por mais de quatro horas, até chegarem à aldeia Ka'apor de Turizinho.

No dia seguinte, um grupo de cerca de 60 pessoas armadas chegou a Turizinho, e os Ka'apor fugiram para a floresta, contou Mutuhiran Ka'apor.[246] Os homens armados espancaram um não-indígena que permaneceu na aldeia, disseram alguns Ka'apor, forçando o homem a revelar os nomes dos guardiões da floresta.[247]

Dois dias depois, a polícia federal chegou à aldeia com uma equipe médica, um policial que participou da operação contou à Human Rights Watch.[248] Ele confirmou que madeireiros haviam ferido alguns indígenas, embora não tenha fornecido mais detalhes.

Em um dia de 2017, um estranho se aproximou de Iracadju Ka'apor, cacique de uma aldeia da Terra Indígena Alto Turiaçu, em Zé Doca, uma cidade próxima, e acusou os indígenas de incendiarem caminhões de madeireiros.[249] “Ou vocês param de fazer isso", Iracadju Ka'apor lembrou do homem ameaçando, "ou você vai viver apenas mais um dia". Em junho de 2018, outro estranho abordou Iracadju Ka'apor e vários outros indígenas Ka'apor em um posto de gasolina em Zé Doca. "Índio tem que ficar na aldeia", Iracadju Ka'apor lembra do homem falando. "Por que estão na cidade? ... Vocês estão proibindo a venda de madeira ... Desse jeito vamos queimar os carros de vocês ‘todinho’".[250]

Em agosto de 2017, Mawarisha, membro do conselho de gestão Ka'apor, recebeu uma ligação anônima.[251] “Você que não quer deixar teus parentes vender [madeira] mais?” ameaçou o interlocutor, disse Mawarisha à Human Rights Watch. "Nós vamos te pegar de qualquer jeito." No mês seguinte, Mawarisha recebeu outra ligação anônima. "Queria negociar com você venda de madeira", disse o interlocutor. “Se não aceitar, tu morre”.

Rio das Onças, estado do Maranhão, 2015

Raimundo Santos, líder da aldeia Rio das Onças, no Maranhão, colaborou estreitamente com os servidores do ICMBio, fornecendo informações para apoiar os esforços da agência federal no combate à extração ilegal de madeira na Reserva Biológica de Gurupi, disse Evane Lisboa, chefe da reserva.[252]

Em agosto de 2015, Raimundo e sua esposa, Maria da Conceição Chaves, voltavam de moto para sua casa na aldeia Rio das Onças quando três homens saíram da beira da estrada e dispararam contra eles.[253] Sete balas atingiram Raimundo; os agressores também o esfaquearam. Ele morreu no local. Maria da Conceição, gravemente ferida pelos tiros, sobreviveu ao ataque.[254]

José Escórcio, um fazendeiro que Evane acredita estar envolvido na extração ilegal de madeira, confessou à polícia que queria matar Raimundo devido ao seu trabalho de defesa ambiental, nos disse o investigador da polícia federal.[255] José Escórcio descreveu para a polícia como havia contratado um policial militar reformado que, por sua vez, contratou dois policiais militares ativos para ajudá-lo a matar Raimundo.[256] O policial militar reformado também controlava terras na área, estava envolvido em extração ilegal de madeira, e tinha interesse em matar Raimundo para ter acesso à madeira, disse a advogada representando Maria da Conceição Chaves.[257]

Governador, estado do Maranhão, 2013

Em março de 2013, um grupo de guardiões da floresta Pyhcop Catiji encontrou quatro caminhões de transporte de madeira, um trator e 20 madeireiros armados na Terra Indígena Governador, Eýy Cy, cacique da aldeia Governador, contou à Human Rights Watch.[258] Os guardiões mobilizaram os moradores. Em grupo, pegaram os madeireiros de surpresa, os desarmaram e disseram para deixarem o território. Eles então levaram os caminhões e trator para a aldeia Governador. Eýy Cy contatou a Funai, ele disse, e a agência alertou a polícia federal.

Após o pôr do sol no dia seguinte, dois servidores da Funai e quatro policiais estaduais chegaram à aldeia Governador. No caminho, a polícia avistou madeireiros preparando um bloqueio na estrada de terra de Governador até a cidade vizinha de Amarante do Maranhão, disseram moradores de Governador à Human Rights Watch.[259] Nas primeiras horas da madrugada, contaram, os policiais foram embora sem avisar os locais ou retirar os veículos confiscados.

Frederico Pereira Guajajara, um líder Tenetehara na vizinha Terra Indígena Araribóia, avistou o bloqueio enquanto ia de moto para Amarante do Maranhão. Um grupo de cerca de 20 madeireiros estavam queimando pneus no meio da estrada de terra.[260] Frederico parou para filmar a cena com seu telefone. Cinco madeireiros o cercaram empunhando varas de madeira, ele nos disse, e o espancaram na cabeça e nas costas.[261] Eles quebraram seu celular, contou, e um deles disse: "Vamos pegar esse índio e vamos jogar dentro do fogo". Um homem indígena Pyhcop Catiji, desconhecido de Frederico, intercedeu em seu favor e os madeireiros deixaram Frederico ir embora.[262]

Quatro dias após a polícia estadual ter deixado o local, seis policiais federais chegaram e tentaram negociar com uma multidão de madeireiros que mantinham o bloqueio da estrada.[263] Cerca de 70 madeireiros atacaram a viatura policial.[264] Os oficiais se retiraram para a aldeia Governador, onde passaram a noite. No dia seguinte, a polícia militar chegou para resgatar os policiais federais. Os policiais saíram juntos, sem retirar os caminhões de transporte de madeira e o trator que os guardiões da floresta haviam tomado.[265]

Nos 11 dias seguintes, sem proteção das autoridades estaduais ou federais, os Pyhcop Catiji viveram com medo, com os veículos de transporte de madeira confiscados ainda estacionados na aldeia Governador.

Pyn Hýc, esposa de Augusto Gavião, um líder Pyhcop Catiji, contou-nos que pessoas telefonaram anonimamente e o ameaçaram várias vezes durante esses 11 dias.[266] Ela disse que atendeu o telefone de Augusto duas vezes. Os interlocutores ameaçaram atear fogo no carro usado pelos guardiões da floresta caso tentassem dirigir até Amarante do Maranhão. Eles disseram para que avisasse à aldeia que invadiriam a "qualquer hora", ela contou, e ameaçaram matar três líderes indígenas, os quais citaram os nomes.[267]

Marcelo Gavião, coordenador dos guardiões da floresta, também recebeu ligações anônimas ameaçando-o cinco vezes, ele disse à Human Rights Watch.[268] Se não liberasse os caminhões, Marcelo lembra o interlocutor falar, atacariam a aldeia à noite e o matariam em sua casa.

Enquanto isso, alguém jogou uma corrente de moto nos cabos de energia. A aldeia Governador ficou sem energia por cerca de dois dias.[269]

Durante os 11 dias de impasse, donos de lojas e o posto de gasolina em Amarante do Maranhão recusaram-se a prestar serviço ao povo Pyhcop Catiji.[270] "Ficamos com fome", Pyn Hýc disse à Human Rights Watch.[271] Eýy Cy, cacique da aldeia Governador, disse acreditar que os madeireiros ameaçaram os donos das lojas.[272]

No décimo segundo dia, agentes federais voltaram com força. Agentes do Ibama, acompanhados por 30 policiais federais, retiraram os caminhões de transporte de madeira que os moradores haviam apreendido dos madeireiros.

Nova Ipixuna, estado do Pará, 2011

José Cláudio Ribeiro da Silva e Maria do Espírito Santo foram assassinados após denunciarem às autoridades que um fazendeiro estava tentando ocupar algumas das terras do Projeto de Assentamento Agroextrativista Praia Alta Piranheira, possivelmente para derrubar as árvores e criar gado no local.[273] O Incra, a autarquia federal de reforma agrária, havia assentado famílias pobres na floresta para seu uso sustentável. Zé Cláudio, como José era conhecido, e Maria faziam artesanato e coletavam castanhas-do-Pará, processando-as em óleo e outros produtos.[274] O casal era voz importante na defesa da floresta e de outros assentados.

Em uma palestra do TED, em novembro de 2010, José disse que enquanto a floresta nativa cobria 85 por cento da área do Projeto quando criado, em 1997, após treze anos cobria apenas 20 por cento. Ele atribuiu a perda à extração ilegal de madeira.[275] "Enquanto eu tiver força para andar, eu estarei denunciando todos aqueles que prejudicam a floresta", ele prometeu.

Dois homens assassinaram José e Maria em 24 de maio de 2011, quando viajavam de moto em uma área rural da cidade de Nova Ipixuna, no Pará.[276] Um tribunal do Pará condenou o fazendeiro José Rodrigues Moreira por ter ordenado o assassinato do casal após este reportar ao Incra que ele estava tentando expulsar três assentados de seus respectivos lotes para tomar-lhes a terra.[277] Anton Fon Filho, um advogado que auxiliou a acusação, acredita que o fazendeiro pretendia vender a madeira, destruir a floresta e plantar capim para gado.[278]

Lagoa Comprida, estado do Maranhão, 2007

Em 15 de setembro de 2007, indígenas Tenetehara que vivem na aldeia Lagoa Comprida, no estado do Maranhão, expulsaram dois madeireiros que encontraram no território indígena Araribóia. Eles tomaram um caminhão de transporte de madeira e o levaram para a aldeia.[279]Eles entraram em contato com a Funai, que, por sua vez, ligou para a polícia federal e solicitou que retirassem o caminhão.[280] Ninguém chegou a fazer isso.

Em 15 de outubro, cerca de 15 homens invadiram Lagoa Comprida para recuperar o caminhão, incluindo o proprietário. Atiraram indiscriminadamente nos moradores, ferindo três pessoas, disseram os procuradores federais.[281] Uma delas, Maria Madalena Guajajara, foi atingida no pescoço e no lado esquerdo do abdômen.[282] Seu marido, Tomé Guajajara, disparou até sua casa para pegar um rifle de caça, segundo uma testemunha.[283] Um dos invasores foi atrás de Tomé e atirou em seu abdômen. Do chão, Tomé atirou de volta, ferindo um dos agressores. Outros homens chegaram, atiraram e mataram Tomé enquanto ele estava ferido no chão, disseram moradores à Human Rights Watch.[284] Os invasores então recuaram, levando com eles o homem ferido, que mais tarde morreu em um hospital.[285]

 

III. Fracasso do Estado na investigação de atos de violência e intimidação

Atos de violência e intimidação por parte de grupos criminosos envolvidos com o desmatamento ilegal na Amazônia brasileira raramente são levados à justiça. Na verdade, a impunidade é a regra nos crimes relacionados à extração ilegal de madeira, segundo servidores do judiciário estadual e federal na região. Um procurador federal no estado do Pará disse à Human Rights Watch que a impunidade em relação aos assassinatos cometidos por madeireiros é um problema “generalizado” no estado.[286] Outro procurador, no estado do Amazonas, nos disse que a impunidade é “grande” em casos que envolvem conflitos pelo uso da terra e de recursos naturais.[287]

A revisão da Human Rights Watch da documentação disponível, as entrevistas com servidores do judiciário e com comunidades afetadas, e uma análise atenta do tratamento dado por autoridades a casos específicos, corroboram a conclusão de que o Brasil fracassa sistematicamente na investigação e responsabilização dos atos de violência por madeireiros e grileiros na região amazônica.

Sem levar os perpetradores à justiça, o Brasil está permitindo que assassinatos cometidos por criminosos envolvidos com o desmatamento ilegal continuem praticamente sem controle. A violência no contexto de conflitos pelo uso da terra e de recursos naturais continua “porque ninguém é punido”, Deborah Duprat, procuradora federal dos Direitos do Cidadão, contou à Human Rights Watch. "A impunidade é a norma", acrescentou.[288] Um procurador da República no estado do Amazonas alertou: “O Estado está perdendo total controle da situação”.[289]

Fracasso na investigação de assassinatos

Dentre mais de 230 casos de ataques fatais — envolvendo mais de 300 vítimas — registrados pela Comissão Pastoral da Terra na região amazônica durante a última década e no contexto de conflitos sobre o uso da terra e recursos naturais, apenas 9 — menos de 4% — foram a julgamento.[290]

 

Fonte: Comissão Pastoral da Terra.
 

Fonte: Comissão Pastoral da Terra.

No Pará, o estado com o maior número de mortes, apenas 4 dos 89 casos foram julgados desde 2009; em Rondônia, apenas 3 de 66; no Maranhão, apenas 2 de 46; e no Mato Grosso, com 16 casos, e no Amazonas, com 8, não houve nenhum julgamento.

Dos 28 assassinatos e 4 tentativas de assassinatos documentados no Capítulo II, houve julgamento apenas em um caso, o assassinato de José Cláudio Ribeiro da Silva e Maria do Espírito Santos (um júri condenou três pessoas nesse caso).

A principal razão pela qual os perpetradores desses crimes não são levados à justiça, segundo autoridades estaduais e federais que conversaram com a Human Rights Watch, é que a polícia não conduz investigações adequadas. “O aparato policial de investigação simplesmente não funciona para esse tipo de crime”, explicou o procuradorfederal no estado do Pará, Paulo Oliveira.[291] “A atuação das polícias locais é tímida, irrisória”, disse um policial federal de alto escalão na região amazônica.[292] "Certamente há impunidade por conta da falta de métodos básicos de investigação", ele acrescentou. O secretário de direitos humanos do estado do Maranhão, Francisco Gonçalves da Conceição, disse que a polícia coleta “evidências insuficientes” em casos de violência relacionados a conflitos rurais por terra e recursos.[293]

A polícia atribui as falhas à escassez de recursos e à dificuldade de conduzir investigações em áreas remotas da região amazônica. Por exemplo, Elpídio Souza, delegado da polícia civil na cidade de Amarante do Maranhão, disse à Human Rights Watch que a falta de veículos adequados e de pessoal explicam as deficiências nas investigações de assassinatos na área.[294]

Enquanto servidores da justiça criminal, nas esferas estadual e federal, nos disseram que os assassinatos supostamente cometidos por madeireiros não são adequadamente investigados, nenhum deles havia compilado informações detalhadas que permitissem uma avaliação sistemática dos casos. Os autos dos processos judiciais nesses casos estão dispersos em cidades remotas de toda a região amazônica, algumas acessíveis somente após horas andando de barco ou dirigindo por estradas precárias. A Procuradoria-Geral da República, então, utiliza os dados coletados pela Comissão Pastoral da Terra, cujos advogados monitoram casos em toda a região amazônica e prestam assistência jurídica e de outra natureza a algumas das vítimas e comunidades.[295]

Para avaliar a dinâmica de impunidade descrita pelos entrevistados, a Human Rights Watch examinou como as autoridades responderam aos assassinatos em uma região do estado do Maranhão — abrangendo os Territórios Indígenas Alto Turiaçu, Governador e Araribóia — onde as comunidades locais têm agido contra a extração ilegal de madeira e relatam terem sido vítimas de represálias violentas por madeireiros.

Houve 16 assassinatos nessa região desde 2015, segundo informações fornecidas pela Comissão Pastoral da Terra e pelo Conselho Indigenista Missionário (CIMI), outro organismo não governamental ligado à Igreja Católica.[296] Os líderes de comunidades indígenas na região disseram à Human Rights Watch que acreditam que pelo menos oito desses assassinatos foram represálias de madeireiros contra atividades comunitárias em defesa da floresta.[297] Nenhum dos casos foi julgado, de acordo com as duas ONGs e os líderes comunitários.

A Human Rights Watch solicitou informações sobre os 16 assassinatos ao Ministério Púlico Federal no estado do Maranhão, à Secretaria de Segurança Pública e à Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Participação Popular, mas não recebeu resposta de nenhuma dessas instituições até  setembro de 2019.[298] Procuradores federais têm jurisdição sobre os casos e acesso aos arquivos quando há alguma evidência de que indígenas foram assassinados por causa de sua defesa do meio ambiente. Casos em que um indígena é assassinado em um crime comum permanecem sob jurisdição estadual.[299] Por isso, também solicitamos informações a procuradores federais nas cidades de São Luiz e Imperatriz, no estado do Maranhão; eles tinham informações sobre apenas um dos casos.[300]

Os 16 casos estão espalhados em cidades remotas por toda a região. A Human Rights Watch conseguiu entrevistar policiais envolvidos nas investigações de seis dos casos.[301] Em três deles, também obtivemos depoimentos diretos de familiares de três vítimas e entrevistamos um procurador familiarizado com um dos casos.

Encontramos falhas graves nas investigações de todos os seis assassinatos. Em pelo menos dois, investigadores da polícia não visitaram a cena do crime.[302] Em pelo menos cinco, a polícia não providenciou as autópsias das vítimas.[303]

  • Depois que Assis Guajajara foi esfaqueado até a morte na Terra Indígena Araribóia em 2016, os investigadores da polícia não visitaram a cena do crime e a autópsia do cadáver não foi realizada. Assis era membro de uma patrulha florestal que havia recebido várias ameaças de morte por madeireiros, disse seu irmão, quem relatou a morte para a polícia, à Human Rights Watch.[304]

Quando perguntado sobre as falhas nessas investigações, um delegado de polícia local ofereceu a mesma explicação que a Human Rights Watch escutou em outros lugares para justificar as omissões das autoridades: os locais remotos dos crimes e a falta de recursos — incluindo veículos off-road específicos — para fazer as viagens.

No entanto, a Human Rights Watch constatou que em pelo menos quatro dos seis casos examinados, as mortes não ocorreram em locais remotos, mas sim em centros urbanos com delegacias de polícia.[305] Exemplos incluem:

  • Davi Mulato Gavião foi assassinado em uma praça da cidade a menos de um quilômetro das delegacias de polícia civil e militar do estado.[306] A polícia militar visitou a cena do crime, mas em vez de preservar as evidências conforme determina a lei brasileira, deixou o local assim que um parente de Davi chegou, contou o parente à Human Rights Watch.[307] Investigadores da polícia civil visitaram a cena do crime pela primeira vez mais de 30 horas após o assassinato, a polícia nos disse, quando a família já havia retirado o corpo.[308]
  • Eusebio Ka'apor (ver Capítulo II) não morreu em uma comunidade remota, mas sim em um hospital público na cidade de Zé Doca, devido aos ferimentos causados ​​por um agressor desconhecido. No entanto, nenhuma autópsia foi realizada, disse um advogado que presta assessoria aos Ka'apor.[309]

Não há dúvida de que a distância de algumas cenas de crime pode tornar mais difícil para as autoridades conduzir investigações imediatas. No entanto, não precisa tornar impossível. De fato, a Human Rights Watch documentou seis casos envolvendo violência supostamente cometida por madeireiros e grileiros em locais remotos, pelo Maranhão e em outros estados amazônicos, nos quais a polícia conseguiu conduzir investigações que levaram a denúncias criminais.[310]

Quatro desses seis casos — que estão entre os 12 documentados no Capítulo II — têm uma característica comum que os distingue da maioria dos outros casos de violência na região: todos atraíram a atenção da imprensa nacional.[311] Líderes comunitários acreditam, disseram à Human Rights Watch, que foi essa atenção que impulsionou a polícia a levar as investigações mais a sério do que costumam fazer em outros casos.

Os outros dois casos também são diferentes de outros episódios de violência na região porque a polícia federal envolveu-se na investigação desde o início e garantiu que medidas investigativas básicas fossem tomadas.[312] Em um deles, a polícia federal interveio por causa da conexão da vítima com o ICMBio; no outro, porque a vítima era uma pessoa indígena que foi assassinada quando madeireiros atacaram uma comunidade, circunstância que deixou claro desde o início que o caso estava sob jurisdição federal.[313]

  • O caso de José Cláudio Ribeiro da Silva e Maria do Espírito Santo, mortos em 2011 enquanto viajavam de moto por uma estrada rural no estado do Pará, recebeu atenção da imprensa nacional, provavelmente porque eles haviam falado em fóruns públicos, inclusive dando uma palestra no TEDx em 2010.[314] Foi o único dos 13 casos documentados pela Human Rights Watch que foi à julgamento: os dois assassinos foram condenados em 2013, bem como o fazendeiro que havia os contratado, dois anos depois.[315]
  • O assassinato em 2019 de Dilma Ferreira Silva e outras cinco pessoas no estado do Pará recebeu atenção da imprensa nacional. Dilma era uma coordenadora regional do MAB – Movimento dos Atingidos por Barragens.[316] Diversos jornais de circulação nacional publicaram uma fotografia dela em um evento em 2011 com a então presidente do Brasil Dilma Rousseff.[317] Após os assassinatos, o governador do estado do Pará, Helder Barbalho, estabeleceu uma força-tarefa de investigadores da polícia civil de várias unidades. Apenas quatro dias depois dos crimes, a força-tarefa prendeu Fernando Ferreira Rosa Filho, um fazendeiro que as autoridades suspeitam explorar madeira ilegalmente.[318] A força-tarefa também identificou quatro supostos assassinos, todos irmãos. Em junho de 2019, promotores públicos denunciaram Fernando como mandante dos assassinatos e dois irmãos pela execução.[319] A polícia matou os outros dois irmãos em um suposto tiroteio.[320] Promotores públicos também denunciaram outros dois homens de participarem dos crimes, incluindo um ex-funcionário de Fernando que confessou ter ajudado os assassinos sob ordens de Fernando.[321]

 

Dilma Ferreira Silva em um evento em 2011 com a então Presidente do Brasil Dilma Rousseff, a quem entregou um documento pedindo uma política nacional sobre pessoas deslocadas por barragens. Foto cedida pelo Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB).

  • Elizângela Dell-Armelina Suruíacredita que a tentativa de assassinato contra ela e seu marido Naraymi Suruí, em 2017, no estado de Rondônia, atraiu a atenção da imprensa porque ela recentemente havia recebido o Prêmio Educadora do Ano do Brasil.[322] Eles foram atacados enquanto andavam de moto em uma estrada rural a caminho da Terra Indígena Sete de Setembro. Quando o casal relatou o ataque às polícias civil e federal, Naraymi Suruí identificou os dois agressores como madeireiros locais, que foram detidos e posteriormente liberados, aguardando julgamento com tornozeleiras eletrônicas.
  • Embora Raimundo Santos não fosse servidor público, sua relação com o ICMBio, enquanto membro do conselho consultivo da Reserva Gurupi, fez a diferença na investigação de seu assassinato e da tentativa de assassinato de sua esposa, Maria da Conceição Chaves. Maria da Conceição era membro suplente do conselho. Imediatamente após saber do ataque, o chefe da reserva de Gurupi contatou um policial federal, que mobilizou a polícia civil local e foi com eles para a cena do crime, em uma área remota da reserva.[323] Diferente dos casos de assassinatos nas zonas rurais do estado do Maranhão discutidos acima, o corpo de Raimundo foi submetido à autópsia.[324] Procuradores federais apresentaram denúncia de homicídio contra um fazendeiro e um policial militar reformado, que acreditam ser um dos assassinos. O fazendeiro morreu enquanto em prisão domiciliar; o julgamento do policial militar reformado estava pendente em agosto de 2019.[325]

Fracasso na investigação das ameaças

As autoridades frequentemente não investigam ameaças e outros atos de intimidação contra pessoas que tentam obstacularizar a extração ilegal de madeira. Dos mais de 40 casos que documentamos de ameaças e intimidação nos últimos cinco anos, encontramos apenas um caso em que membros do Ministério Público apresentaram denúncia.[326]Envolvia uma ameaça de morte supostamente feita na presença de testemunhas, em 2016, por um vereador da cidade de Trairão.[327] O julgamento estava pendente no momento da redação.

A polícia não apenas deixa de investigar as ameaças dos madeireiros, mas, nos estados do Maranhão e do Pará, servidores e vítimas contaram à Human Rights Watch de casos em que a polícia se recusou a registrar boletins de ocorrência.[328]

 

Um caminhão transportando madeira extraída ilegalmente do Areia, assentamento do Incra, em plena luz do dia em dezembro de 2018. Foto cedida pela Comissão Pastoral da Terra - Pará.
Um caminhão transportando madeira extraída ilegalmente do Areia, assentamento do Incra, em plena luz do dia em dezembro de 2018. Foto cedida pela Comissão Pastoral da Terra - Pará.
 
  • Maria Márcia Elpidia de Melo, presidente da Associação dos Produtores e Produtoras Rurais Nova Vitória, disse que, em julho de 2018, ela compareceu diariamente durante duas semanas à delegacia da polícia civil em Novo Progresso para denunciar as ameaças por parte de madeireiros e a extração ilegal de madeira. Toda vez, o escrivão se recusava a registrar a ocorrência.[329] "Não adianta fazer denúncia porque eles [os madeireiros] são pessoas de alto escalão", o escrivão supostamente lhe disse.
  • Osvalinda Pereira, pequena agricultora e líder comunitária no estado do Pará, disse que o escrivão da delegacia da polícia civil em Trairão inicialmente recusou-se a registrar sua denúncia de ameaça de morte por madeireiros em 2012. Ela lembra de ter ouvido: “Se eu [registrar sua denúncia], você que será presa.”[330] Após insistência, o escrivão registrou a ocorrência, mas não incluiu os nomes dos madeireiros que ela, juntamente com seu marido e um vizinho, disseram terem feito as ameaças. Em 2018, o mesmo escrivão se recusou a registrar outra denúncia de Osvalinda e seu marido Daniel Pereira. Desta vez, eles queriam denunciar que um homem em uma motocicleta, o qual acreditavam ser um assassino de aluguel, os havia perseguido até a floresta. Eles só conseguiram fazer um boletim de ocorrência meses depois, quando um procurador federal acompanhou o casal à delegacia.[331] Naquela ocasião, o delegado da polícia fez o registro pessoalmente. Em maio de 2019, o escrivão permanecia no cargo.

Vários membros do sistema de justiça disseram à Human Rights Watch que os esforços para responsabilizar outros servidores por se recusarem a registrar ocorrências não levaram a lugar nenhum:

  • A promotora pública no estado do Pará, Mariana Macedo, instaurou uma investigação em 2017 para averiguar uma alegação de que um policial havia se recusado a registrar uma ameaça na cidade de Rurópolis, pois estava envolvido na extração ilegal de madeira. Contudo, até dezembro de 2018, quando ela foi transferida, a investigação não tinha resultado em qualquer denúncia ou recomendação de medida disciplinar.[332]Em maio de 2019, quando entrevistada pela Human Rights Watch, Mariana não sabia como estava o caso. Ela não o encaminhou à corregedoria da polícia civil porque acreditava que "passariam a mão na cabeça".
  • O corregedor regional da polícia civil do Baixo Amazonas também instaurou uma investigação após um morador de Placas alegar que a polícia se recusou a registrar uma ameaça por parte de madeireiros, devido ao envolvimento em suas atividades criminosas.[333] O corregedor encerrou a investigação em 2017, sem tomar nenhuma medida, depois que ele descobriu que o escrivão não era um servidor da polícia civil, mas um funcionário público municipal de Placas, comissionado para a delegacia de polícia pelo prefeito.[334]

Explicações para a negligência da polícia: indiferença ou conluio

A Human Rights Watch não conseguiu determinar o que motivou a polícia e outros servidores na região a se recusarem a registrar ameaças ou a tomarem medidas básicas para investigar os assassinatos que podem ter sido cometidos por madeireiros.

A promotora pública do estado do Pará, Mariana Macedo, disse que em alguns casos a polícia pode não registrar ameaças por madeireiros porque está sobrecarregada de trabalho e os policiais acreditam que essas ocorrências  são menos importantes.[335]

No estado do Maranhão, vários servidores públicos disseram à Human Rights Watch que acreditavam que alguns policiais discriminavam indígenas e não registravam ou investigavam crimes cometidos por madeireiros contra eles.[336]

Outra explicação para as falhas da polícia, segundo alguns servidores federais e locais entrevistados pela Human Rights Watch, é que a polícia local pode estar envolvida nas atividades ilegais dos madeireiros responsáveis pela violência e ameaças. No estado do Pará, um procurador federal disse à Human Rights Watch que “a polícia local possivelmente vai atender ao interesse econômico da elite local, que é composta de pessoas envolvidas em fraude de terras ou madeireiras [ilegais]”.[337] Um promotor público no Pará concordou: “A polícia em áreas de conflito é aliada dos poderes locais”.[338]

No estado do Maranhão, o secretário de direitos humanos do governo estadual disse que os membros da força policial, naquele estado, têm “relação tradicional” com grupos políticos locais. Ele também disse que "exploração ilegal de madeira é crime organizado" e “tem poder político local”.[339]

No estado do Amazonas, uma procuradora federal disse que “não raramente” a polícia e outros servidores públicos se envolvem em crimes com madeireiros.[340] Ela citou, como exemplo, a prisão em maio de 2019 de quatro policiais estaduais que teriam sido contratados por fazendeiros para atacar e expulsar agricultores de terras públicas.[341]

Consequências da impunidade

Vítimas ou suas comunidades tinham sofrido ameaças e ataques anteriores em pelo menos oito dos 13 casos – resultando em 28 assassinatos e 4 tentativas de assassinatos – nos quais encontramos evidências críveis ​​de que os responsáveis pelos crimes eram pessoas envolvidas na extração ilegal de madeira[342] (em dois dos 13 casos, as vítimas eram policiais que foram assassinados durante operações de fiscalização; e em outro caso, um agente do IBAMA que sofreu uma tentativa de homicídio durante uma operação).

  • José Escórcio, o fazendeiro supostamente envolvido em extração ilegal de madeira e que foi denunciado como mandante do assassinato do líder comunitário Raimundo Santos de agosto de 2015, havia ameaçado os moradores de Rio das Onças e mandado homens armados queimar suas casas em 2014, contou um funcionário do ICMBio.[343] O próprio Raimundo havia falado sobre esse ataque em um vídeo de novembro de 2014, gravado pelo advogado de uma associação de pequenos produtores e publicado pela imprensa depois da morte de Raimundo.[344] “Nós se sente (sic) ameaçado desde que ele chegou lá, tocando fogo nos barracos. Ele queria passar com carro por cima das crianças, dos adultos”, disse Raimundo. “Vivemos ameaçados por homens armados.” Raimundo continuou informando o ICMBio sobre a extração ilegal de madeira até sua morte.[345] Se as autoridades tivessem se esforçado para garantir justiça após o ataque de 2014, talvez teriam evitado a morte de Raimundo nove meses depois.
  • Homens armados, contratados por madeireiros, tinham repetidamente ameaçado e atacado agricultores, bem como queimado suas plantações e barracos para expulsá-los de suas terras em Taquaruçu do Norte anos antes do massacre de Colniza – como ficou conhecido o assassinato de nove pessoas em abril de 2017 – contou Diego Rodrigues Costa, defensor público do estado do Mato Grosso que trabalhou em Colniza, à Human Rights Watch.[346] Em 2007, de acordo com a Comissão Pastoral da Terra, homens armados mataram três agricultores e torturaram pelo menos outros dez, incluindo um dos homens que seriam assassinados em 2017. Moradores relataram ataques e ameaças à polícia em 2010, 2012 e 2014.[347] Em novembro de 2014, um dos homens que seriam assassinados em 2017 disse à polícia que temia por sua vida.[348]Em maio de 2015, homens armados mais uma vez expulsaram os agricultores.[349] As investigações nunca foram a lugar nenhum, disse Diego Rodrigues Costa.[350]

Alex Gimenes Garcia, um madeireiro, disse à polícia que cerca de 40 dias antes do massacre de 2017, um membro do grupo criminoso conhecido como "os encapuzados" queixou-se de que tinham expulsado os agricultores duas vezes, mas eles haviam retornado. Nessa oportunidade, Alex lembrou que o “encapuzado” disse que eles iriam “limpar” a área. Depois que os assentados partissem e a área fosse desocupada, Alex relembrou o homem explicando, um madeireiro chamado Valdelir João de Souza pagaria “os encapuzados” porque queria que a remoção de madeira fosse “pacífica”.[351]

"O estado foi completamente omisso", disse o defensor público Diego. “As mortes [em 2017] foram culpa do Estado. Falta de aviso não foi”.

O massacre de Colniza virou notícia nacional devido ao grande número de vítimas, o que mobilizou as autoridades locais. Os promotores públicos denunciaram quatro supostos matadores de aluguel, que estão sob custódia, e Valdelir, que está foragido, por homicídio qualificado.[352] Contudo, se tivessem agido mais cedo, antes da atenção da imprensa, para investigar as ameaças e intimidações que tinham permanecido por anos, o massacre poderia ter sido evitado.

“As ameaças anunciam um crime mais grave”, disse um delegado da polícia civil do estado do Pará à Human Rights Watch.[353] No entanto, o fracasso da polícia em investigar ameaças e homicídios adequadamente, e o medo dos moradores de que a polícia seja cúmplice de madeireiros ilegais, têm feito com que algumas comunidades – em particular indígenas – parem de denunciar as ameaças.

“Eu nunca vou à polícia”, disse Mawarisha, um líder indígena Ka'apor envolvido nos esforços da comunidade para proteger a floresta e que recebeu várias ameaças de morte. "A polícia não faz nada, eles não estão fazendo nada para investigar a morte de Eusebio", ele disse, referindo-se ao assassinato em 2014 de Eusebio Ka'apor, outro líder que defendia a floresta.[354]

A impunidade em relação a ameaças e ataques também prejudica o combate à exploração ilegal de madeira. O IBAMA, o ICMBio e policiais federais destacaram a importância das informações fornecidas pelos indígenas e moradores locais no combate ao desmatamento ilegal. Mas as ameaças fazem com que eles tenham medo de fornecer informações às autoridades. “As pessoas estão com medo”, disse Daniel Alves Pereira, um pequeno agricultor do assentamento Areia que, junto com sua esposa Osvalinda Pereira, denunciou a extração ilegal de madeira.[355] “Todas as pessoas que sofreram ameaças de madeireiros foram embora. Ficamos porque acreditamos na justiça, mas temos certeza de que eles vão nos matar. Estamos apenas esperando”.

Em várias comunidades, vítimas de ameaças e ataques contaram à Human Rights Watch que evitam visitar as cidades próximas por medo de encontrarem os madeireiros que acreditam terem os ameaçado.[356] Vários guardiões da floresta disseram que vão em grupo à cidade quando precisam comprar suprimentos ou acessar serviços de saúde ou outros. “Não posso ir sozinho”, disse Mawarisha.[357]

Daniel Alves Pereira, um pequeno agricultor do assentamento Areia que denunciou a extração ilegal de madeira, costumava vender seus produtos para restaurantes na cidade vizinha de Trairão em sua moto.[358] "Sentia que em qualquer momento eu poderia levar um tiro" por madeireiros, ele disse. Mas, ultimamente, os restaurantes não compram mais suas frutas e vegetais. Ele acredita que os madeireiros os intimidaram. Isso privou ele e sua família de uma fonte importante de renda. "Agora só comemos o que cultivamos".

“Somos prisioneiros em nossa própria casa”, disse Osvalinda Pereira, esposa de Daniel, que disse sofrer ameaças desde que fundou uma associação de mulheres no assentamento Areia, no Pará, em 2010.[359] A mais de mil quilômetros de distância, Elizângela Dell-Armelina Suruí, que foi baleada em 2017 por um homem que seu marido reconheceu como um madeireiro, compartilha o mesmo sentimento.[360] "Você vive com medo", disse ela. “Eu não posso passar na sorveteria, não posso comer em um restaurante. Você fica em uma prisão aberta”.

 

IV. Esforços insuficientes para proteger defensores da floresta

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Em julho de 2019, 410 pessoas estavam incluídas no Programa de Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos, Comunicadores e Ambientalistas.[361] A análise de outros 118 casos estava pendente. Quase 70 por cento das 410 pessoas são defensoras dos direitos dos indígenas, direitos à terra ou ao meio ambiente.[362]

O programa busca oferecer medidas de proteção aos defensores dos direitos humanos ameaçados, inclusive os defensores do meio ambiente, sem removê-los da comunidade, a menos que o grau do perigo seja muito alto e exija a realocação temporária.[363] Medidas de proteção podem incluir visitas aos defensores, manutenção de contato telefônico, dar visibilidade ao seu trabalho e mobilizar outras instituições para fornecer proteção, informaram os gestores do programa.[364]

O dia-a-dia do programa federal, gerido pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, é executado atualmente por uma organização não-governamental, selecionada em processo seletivo. Um conselho deliberativo toma decisões sobre a entrada e saída de pessoas do programa. Apenas seis estados têm programas estaduais em funcionamento – o Maranhão é o único estado da Amazônia entre eles –, financiados com recursos dos governos federal e estadual.[365] Eles lidam com todos os casos dentro de seus territórios. Em outros estados, a equipe do programa federal auxilia os defensores diretamente de Brasília.

O programa funciona com base em atos do Executivo: dois decretos presidenciais e uma portaria do Ministério dos Direitos Humanos.[366] Isso significa que o Presidente Bolsonaro, que menosprezou defensores dos direitos humanos no passado, poderia facilmente abolir o programa ao revogar os decretos. Um projeto de lei para institucionalizá-lo por lei está pendente no Congresso há uma década.[367]

O governo de Michel Temer mais que triplicou o orçamento do programa de 4,5 milhões em 2017 para 14,7 milhões de reais em 2018.[368]  Em 2019, o orçamento caiu para 11,8 milhões de reais , um corte de 20 por cento.[369]

O procurador federal Felipe Fritz Braga, que representou o Ministério Público Federal no conselho deliberativo do programa por vários anos até 2018, disse à Human Rights Watch que na prática o programa “significa pouco” para a pessoa protegida, porque em sua opinião provê medidas de proteção insuficientes.[370]

No estado do Pará, os Ministérios Públicos federal e estadual ingressaram com uma ação conjunta contra os governos federal e estadual em novembro de 2015, depois de concluírem que o programa federal de proteção aos defensores dos direitos humanos era “completamente ineficaz” no estado.[371] De acordo com os autos do processo, a única medida de proteção fornecida aos defensores era o contato telefônico periódico com o programa.

Em abril de 2019, um juiz federal concluiu que cinco defensores cujos casos os procuradores explicitamente mencionaram em suas petições estavam “colocando sua própria vida e de seus familiares em risco para proteger sua comunidade e o meio ambiente”.[372] O juiz encontrou “provas irrefutáveis” de que eles necessitavam de uma proteção mais eficaz e determinou que os governos federal e estadual realizassem patrulhas policiais periódicas ao redor de suas casas, instalassem câmeras de segurança e prestassem assistência psicológica e médica. Até julho de 2019, as autoridades tinham implementado parcialmente a decisão judicial.[373]

Em outros casos em que não há processo judicial, as medidas de proteção continuam sendo pouco mais do que contatos telefônicos regulares. Isso, por si só, é um desafio para os defensores que vivem em áreas sem cobertura telefônica e que, para fazer o telefonema, precisam viajar para a cidade, expondo-se ao risco de ataque pelo caminho. Além disso, o programa não garante regularmente atendimento psicológico aos defensores e suas famílias, muitos dos quais vivem há anos com medo de serem assassinados.[374]

Os gestores do programa disseram à Human Rights Watch que um de seus principais objetivos é criar “estratégias institucionais” para abordar as causas estruturais de risco ou vulnerabilidade dos defensores. Esse objetivo é explicitado em um dos decretos em que o programa se baseia.[375] Mas os ativistas e um procurador federal disseram que o programa federal até agora não cumpriu essa meta.[376]  Nem medidas aparentemente mais simples e diretas, como a mobilização de autoridades para interceder contra madeireiros e grileiros identificados como ameaças pelos defensores, foram tomadas. O decreto também destaca a necessidade de responsabilização por ameaças contra defensores, mas até agora o programa não incluiu a pressão sobre policiais e promotores públicos para garantir a justiça por crimes cometidos contra defensores.[377]

  • Francisco Fermino Silva, líder da associação de pequenos agricultores do assentamento Montanha Mangabal do Incra no Pará, disse à Human Rights Watch que ele e outros membros da associação forneceram aos procuradores federais provas em vídeo de fazendeiros conduzindo extração ilegal de madeira e mineração dentro do assentamento.[378] Francisco disse que recebeu várias ameaças de morte em 2018 e que um assassino preparou uma emboscada para matá-lo na floresta, mas não atirou porque Francisco não estava sozinho.[379]

Em agosto de 2018, o programa federal entrevistou ele e outros dois assentados da Montanha Mangabal. Desde então, o programa providenciou uma escolta policial para um dos moradores duas vezes e forneceu 300 reais para que ele viajasse até a cidade de Itaituba para manter contato telefônico, já que não há cobertura telefônica na Montanha Mangabal. No entanto, esses recursos são insuficientes, disse Francisco, especialmente porque ele não pode usar a estrada principal, onde madeireiros e mineiros se reúnem. Funcionários do programa de proteção se queixaram de que ele não mantém contato telefônico regular, disse Francisco.

As autoridades federais nunca realizaram operações contra as atividades de extração ilegal de madeira no assentamento, disse Francisco; assim, o problema estrural do conflito permanece sem solução.[380]

Por causa das deficiências do programa, Felipe Braga, o procurador federal que era membro de seu conselho deliberativo, viu o papel do programa como “simbólico”. Mas esse simbolismo pode ser importante: é um reconhecimento pelo Estado de que essa pessoa precisa de proteção especial, disse o procurador federal do Pará, Paulo Oliveira.[381] Paulo Oliveira disse que usou a inclusão de um defensor no programa como forma de pressionar as autoridades locais, incluindo a polícia, a proteger os defensores do meio ambiente. “Se algo acontecer a essa pessoa e o chefe da polícia civil local não responder a uma requisição dos procuradores, eles poderão ser responsabilizados, mesmo sob o código penal”, disse Paulo Oliveira.

A falta de conhecimento da realidade local entre os membros do conselho deliberativo também é um desafio para o programa federal.[382] Organizações não-governamentais que acompanham a situação dos direitos humanos no terreno estiveram envolvidas em decisões de inclusão e exclusão, mas um decreto em 2016 as excluiu do conselho deliberativo, que agora consiste apenas de servidores públicos em Brasília.[383] O governo Bolsonaro manteve a composição em um decreto de 2019.[384]

A equipe que implementa o programa também não conhece as dinâmicas locais e os atores nas localidades remotas onde muitos defensores ambientais vivem, e suas ações podem, inadvertidamente, colocar esses defensores em risco.[385] A Human Rights Watch foi informada de um caso em que o pessoal do programa usava um carro com um logotipo que dizia "direitos humanos" em uma área rural sob vigilância de madeireiros e de uma situação onde a equipe do programa insistiu em organizar patrulhas policiais para um defensor, embora o próprio defensor não quisesse essas patrulhas pois suspeitava que a polícia local estivesse envolvida na extração ilegal de madeira.[386]

Melhor treinamento para análise de risco, incluindo os riscos específicos enfrentados pelos defensores ambientais e indígenas, e uma melhor consulta aos defensores ajudaria. Embora o programa se concentre em estabelecer contato direto com a pessoa sob ameaça, seria vantajoso consultar regularmente e colaborar também com as ONGs locais, que são, na maioria das vezes, quem pede a inclusão dos defensores no programa e que rotineiramente ajudam os defensores a denunciarem a extração ilegal de madeira e ameaças às autoridades. O programa federal também deveria estabelecer um mecanismo de melhor colaboração com as autoridades policiais dos estados.

Em comparação com o programa federal, as entidades que executam os programas estaduais estão fisicamente mais próximas do defensor e conhecem melhor a situação no terreno e as instituições locais.

Aqueles que têm acesso a informações pessoais dos defensores incluídos no programa são obrigados a manter “sigilo profissional”.[387] No entanto, vários líderes Ka'apor disseram à Human Rights Watch que ficaram muito surpresos quando a FUNAI indagou sobre informações que eles tinham compartilhado anteriormente com o programa federal e que pensaram que seriam mantidas em sigilo.[388]

Temores sobre o possível uso indevido de informações para prejudicar ao invés de proteger os defensores cresceram entre procuradores federais e organizações não-governamentais sob a administração de Jair Bolsonaro por causa de sua hostilidade em relação aos defensores dos direitos humanos.[389] "É uma temeridade ter os dados lá", disse o procurador federal Felipe Braga.[390]

 

V. Políticas anti-ambientais do presidente Bolsonaro

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Em sua longa carreira no Congresso e como candidato à presidência, o ex-capitão do exército Jair Bolsonaro falava da proteção ambiental e dos direitos dos povos indígenas como um obstáculo ao desenvolvimento econômico, e defendia a expansão do agronegócio e da mineração na Amazônia mesmo dentro de áreas protegidas.[391]

Como presidente, Bolsonaro tem tomado medidas para "remover obstáculos" impostos pelas "políticas ambientais xiitas", usando a palavra que designa uma das vertentes do Islã como sinônimo de radicalismo.[392] Entre essas medidas estão o enfraquecimento da proteção ambiental e da fiscalização, deixando aqueles que protegem a floresta da extração ilegal de madeira ainda mais vulneráveis ​​à violência.

Ignorando mudanças climáticas

O presidente Bolsonaro extinguiu as unidades voltadas às políticas sobre mudança climática dos ministérios das Relações Exteriores e do Meio Ambiente.[393] Ele ameaçou retirar o Brasil do Acordo de Paris, embora mais tarde tenha dito que permaneceria "por enquanto".[394] Ele nomeou um ministro das Relações Exteriores que acredita que a mudança climática é "uma tática globalista para instilar medo e obter mais poder" e que a crise ambiental que o mundo enfrenta é uma "mentira da esquerda"; e um ministro do meio ambiente que considera a mudança climática de importância "secundária"[395].

O governo Bolsonaro não apresentou, no prazo legal que era até março de 2019, um plano para investir os 357 milhões de reais alocados no orçamento de 2019 para responder às mudanças climáticas, como medidas para reduzir poluentes do transporte público e promover o uso de energia renovável.[396] Até agosto de 2019, os recursos estavam congelados, disse uma autoridade pública à Human Rights Watch.[397] Além disso, o Ministério do Meio Ambiente reduziu em 95 por cento o orçamento para a implementação da Política Nacional sobre Mudança do Clima, cujo objetivo é mitigar e adaptar-se às mudanças climáticas por meio de investimentos em energia, transporte e outros setores[398].

Enfraquecendo agências ambientais

O governo Bolsonaro reduziu em 23 por cento o orçamento discricionário do Ministério do Meio Ambiente, isto é, os recursos que podem ser ser investidos em programas ambientais, excluída a remuneração dos servidores.[399] Como resultado, o ministério cortou cerca de um quarto dos recursos para controle e inspeções ambientais e para a criação e gestão de unidades de conservação, e mais de 30 por cento dos recursos para combater incêndios florestais, entre outros cortes.[400]

Em seu primeiro dia como presidente, Bolsonaro enfraqueceu o Ministério do Meio Ambiente, transferindo o Serviço Florestal Brasileiro, encarregado de ampliar a cobertura florestal, para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, historicamente controlado pelo setor de agronegócios e que se opõe à conservação de florestas.[401] Ele nomeou como ministra da Agricultura a então presidente da Frente Parlamentar Agropecuária e como diretor-geral do Serviço Florestal um ruralista, ex-membro da Frente Parlamentar.[402]

O presidente Bolsonaro nomeou como Ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles, condenado em dezembro de 2018 por alterar ilegalmente mapas de uma área de proteção ambiental para beneficiar empresas de mineração durante seu mandato como secretário de meio ambiente do estado de São Paulo.[403] Um juiz suspendeu os direitos políticos de Ricardo Salles por três anos e determinou que ele pagasse uma multa, entre outras sanções. A execução da sentença está suspensa enquanto o recurso de Salles estiver pendente.[404] Em janeiro de 2019, promotores estaduais pediram que ele fosse destituído como ministro por causa da condenação;[405] Até julho de 2019, o Supremo Tribunal Federal ainda não tinha julgado o caso.[406]

O presidente Bolsonaro anunciou em abril de 2019, durante uma feira agropecuária com a participação de fazendeiros, que havia dito a Salles para "fazer uma limpa" no IBAMA e no ICMBio.[407] Salles destituiu 21 dos 27 diretores regionais do IBAMA – a maior destituição nos trinta anos de história da instituição – e até setembro de 2019 não havia nomeado substitutos para a maioria desses cargos.[408] Ele também exonerou o Coordenador de Operações de Fiscalização o chefe do Centro de Operações Aéreas da Diretoria de Proteção Ambiental (Dipro), que enquanto fiscal em 2012 multou o Presidente Bolsonaro por pescar em uma área de reserva natural.[409] Durante a campanha, Bolsonaro citou a multa como evidência das práticas "abusivas" de agentes do IBAMA.[410] O agente do IBAMA acredita que sua exoneração foi uma represália.[411]

Em abril de 2019, Salles instaurou procedimentos disciplinares contra servidores do ICMBio que não estavam presentes em um evento com políticos locais, fazendeiros e outros no estado do Rio Grande do Sul.[412] Mas os servidores não tinham sido convidados, afirmou a Associação Nacional dos Servidores da Carreira Especialista em Meio Ambiente (ASCEMA), que representa os servidores do IBAMA e do ICMBio.[413] O presidente do ICMBio, respeitado ambientalista que esteve no evento, pediu demissão dois dias depois.[414]

Salles também substituiu o presidente e os servidores de carreira que lideravam o ICMBio por cinco policiais militares de São Paulo, sem experiência no trabalho realizado pelo órgão.[415] Outros 15 membros da polícia militar e das Forças Armadas ocupam cargos de alto escalão no ministério.[416] “Existe um clima de total incerteza e intimidação” no IBAMA e no ICMBio, disse à Human Rights Watch Elizabeth Eriko Uema, diretora executiva da ASCEMA.[417]

Ameaças às áreas protegidas

Durante sua campanha, Bolsonaro prometeu reduzir as áreas protegidas existentes, apesar do papel fundamental que elas desempenham na redução do desmatamento na região amazônica (ver Capítulo I).[418] Em maio de 2019, ele anunciou que extinguiria a reserva ecológica onde ele foi multado. Além disso, o ministro do Meio Ambiente anunciou que reavaliaria todas as outras unidades de conservação, algumas das quais foram criadas, em sua opinião, "sem nenhuma base técnica".[419] Em junho de 2019, o governo elaborava um projeto de lei para reduzir quase 70 reservas.[420]

Durante a campanha presidencial, Bolsonaro também prometeu não demarcar "um centímetro de terra a mais" para indígenas, embora a Constituição do Brasil obrigue o governo federal a demarcar terras indígenas, que funcionam como áreas de proteção.[421]

Em janeiro de 2019, o presidente Bolsonaro retirou da Funai, órgão que protege os direitos dos povos indígenas, a competência para demarcar terras indígenas e realizar estudos sobre os impactos ambientais que o licenciamento de atividades econômicas pode ter em terras indígenas. Ele entregou essas atribuições a um novo "Secretário Especial de Assuntos Fundiários" do Ministério da Agricultura, cargo para o qual nomeou um presidente de uma associação de proprietários rurais.[422] Em maio de 2019, o Congresso reverteu essas atribuições de volta à Funai.[423] Em junho de 2019, o Presidente Bolsonaro editou uma nova medida provisória transferindo a competência de demarcar terras indígenas novamente ao Ministério da Agricultura.[424] Em agosto, entretanto, o Supremo Tribunal Federal decidiu, por unanimidade, que a medida violava a Constituição e determinou que a demarcação de terras indígenas permanecesse com a Funai.[425]

Dados da Funai demonstram que existem 118 terras indígenas – que alcançam quase 100.000 quilômetros quadrados, aproximadamente o tamanho de Portugal – em processo de demarcação, e outras 116 estão em estudo e seus limites ainda não foram definidos. A maioria dessas áreas está na região amazônica.

Em junho de 2019, o governo Bolsonaro demitiu o presidente da FUNAI, que enfrentava pressão dos interesses de proprietários rurais liderados pelo secretário de Assuntos Fundiários, segundo relatos da imprensa.[426] Como substituto, ele nomeou um policial que, segundo indicações de vários relatos da imprensa, tem ligações com o secretário de assuntos fundiários e com proprietários rurais.[427]

O presidente Bolsonaro defende a exploração comercial de recursos naturais em terras indígenas, incluindo para agronegócios, pecuária e garimpo.[428] Os líderes indígenas veem essa proposta como uma ameaça a sua existência. "Isso é acabar com a nação, acabar com florestas e animais, e cultura", disse Laercio Souza Silva, coordenador adjunto dos guardiões da floresta Tenetehara na terra indígena Araribóia.[429] "O efeito seria uma bomba atômica” nos territórios indígenas, disse Paulo Oliveira, procurador federal no estado do Pará.[430]

O presidente Bolsonaro também nomeou um ex-general do exército para chefiar o Incra, o órgão federal encarregado de realizar a reforma agrária, manter o registro de propriedades rurais e administrar terras públicas federais.[431] Em março de 2019, o Incra suprimiu de seus mapas as terras indígenas em processo de demarcação oficial.[432] Essa mudança ajuda os fazendeiros que controlam a terra ali e que têm dificuldade em obter crédito para empresas comerciais quando os bancos veem a terra dentro dessas áreas indígenas, explicou Marco Paulo Froes Schettinto, secretário executivo da 6ª câmara temática populações indígenas e comunidades tradicionais do Ministério Público.[433]

Enfraquecimento da fiscalização

Como candidato, Bolsonaro chamou o Ibama e o ICMBio de "indústrias da multa" e prometeu dar fim ao que chamou de "farra" das sanções por crimes ambientais.[434] Durante seus primeiros oito meses como Presidente, o número de multas relacionadas ao desmatamento aplicadas pelo IBAMA em todo o país caiu 37 por cento em comparação com o mesmo período do ano anterior, atingindo o número mais baixo em pelo menos duas décadas.[435] Nos estados da região amazônica, o número de multas relacionadas à destruição da floresta diminuiu em 42 por cento e o valor total dessas multas diminuiu em 37 por cento.[436]

A redução das multas deve-se em parte à redução no número de operações de combate à exploração ilegal de madeira, disse um servidor público à Human Rights Watch.[437] Salles extinguiu o Departamento de Florestas e de Combate ao Desmatamento do Ministério do Meio Ambiente, um setor do governo que se reunia semanalmente para planejar as principais operações de combate ao desmatamento envolvendo o Ibama, o ICMBio, a Funai, as forças armadas e, ocasionalmente, a Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), um ex-chefe desse departamento nos contou.[438] O Grupo Especializado de Fiscalização (GEF), unidade avançada dentro do IBAMA criada para combater organizações criminosas mais destrutivas envolvidas na extração ilegal de madeira e mineração, ainda existe, mas a liderança do Ibama não aprovou uma única operação de janeiro a meados de agosto de 2019.[439] O número de operações de menor escala também diminuiu devido à exoneração em massa de diretores regionais do Ibama, que precisam aprová-las.[440]

De janeiro a abril de 2019, o Ibama realizou apenas 17 operações de combate à extração ilegal de madeira na Amazônia, uma queda de 70 por cento em relação ao mesmo período de 2018, segundo dados oficiais do Observatório do Clima, uma coalização de ONGs locais.[441]

No ICMBio, o número de operações contra o desmatamento na Amazônia diminuiu em 30 por cento de janeiro até agosto de 2019, comparado com o ano anterior, segundo informações da própria agência.[442]

E mesmo quando as operações ocorrem, alguns agentes do Ibama resistem em aplicar multas, para evitar represálias de seus superiores, disse um fiscal do Ibama à Human Rights Watch[443]. "Tem que ter diretriz institucional de combater desmatamento, garimpo, mas as mensagens [do governo] são todo o contrário", disse o agente.

Em maio de 2019, o Ibama anunciou em seu site os locais onde realizaria suas próximas ações de fiscalização contra extração ilegal de madeira, violando a prática anterior da agência de reter informações sobre operações para garantir seu sucesso e proteger seus próprios agentes de ataques.[444]

Em abril de 2019, o governo determinou que todas as multas ambientais deveriam ser revisadas em uma audiência de “conciliação” por um núcleo composto por pelo menos dois servidores públicos e presidido por alguém de fora do Ibama ou do ICMBio.[445] O núcleo pode conceder descontos ou revogar completamente a multa.

Enquanto essas audiências de conciliação estiverem pendentes de realização, o processo de imposição de multas e os prazos de pagamento são suspensos. O Ibama aplica 14.000 novas multas por ano e há 120.000 multas pendentes, disse à Human Rights Watch Suely Araújo, presidente do Ibama até dezembro de 2018.[446] Ela acredita que a exigência de uma audiência de conciliação na prática prejudicará a capacidade do Ibama de punir aqueles que destroem de modo ilegal o meio ambiente, adiando procedimentos que já levam anos.[447]

Salles solicitou uma revisão interna de todas as multas do Ibama nos últimos cinco anos para identificar quais foram posteriormente revogadas. Os servidores públicos temem que o ministério tome a revogação como uma indicação de que as multas são inapropriadas e instaurem procedimentos disciplinares contra os fiscais, e que os fiscais também possam vir a ser punidos caso o núcleo de conciliação venha a revogar a multa aplicada.[448]

Em abril de 2019, o presidente Bolsonaro afirmou em um vídeo circulado nas mídias sociais que os agentes ambientais não devem queimar o equipamento dos madeireiros. Ele também disse que Salles tinha instaurado procedimentos disciplinares contra agentes que agiram dessa forma no estado de Rondônia[449]. Na operação, que estava em andamento enquanto o presidente Bolsonaro discursava, os agentes do Ibama combatiam a extração ilegal de madeira dentro da Floresta Nacional do Jamari. Várias empresas estavam competindo para obter a licença para explorar madeira legalmente ali, mas as pessoas envolvidas na extração ilegal de madeira tinham invadido a área[450].

Conforme descrito anteriormente, o Ibama e o ICMBio têm competência legal para queimar equipamentos usados ​​para destruir áreas protegidas da floresta quando seu transporte é inviável ou coloca seus agentes em risco.[451]

Os agentes do Ibama e do ICMBio veem essa prática como chave para cumprirem sua missão. Os agentes estão vulneráveis ​​ao ataque de madeireiros que tentam recuperar seus equipamentos. Os agentes precisam guardá-los no local até que a remoção seja organizada, em seguida transportando o equipamento lentamente pela floresta a partir de locais remotos.[452] Além disso, as agências têm o desafio de encontrar um local para armazenar equipamentos enquanto os longos processos judiciais e administrativos estão em andamento.[453] Antes do decreto que lhes conferiu o poder de destruir os equipamentos, as agências federais por vezes não tinham opção a não ser devolver caminhões e tratores ao madeireiro.[454]

Procuradores federais alertaram que, nesses casos, os madeireiros podem continuar usando o equipamento para destruir a floresta. Três dias após o vídeo do presidente Bolsonaro, o Ministério Público Federal no estado de Rondônia fez um apelo para que as autoridades federais e estaduais fortaleçam as ações contra a extração ilegal de madeira e a destruam os equipamentos dos madeireiros quando seu transporte for impossível.[455]

No entanto, servidores do Ibama e do ICMBio em Brasília e um policial federal de alto escalão na região amazônica disseram à Human Rights Watch em julho de 2019 que as chefias do IBAMA e do ICMBio tinham instruído os agentes a não mais destruírem os equipamentos.  É uma política comunicada verbalmente, sem registro no papel, disseram os servidores.

Duas semanas após os agressores terem queimado um caminhão de combustível que abastecia helicópteros do IBAMA usados nas operações de combate à extração ilegal de madeira em Espigão do Oeste, no estado de Rondônia, em julho de 2019, o Ministro Salles se reuniou com madeireiros naquela cidade, chamando-os de “pessoas do bem” e disse-lhes que a indústria da madeira “merece ser respeitada”.[456] “O que acontece hoje no Brasil, infelizmente, é o resultado de anos e anos e anos de uma política pública da produção de leis, regras, de regulamentos que nem sempre guardam relação com o mundo real”, acrescentou.

“Bolsonaro está apoiando quem está roubando as madeiras. Isso estimula a ilegalidade”, Elizabeth Eriko Uema, diretora executiva da ASCEMA, a associação de funcionários do Ibama e do ICMBio, disse à Human Rights Watch.[457]

Em junho, o presidente Jair Bolsonaro editou um decreto presidencial removendo o prazo para que os proprietários rurais registrem suas propriedades junto ao Cadastro Ambiental Rural (CAR), como estabelecido pelo Código Florestal de 2012.[458] Proprietários de terras que registram suas propriedades devem reflorestar áreas que foram ilegalmente desmatadas após julho de 2008. A remoção do prazo torna menos provável que eles cumpram uma exigência que demandaria investimento em reflorestamento.

Perseguição das organizações da sociedade civil

As organizações da sociedade civil desempenham um papel vital na região amazônica, apoiando, entre outras coisas, as pessoas que denunciam a extração ilegal de madeira, muitas das quais são pequenos agricultores e indígenas que vivem em locais isolados e sem fácil acesso às autoridades.

Esses grupos ajudam essas pessoas a registrarem denúncias de ameaças e ataques e acompanham seus casos. Eles também fornecem as informações mais confiáveis ​​sobre a natureza e a dimensão da violência na região. Por exemplo, a Comissão Pastoral da Terra (CPT) publica relatórios anuais sobre conflitos pelo uso da terra e de recursos naturais com base no trabalho de advogados que atuam em todo o país. Da mesma forma, o Conselho Missionário Indigenista (CIMI) é a única entidade que compila casos de violência contra povos indígenas em todo o país. Como nem as autoridades federais nem estaduais compilam essas informações, os relatórios da CPT e do CIMI preenchem uma lacuna importante e são utilizados pelas autoridades como indicadores do escopo da violência relacionada ao desmatamento ilegal.

O presidente Bolsonaro repetidamente atacou organizações da sociedade civil que defendem os direitos ambientais e indígenas. Ele disse que as ONGs “exploram e manipulam” os povos indígenas e os “escravizam”, e prometeu acabar com o “ativismo ambiental xiita” no Brasil.[459] O presidente Bolsonaro acusou os países europeus de promoverem a preservação da Amazônia por meio de ONGs estrangeiras para explorar as riquezas da floresta para esses países no futuro.[460] "O Brasil é a virgem que todo tarado de fora quer", disse ele em julho de 2019.

O vice-presidente de Bolsonaro, Hamilton Mourão, chamou o ambientalismo de "instrumento de dominação indireta pelas grandes economias" e queixou-se de que o potencial econômico do Brasil é reduzido pelo “ambientalismo xiita” das organizações não-governamentais.[461] Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, reclamou da existência de "uma indústria de ONGs ecoxiitas".

Em julho de 2019, o presidente Bolsonaro disse que os dados de desmatamento produzidos pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), um órgão governamental, "não confere com a realidade" e sugeriu que seu diretor estaria "a serviço de uma ONG".[462] Ele disse que o INPE deveria enviar os dados à Presidência antes de qualquer publicação.[463] Em resposta, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), que representa mais de 140 entidades de pesquisa científica em todo o Brasil, disse que o INPE está entre as melhores agências do mundo em seu campo e caracterizou as críticas de Bolsonaro como "ofensivas, inaceitáveis ​​e lesivas ao conhecimento científico”.[464] Duas semanas depois, Bolsonaro demitiu o diretor do INPE.[465] "Maus brasileiros ousam fazer campanha com números mentirosos contra a nossa Amazônia", disse ele.[466]

No seu dia de posse, o presidente Bolsonaro assinou uma medida provisória outorgando ao então secretário de governo, Carlos Alberto dos Santos Cruz – general da reserva do Exército – o poder de "supervisionar, coordenar, monitorar e acompanhar" as atividades de ONGs locais e internacionais que operam no Brasil. Porém, em maio de 2019, o Congresso alterou a medida provisória e suprimiu seu poder de supervisionar ONGs, determinando, em seu lugar, que a secretaria do governo deveria "coordenar o diálogo do governo" com as ONGs.[467]

Em janeiro de 2019, Salles congelou todos os novos contratos e parcerias do Ministério do Meio Ambiente com organizações da sociedade civil. Entre esses estavam 34 projetos de ONGs que usariam 1 bilhão de reais de multas coletadas pelo IBAMA para restaurar ecossistemas degradados nos rios São Francisco e Parnaíba.[468]

Em abril de 2019, o governo Bolsonaro decretou a extinção, até o final de junho, de todos os conselhos, comitês e grupos de trabalho no âmbito federal, muitos dos quais incluíam representantes da sociedade civil, inclusive conselhos mencionados em leis, mas cujos integrantes ou objetivos não foram estabelecidos.[469] Em junho, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o governo não pode extinguir comitês criados por lei, mas somente aqueles estabelecidos por decreto.[470]

Esses colegiados desempenharam um papel importante na formulação e implementação de políticas ambientais, bem como na fiscalização do cumprimento da legislação ambiental. Entre os extintos estão:

  • O Comitê Nacional de Zonas Úmidas, criado para implementar a Convenção de Ramsar sobre Zonas Úmidas, um tratado ratificado pelo Brasil para a preservação de áreas úmidas.[471] O Brasil possui 27 locais reconhecidos como pantanais de importância internacional, muitos deles na Amazônia.[472]
  • A Comissão Nacional da Biodiversidade, criada para implementar a Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), tratado ratificado pelo Brasil para a preservação e uso sustentável da biodiversidade por meio da criação de áreas protegidas, entre outras medidas.[473]
  • O Comitê para implementação da Política Nacional de Gestão Ambiental e Territorial em Terras Indígenas, estabelecido para promover a proteção ambiental em territórios indígenas.[474]

O governo Bolsonaro não conseguiu extinguir o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), um colegiado consultivo e deliberativo cujas atribuições incluem a definição de regras para o licenciamento de indústrias poluidoras, conforme estabelecido em lei.[475]Em vez disso, por meio de um decreto editado em maio, a representação do governo federal no conselho foi aumentada e a participação da sociedade civil reduzida.

"Existe um processo de desarticulação dos mecanismos oficiais de controle", disse Nicolao Dino, integrante da 4ª câmara temática meio ambiente e patrimônio cultural do Ministério Público Federal, à Human Rights Watch.[476]

Outro alvo das políticas do presidente Bolsonaro no sentido de diminuir o papel da sociedade civil no controle social é o Fundo Amazônia, um projeto inovador elaborado e gerido pelo Brasil por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que repassa doações estrangeiras quando o Brasil reduz o desmatamento. O Fundo recebeu 3,4 bilhões de reais em doações para projetos de preservação da floresta amazônica brasileira até o final de 2018, mais de 93 por cento das doações foram da Noruega, com a Alemanha sendo responsável pela maior parte do restante.[477] Os principais beneficiários são os governos federal e local, que receberam 60 por cento do fundo, enquanto quase todo o resto financia projetos de ONGs.[478]

Em maio de 2019, Salles disse que havia encontrado "irregularidades" e problemas “em 100 por cento dos contratos com ONGs", mas não forneceu evidências.[479]

Em uma carta a Salles, os governos da Noruega e da Alemanha refutaram as alegações de irregularidades sugeridas por Salles e disseram que o Fundo passa por auditorias anuais, que mostram consistentemente "uso eficiente de recursos e impactos mensuráveis ​​na redução do desmatamento".[480] Ambos os governos solicitaram repetidamente que Salles compartilhasse as evidências de irregularidades, mas até 16 de agosto de 2019, ele não o tinha feito, o chefe de cooperação bilateral na embaixada alemã disse à Human Rights Watch.[481]

Salles solicitou ao Fundo Amazônia que não aprovasse novos projetos.[482] Ele propôs usar parte dos recursos do fundo para compensar fazendeiros por terras em áreas protegidas.[483]As regras do Fundo atualmente proíbem isso.[484] Como muitos fazendeiros não possuem títulos legítimos das terras que eles controlam na região amazônica, essa prática pode acabar recompensando as pessoas que ocupam terras ilegalmente.[485]

Salles também insistiu em reduzir o tamanho do Comitê Orientador do Fundo Amazônia (COFA) e em minimizar a participação da sociedade civil.[486] Representantes da Noruega e da Alemanha disseram a ele que não queriam mudanças no comitê orientador, contou um deles à Human Rights Watch.[487] "O governo norueguês dá muita importância em ter uma boa representação de ONGs", disse um diplomata norueguês à Human Rights Watch em abril de 2019.[488]

Mas em junho de 2019, o governo federal anunciou que estava dissolvendo o COFA e o Comitê Técnico do Fundo Amazônia (CTFA), que avalia se o Brasil reduziu o desmatamento e deve ser recompensado com o repasse de doações. A Noruega entendeu isso como uma quebra de contrato e suspendeu uma doação programada de 300 milhões de coroas norueguesas (cerca de 135 milhões de reais) para o Fundo Amazônia.[489]

Os agentes ambientais temem que o possível fim do apoio do Fundo Amazônia reduza ainda mais sua capacidade de combater o desmatamento ilegal.[490] Por exemplo, antes de agosto de 2019, o Fundo fornecia ou estava avaliando fornecer um total de 77 milhões de reais aos estados e ao IBAMA para combater incêndios florestais.[491] Além disso, o Fundo possui dois contratos em vigor no valor de 196 milhões de reais para o pagamento de veículos e operações de fiscalização pelo IBAMA.[492]

Em agosto, a Alemanha suspendeu uma doação de 35 milhões de euros (cerca de 159 milhões de reais) para financiar projetos de proteção ambiental no Brasil, depois de questionar o compromisso do governo em reduzir o desmatamento. Bolsonaro respondeu que o Brasil não precisava do dinheiro da Alemanha.[493]

O impacto das políticas anti-ambientais do presidente Bolsonaro

Várias autoridades disseram à Human Rights Watch que grupos criminosas envolvidos no desmatamento ilegal viram as declarações e as políticas de enfraquecimento da fiscalização ambiental promovidas por Jair Bolsonaro como carta branca para destruir a floresta e atacar seus defensores[494].

"A desqualificação dos órgãos de controle é como música para os agentes econômicos ilegais”, disse o secretário executivo da 6ª Câmara temática de Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais do Ministério Público Federal.[495] “Os madeireiros entendem as declarações de Bolsonaro como uma autorização [para agirem]”, acrescentou. “Esse discurso tem um impacto principalmente para os criminosos, porque eles se sentem autorizados a avançar sobre territórios e sobre os corpos”, disse Deborah Duprat, procuradora federal dos Direitos do Cidadão, à Human Rights Watch.[496] Da mesma forma, um funcionário de alto escalão do IBAMA no estado do Pará disse que os madeireiros agora “acreditam que poderão fazer o que quiserem [porque] o IBAMA não poderá impor multas ou destruir seus equipamentos.”[497]

As políticas anti-ambientais e a retórica do presidente e de seus ministros colocam os agentes de fiscalização e os defensores da floresta em maior risco, de acordo com membros do Ministério Público Federal. "É uma perplexidade ver o Estado estimulando ameaças ao próprio Estado", disse um integrante da 4ª Câmara do Meio Ambiente e Patrimônio Cultural do MPF à Human Rights Watch[498].

Invasões de terras e extração ilegal de madeira

Desde que Bolsonaro venceu as eleições presidenciais em outubro de 2018, a extração ilegal de madeira por grupos criminosos na Amazônia se tornou mais audaciosa, segundo autoridades policiais e moradores locais[499].

  • Osvalinda Pereira, uma liderança comunitária no Areia, assentamento do Incra no estado do Pará, disse que antes da eleição de Bolsonaro ela via caminhões transportando madeira extraída ilegalmente pela estrada de terra no assentamento apenas durante a noite, mas desde a eleição esses caminhões passam também durante o dia.[500] Ela disse que o número total de caminhões que passa todos os dias aumentou para entre 20 e 30 nos primeiros meses de 2019, apesar de ser a temporada de chuvas, quando a atividade madeireira é mais lenta.
  • Maria Márcia Elpidia de Melo, presidente da Associação dos Produtores e Produtoras Rurais de Nova Vitória, disse que o movimento de caminhões madeireiros levando madeira para fora do Terra Nossa, assentamento do Incra no Pará, também aumentou. Ela disse que um dia, em janeiro de 2019, quando estava visitando uma amiga que mora na estrada do assentamento, ela contou 11 caminhões passando do pôr do sol às três da manhã.[501]

As autoridades federais e os moradores das comunidades também relataram um aumento nas invasões de terra na Amazônia desde a posse de Bolsonaro, incluindo em pelo menos oito terras indígenas.[502]

  • No estado de Rondônia, dezenas de grileiros invadiram as terras indígenas Uru-eu-wau-wau em janeiro e desmataram longos e estreitos trechos de floresta com quilômetros de extensão para marcar a terra que pretendiam ocupar, disse à Human Rights Watch Awapu Uru-eu-wau-wau, um liderança indígena.[503] A tentativa de apropriação de terras ocorreu a apenas três quilômetros de uma comunidade indígena, segundo Awapu, e foi a "primeira vez que teve invasão tão perto da comunidade".[504]Quando confrontados por indígenas, um dos invasores disse que não recuaria "porque o novo governo vai tirar a terra dos índios”, disse Awapu. Depois de visitar a região, o então presidente da Funai, Franklimberg de Freitas, também informou que alguns grileiros diziam que o presidente Bolsonaro apoiava a invasão de terras indígenas.[505]Procuradores federais solicitaram que o Ministério da Justiça adotasse medidas urgentes para proteger a comunidade indígena.[506] No entanto, até maio, as apropriações e o desmatamento ilegal continuavam na terra indígena Uru-eu-wau-wau, contando com a ajuda de fazendeiros locais, segundo afirmaram os procuradores.[507]
  • Os indígenas Yanomami no estado de Roraima relataram um aumento acentuado da invasão de garimpeiros em seu território em 2019, chegando a cerca de 20.000 em maio, segundo suas estimativas.[508]
  • Madeireiros e fazendeiros nas redondezas das terras indígenas Awá, no Maranhão, tentaram mobilizar moradores de cidades vinculadas à exploração madeireiras vizinhas para invadir esse território em janeiro de 2019, de acordo com o governo do estado.[509] Os invasores desistiram depois que o governo do estado do Maranhão enviou a polícia militar para proteger os Awás. Os procuradores federais acreditam que madeireiros e fazendeiros agiram em resposta à decisão do presidente Bolsonaro de transferir a responsabilidade de demarcar território indígena ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.[510]
  • As terras indígenas Trincheira, Apyterewa e Ituna/Itatá, no estado do Pará, perderam 52 quilômetros quadrados no total com o desmatamento ilegal somente em julho de 2019.[511] Em agosto, cansados ​​de apresentar denúncias às autoridades, os índios Xikrin de Trincheira percorreram seu território e expulsaram madeireiros e fazendeiros que ocupavam ilegalmente a terra.[512]

Madeireiros e grileiros também invadiram a terra indígena Arara, no estado do Pará, a terra indígena Karipuna, no estado de Rondônia, e a terra indígena Araribóia, no estado do Maranhão.[513]

Atos de violência e intimidação

Os atos de intimidação por parte de grupos criminosos na Amazônia aumentaram significativamente desde a posse de Bolsonaro em janeiro, disseram autoridades e moradores das comunidades locais à Human Rights Watch.

  • Os madeireiros impediram uma operação de fiscalização do Ibama no estado de Rondônia em julho, instalando bloqueios nas estradas e desmontando uma ponte, enquanto agressores desconhecidos queimaram um caminhão de combustível que abastecia helicópteros do Ibama.[514] Foi a primeira vez que madeireiros atacaram um caminhão de combustível, disse um fiscal do Ibama à Human Rights Watch.[515]
  • Agressores desconhecidos queimaram duas pontes no município de Placas, no estado do Pará, em julho, em aparente retaliação a uma operação de combate à exploração madeireira do Ibama.[516]

Moradores de comunidades locais também são alvos. Procuradores federais e promotores públicos estaduais disseram à Human Rights Watch que os relatos de ameaças contra defensores da floresta na região amazônica aumentaram desde a posse de Bolsonaro.[517]

  • Em abril, o ICMBio cancelou uma reunião do Conselho Consultivo do Parque Nacional Jamanxim devido a preocupações com a segurança dos conselheiros, incluindo membros das comunidades mais próximas e funcionários.[518]

O clima de intimidação intensificou-se tanto para agentes de fiscalização quanto para moradores de comunidades locais que se opõem à extração ilegal de madeira na Amazônia. Os agentes de fiscalização acreditam que as declarações públicas do presidente e do ministro do meio ambiente são efetivamente uma "licença para atacar servidores públicos", de acordo com a diretora da ASCEMA, a associação de funcionários do Ibama e do ICMBio.[519]

"Estamos mais em risco agora", disse um fiscal do Ibama à Human Rights Watch, explicando que as equipes de fiscalização em missões no campo se sentem mais vulneráveis ​​a ataques de grupos criminosos que acreditam que o governo federal está menos interessado na segurança das equipes. "A mensagem do presidente agora é que nossas equipes estão sozinhas, que não têm o apoio do governo", disse ele.

Líderes de povos indígenas e de outras comunidades locais também disseram à Human Rights Watch que o medo de represálias por redes criminosas se intensificou desde a eleição de Bolsonaro. Esses defensores da floresta estão convencidos de que os grupos criminosos se sentem “empoderados e representados pelo novo governo”, de acordo com Tiir Cwuj, coordenadora da Associação de Mulheres Indígenas do Maranhão (AMIMA) e moradora da terra indígena Governador.[520] “Bolsonaro está dando direito para os madeireiros e garimpeiros”, disse Francisco Silva, líder comunitário no assentamento do Montanha Mangabal no estado do Pará. “Se antes os madeireros matavam, agora vai ser pior”.[521]

 

Desmatamento e mitigação das mudanças climáticas

Segundo dados oficiais preliminares, de janeiro de 2019, quando Bolsonaro assumiu a presidência, até julho de 2019, o desmatamento tinha aumentado em 67% na Amazônia brasileira, em comparação com o mesmo período de sete meses em 2018.[522] Em 2018, o desmatamento já representava quase o dobro do que o Brasil havia se comprometido – em 2009 – a alcançar até 2020.[523]

O enfraquecimento da fiscalização ambiental sob Bolsonaro – e o aumento do risco para os defensores da floresta – apenas tornarão menos provável que o Brasil reverta sua tendência atual de aumento do desmatamento ilegal na Amazônia. E sem uma mudança de política no futuro próximo, será "muito difícil" para o Brasil cumprir a meta estabelecida em seu compromisso em relação às Contribuições Nacionalmente Determinadas sob o Acordo de Paris de reduzir o desmatamento ilegal na região amazônica a zero até 2030, segundo Clarissa Gandour, economista e especialista em desmatamento na Climate Policy Initiative, um centro de pesquisas internacional.[524]

O fracasso em alcançar essa meta de desmatamento, por sua vez, comprometerá a capacidade do Brasil de cumprir seu compromisso sob o Acordo de Paris de reduzir suas emissões de gases de efeito estufa (GEE) para 37 por cento de seus níveis de 2005 até 2025 e para 43 por cento até 2030.[525] Se o Brasil não reduzir o desmatamento para os níveis de 2012 – quando menos de 4.600 quilômetros quadrados da Amazônia foram derrubados – o país só poderia cumprir seus compromissos se sua indústria fizesse investimentos “enormes” para reduzir suas próprias emissões e compensar a perda de florestas, disse Raoni Rajão, professor de Gestão Ambiental e Estudos Sociais da Ciência e Tecnologia da Universidade Federal de Minas Gerais, à Human Rights Watch.[526] O resultado mais provável de um cenário de crescente destruição da Amazônia é que o Brasil não alcance sua meta de emissões, não apenas por conta do custo tremendamente alto desses investimentos, mas também porque parte da tecnologia necessária ainda não estaria disponível, segundo um estudo acadêmico publicado por Raoni Rajão e nove outros cientistas brasileiros.[527]

  

Redes criminosas envolvidas nos incêndios na floresta amazônica

De janeiro a agosto de 2019, satélites detectaram 46.000 focos de queimadas na Amazônia, ou seja, locais com incêndios ativos, mais do que o dobro do número identificado durante o mesmo período de 2018 e o maior número desde 2010.[528] A fumaça dos incêndios na Amazônia brasileira e em países vizinhos chegaram à cidade de São Paulo, milhares de quilômetros ao sul. Em 19 de agosto, a capital estava coberta, escura como se fosse noite, às 15 horas.[529]

Médicos nos estados do Acre e Rondônia relataram um aumento de doenças respiratórias, como alergias, pneumonia e asma, além de doenças cardiovasculares que eles atribuem aos incêndios florestais.[530] Essa evidência anedótica é consistente com vários estudos realizados na Amazônia brasileira durante as ondas de incêndio anteriores, que mostraram que os gases e as partículas microscópicas liberadas pelo fogo podem causar danos significativos à saúde da população local, principalmente das crianças.[531]

Cientistas apontam para o aumento acentuado do desmatamento em 2019 como o principal fator dos incêndios. O fogo não é um fenômeno natural na Amazônia, mas consequência das ações humanas, segundo especialistas ambientais.[532] Um estudo do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM), uma organização sem fins lucrativos, mostrou que os dez municípios na Amazônia com o maior número de alertas de desmatamento de janeiro a julho de 2019 também foram os municípios com o maior número de incêndios.[533] A NASA e pesquisadores brasileiros também apontaram que as imagens de satélite mostram grandes colunas de fumaça emergindo dos incêndios.[534] Isso é uma indicação de que eles não são o resultado de agricultores queimando grama morta, mas que a própria floresta está queimando, disseram eles.

Essas análises de satélites são consistentes com nossa pesquisa. Quando os madeireiros derrubam as maiores árvores, eles abrem uma pequena clareira. Esse trecho fica mais seco e arbustos crescem ali, fornecendo combustível para incêndios, disse o chefe de combate a incêndios do Ibama.[535] Porém, mais frequentemente, os incêndios são intencionais. Depois de removerem a madeira mais valiosa, os madeireiros ou fazendeiros cortam o restante das árvores, geralmente amarrando correntes em dois tratores e passando por cima de qualquer vegetação. Eles deixam a madeira secar no chão até a estação de seca, quando ateiam fogo à área.[536] Eles cultivam a terra, na maioria das vezes, para criar gado, e em algumas áreas para plantação, ou a vendem usando títulos de posse fraudados[537].

  • Em 5 de agosto de 2019, o jornal Folha do Progresso da cidade de Novo Progresso – próxima ao assentamento de Areia no estado do Pará, onde uma rede criminosa de madeireiros opera conforme descrito anteriormente –, relatou que pessoas na região estavam organizando o “Dia do Fogo” em 10 de agosto.[538] Elas planejavam provocar incêndios para atrair a atenção do presidente Bolsonaro. A mensagem para o presidente, segundo o jornal, era que queriam trabalhar, e em sua visão, a única maneira de fazer isso seria derrubando a floresta e incendiando a área para dar lugar ao pasto. Depois de ler a notícia, um procurador federal alertou o IBAMA, que respondeu apenas depois de 10 de agosto, dizendo que não podia fazer nada porque seu pessoal havia sofrido vários ataques de madeireiros e grileiros na área e que não tinha apoio da polícia estadual, segundo relatos da imprensa local.[539] No Dia do Fogo, homens contratados por grileiros e fazendeiros incendiaram uma estrada principal, informou a imprensa.[540] Novo Progresso foi o município com o segundo maior número de incêndios e desmatamentos no estado do Pará em agosto, disse o governo do estado.[541] O dono da Folha do Progresso, que escreveu a história original, registrou junto a polícia denúncias de ameaças que recebeu nas redes sociais e em um folheto impresso e distribuído em Novo Progresso em que o acusam de mentir.[542]

A Procuradora-Geral da República disse que há evidências de que os incêndios foram resultado de uma "ação orquestrada", premeditada.[543] O governo do estado do Pará disse que grupos criminosos planejavam desmatar, queimar e criar gado em uma área de 200 quilômetros quadrados em uma unidade de conservação.[544]

O governo Bolsonaro respondeu aos incêndios minimizando o problema. O ministro Salles culpou o tempo seco, o vento e o calor pelos incêndios.[545] No entanto, o estudo do IPAM, mencionado acima, constatou que os níveis de umidade na Amazônia na primeira quinzena de agosto de 2019, quando os incêndios atingiram seu pico, foram maiores do que nos três anos anteriores.[546] "A estação seca não explica os incêndios atuais", concluiu.[547] O presidente Bolsonaro disse que há "indícios fortíssimos" de que ONGs “estão por trás das queimadas”, mas não forneceu evidências.[548]

Depois que os incêndios na Amazônia se tornaram manchetes em todo o mundo, o presidente Bolsonaro anunciou o envio das forças armadas para contê-los. O governo Bolsonaro, que cortou o orçamento do ICMBio para o combate de incêndios florestais em 20 por cento e o do IBAMA em 38 por cento em 2019,[549] inicialmente rejeitou 20 milhões de dólares oferecidos pelos países do G7 para ajudar nesses esforços.[550] “Quem é que está de olho na Amazônia? O que eles querem lá?”, questionou Bolsonaro.[551] Mais tarde, ele disse que aceitaria a assistência se o presidente francês, Emmanuel Macron, se desculpasse por dizer que ele teria mentido quando se comprometeu a combater as mudanças climáticas na cúpula do G20.[552]

 
JAXA, INEP, NASA, UNEP-WCMC, OSM

VI. Legislação nacional e internacional

A obrigação do Brasil de proteger

O dever do Brasil de proteger defensores da floresta e outros de atos de violência e intimidação por grupos criminosos envolvidos na extração ilegal de madeira – e de levar os autores desses atos à justiça – está fundamentado em suas obrigações no âmbito da legislação internacional de direitos humanos.

O Comitê de Direitos Humanos da ONU, órgão de especialistas encarregado de interpretar as obrigações dos Estados previstas no Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (PIDCP), enfatizou que “as obrigações positivas dos Estados Partes de garantir os direitos previstos no Pacto somente serão integralmente cumpridas se os indivíduos forem protegidos pelo Estado, não apenas contra violações dos direitos do Pacto por seus agentes, mas também contra atos cometidos por pessoas ou entidades privadas.” Os Estados podem violar as suas obrigações perante o PIDCP quando não “tomar as medidas apropriadas ou exercer a devida diligência para prevenir, punir, investigar ou reparar os danos causados por atos de pessoas ou entidades privadas.”[553]

Embora as obrigações dos Estados se apliquem a todos sob sua jurisdição, a Corte Interamericana de Direitos Humanos reconheceu que a importância de proteger os defensores de direitos humanos gera obrigação “reforçada”, especialmente considerando a maior vulnerabilidade dos defensores dos direitos humanos como consequência de seu trabalho.[554]

Como parte da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, os esforços do Brasil contra a impunidade devem ser guiados pela jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Em Kawas Fernández Vs. Honduras, um caso envolvendo violência contra defensores de direitos humanos e do meio ambiente, a corte determinou que:

Os Estados têm o dever de fornecer os meios necessários para que os defensores dos direitos humanos possam exercer livremente suas atividades; protegê-los quando estiverem sujeitos a ameaças, a fim de afastar qualquer tentativa contra sua vida ou segurança; abster-se de impor restrições que impeçam a realização de seu trabalho, e conduzir investigações sérias e eficazes de quaisquer violações contra eles, evitando assim a impunidade.[555] (ênfase adicionada)

Como o relator especial das Nações Unidas sobre a situação de defensores dos direitos humanos destacou, “proteger os defensores ambientais e dos direitos humanos é crucial para a proteção do meio ambiente e dos direitos humanos que dependem dele”.[556] O Brasil tem obrigações negativas e positivas: deve abster-se de violar os direitos dos defensores ambientais, e deve exercer a devida diligência para prevenir e investigar abusos de seus direitos por terceiros e levar os perpetradores à justiça. Também deve tomar medidas proativas para criar um ambiente propício para que os defensores cumpram suas funções e conduzam suas atividades.

Como parte do PIDCP, nos termos dos artigos 6(1) e 9(1), e da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, nos termos dos artigos 5 e 7, o Brasil é obrigado a proteger os direitos à vida, integridade física, psíquica e moral, e à liberdade e segurança pessoais de defensores ambientais.[557] Esta obrigação é enfatizada nos artigos 2, 9 e 12 da Declaração da ONU sobre Defensores dos Direitos Humanos (a "Declaração"). O artigo 12(2) da Declaração estabelece a obrigação do governo de “adotar todas as medidas adequadas para garantir que as autoridades competentes protegem todas as pessoas ... contra qualquer forma de violência, ameaças, retaliação ... coação ou qualquer outra ação arbitrária resultante do fato de a pessoa em questão ter exercido legitimamente os direitos enunciados na presente Declaração.”[558]

Em 2016, o relator especial da ONU sobre a situação de defensores dos direitos humanos advertiu que os defensores dos direitos humanos e defensores ambientais enfrentam “riscos sem precedentes” na forma de um “crescente número de ataques e assassinatos” em todo o mundo.[559] O relator definiu defensores ambientais como “indivíduos e grupos que, em sua capacidade pessoal ou profissional e de maneira pacífica, lutam para proteger e promover os direitos humanos relacionados ao meio ambiente, incluindo água, ar, terra, flora e fauna”.[560]

Em março de 2018, 24 países da América Latina e do Caribe adotaram o Acordo Regional sobre Acesso à Informação, Participação Pública e Acesso à Justiça em Assuntos Ambientais nos Países da América Latina e Caribe, também conhecido como Acordo de Escazú.[561] O Brasil assinou o acordo em 27 de setembro de 2018, e a ratificação pelo Brasil, após referendo pelo Congresso Nacional permanecia pendente em setembro de 2019.[562]

Este tratado internacional estabelece parâmetros específicos de proteção para os defensores ambientais e dos direitos humanos, consistindo em três elementos:

  1. Um ambiente propício para o seu trabalho;
  2. Medidas para reconhecer e promover o seu trabalho, incluindo a defesa da liberdade de expressão e reunião; e
  3. Medidas para prevenir, investigar e punir ataques ou ameaças contra defensores ambientais e dos direitos humanos.[563]

O Acordo de Escazú reflete bastante a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. O relator especial da ONU sobre direitos humanos e meio ambiente também estabeleceu princípios semelhantes em seu relatório apresentado ao Conselho de Direitos Humanos em março de 2018 “para facilitar a implementação das obrigações de direitos humanos relativas ao desfrute de um ambiente seguro, limpo, saudável e sustentável”.[564] O Princípio orientador 4 estabelece que os Estados devem “providenciar um ambiente seguro e propício em que indivíduos, grupos e órgãos da sociedade que trabalham com direitos humanos ou questões ambientais possam atuar livres de ameaças, assédio, intimidação e violência.”[565]

 

O direito a um ambiente saudável

A Constituição Federal do Brasil reconhece que: “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.[566]

O direito a um meio ambiente saudável é protegido por diversas leis, decretos e regulamentos no Brasil. A Lei de Crimes Ambientais de 1998 (Lei no9.605) estabelece sanções criminais e administrativas para indivíduos e empresas por danos ao meio ambiente, tais como cortar madeira em florestas de domínio público e o transporte, compra ou venda de madeira extraída ilegalmente.[567] As penas incluem prisão para pessoas físicas e suspensão de atividades e proibição de contratar com o Poder Público para pessoas jurídicas.

O Decreto no 6.514 de 2008 especifica o que constitui infrações ambientais administrativas e as multas correspondentes. De acordo com o Código Florestal Brasileiro (Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012), os proprietários de imóveis rurais situados em área de florestas na Amazônia Legal devem manter 80 por cento da propriedade com cobertura de vegetação nativa, como Reserva Legal.[568] Danificar, extrair madeira ou desflorestar a reserva legal sem autorização é uma infração administrativa.

Em 2018, o relator especial da ONU sobre direitos humanos e meio ambiente elaborou um conjunto de Princípios Orientadores sobre Direitos Humanos e Meio Ambiente, os quais, em suas palavras, “estabelecem as obrigações básicas dos Estados sob o direito internacional dos direitos humanos no que se refere ao desfrute de um ambiente seguro, limpo, saudável e sustentável”.[569] O Princípio 11 estabelece: “Para proteger contra danos ambientais e tomar as medidas necessárias para a plena realização dos direitos humanos que dependem do meio ambiente, os Estados devem estabelecer, manter e implementar estruturas eficazes legais e institucionais para o desfrute de um ambiente seguro, limpo, saudável e sustentável”[570].

O Brasil é parte do Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Protocolo de San Salvador), que garante o direito a um meio ambiente saudável.[571] Em fevereiro de 2018, a Corte Interamericana de Direitos Humanos concluiu que “um meio ambiente saudável é um direito fundamental para a existência da humanidade”[572]. A corte afirmou que a Convenção Americana sobre Direitos Humanos protege esse direito e, pela primeira vez, delineou alguns de seus principais componentes.

A Corte Interamericana afirmou que o direito a um meio ambiente saudável é autônomo e que protege os componentes do meio ambiente, como florestas, rios e mares (ênfase adicionada). Portanto, por mais que o direito a um meio ambiente saudável esteja ligado a outros direitos, como o direito à saúde, integridade pessoal e o direito à vida, entre outros, seu conteúdo autônomo significa que o fracasso do Estado em implementar suas leis, resultando na destruição ilegal da floresta, pode levar a violações do direito a um ambiente saudável e sustentável.

O Comitê de Direitos Humanos da ONU declarou que as obrigações dos Estados no âmbito do direito internacional ambiental devem informar o conteúdo de sua obrigação de respeitar e garantir o direito à vida. Especificou que a “[i]mplementação da obrigação de respeitar e garantir o direito à vida, e em particular à vida com dignidade, depende, inter alia, das medidas tomadas pelos Estados Partes para preservar o meio ambiente e protegê-lo contra danos ... causados ​​por atores públicos e privados”(ênfase adicionada).[573]

Direitos dos povos indígenas sobre seus territórios

A Constituição Federal do Brasil também reconhece os direitos dos povos indígenas às “terras que tradicionalmente ocupam”.[574] A Constituição define essas terras como “as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições”.[575] A Constituição do Brasil outorga ao governo federal a obrigação de demarcar e proteger as terras indígenas.[576]

O direito internacional também reconhece a importância especial da terra para os povos indígenas. Por exemplo, a Corte Interamericana de Direitos Humanos concluiu que “a relação próxima que os indígenas mantêm com a terra deve de ser reconhecida e compreendida como a base fundamental de suas culturas, sua vida espiritual, sua integridade e sua sobrevivência econômica”.[577]

Como parte da Convenção sobre Povos Indígenas e Tribais da Organização Internacional do Trabalho, também conhecida como a Convenção 169 da OIT, o Brasil é obrigado a impedir “a intrusão ou uso não autorizado de terras dos povos [indígenas] interessados”.[578]

Para cumprir sua responsabilidade de defender os direitos dos povos indígenas sobre seus territórios, o Brasil deve garantir “a existência de instituições ou de outros mecanismos adequados para administrar programas que afetem os povos [indígenas] interessados e que essas instituições ou mecanismos disponham dos meios necessários para o pleno desempenho das funções a eles designadas”.[579] Esses programas incluirão “o planejamento, coordenação, implementação e avaliação, em cooperação com os povos interessados, das medidas previstas na ... Convenção”. [580] Adicionalmente, o Brasil deve salvaguardar “o direito desses povos de participar da utilização, administração e conservação” dos recursos naturais de suas terras.[581]

O Brasil também endossou declarações e princípios não vinculantes que devem orientar sua política pública. A Declaração Americana sobre os Direitos dos Povos Indígenas, endossada pelo Brasil em 2016, prevê que os povos indígenas devem ter “direito a conservar, restaurar e proteger o meio ambiente e ao manejo sustentável de suas terras, territórios e recursos”.[582] Os povos indígenas devem também ter “direito à conservação e proteção do meio ambiente e da capacidade produtiva de suas terras ou territórios e recursos”.[583] O Brasil também endossou a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas (UNDRIP em inglês).[584]

Compromissos do Brasil para mitigar a mudança climática

Em 2018, o Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU emitiu uma declaração sobre a mudança climática, aconselhando os Estados Partes do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC), como o Brasil, que um fracasso na prevenção de danos previsíveis causados ​​pela mudança climática, “ou um fracasso na mobilização do máximo de recursos disponíveis em um esforço para tanto, podem constituir uma violação da obrigação [de respeitar, proteger e cumprir todos os direitos humanos para todos]”.[585] Também lembrou os governos de que suas obrigações de direitos humanos sob o PIDESC devem orientá-los na elaboração e implementação de medidas para lidar com a mudança climática. O Comitê de Direitos Humanos afirmou que cumprir a obrigação de respeitar e proteger o direito à vida requer que os governos tomem medidas “para preservar o meio ambiente e protegê-lo contra danos, poluição e mudança climática …” (ênfase adicionada).[586]

Um relatório de 2019 do Relator Especial sobre direitos humanos e meio ambiente afirma que o direito a um ambiente seguro, limpo, saudável e sustentável inclui um clima seguro; que um clima seguro é vital para o desfrute de uma ampla gama de direitos humanos; e que os Estados têm a obrigação de agir para garantir um clima seguro. De acordo com o relatório "[a] falha em cumprir os compromissos internacionais de mudança climática é uma violação prima facie das obrigações do Estado de proteger os direitos humanos de seus cidadãos".

Ao adotar medidas para enfrentar a mudança climática, o Brasil aderiu ao Acordo de Paris sobre Mudança do Clima, adotado em 2015 sob a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, estabelecendo obrigações e mecanismos concretos para mitigação, adaptação e cooperação climática.[587]

O acordo visa fortalecer a resposta global à ameaça da mudança climática, incluindo o compromisso de “manter o aumento da temperatura média global em bem menos de 2°C acima dos níveis pré-industriais e de envidar esforços para limitar o aumento da temperatura a 1,5°C acima dos níveis pré-industriais”.[588]

O instrumento central do Acordo de Paris para alcançar seu objetivo é a obrigação de cada parte de “preparar, comunicar e manter sucessivas contribuições nacionalmente determinadas” (NDCs em inglês).[589] As partes devem submeter NDCs novos ou atualizados, planos nacionais de ação sobre mudança climática, a cada cinco anos ao secretariado da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, (UNFCCC em inglês). Cada NDC sucessiva deve representar uma progressão além do atual NDC da parte e refletir sua maior ambição possível.[590]

Em seus NDCs de 2015, o Brasil se comprometeu a erradicar o desmatamento ilegal na Amazônia até 2030.[591] O Brasil se comprometeu a alcançar essa meta “com pleno respeito aos direitos humanos, em particular os direitos de comunidades vulneráveis [e] populações indígenas”.[592]

O Mercosul, do qual o Brasil é membro, e a União Europeia concluíram a negociação da parte comercial de um acordo de associação em 28 de junho de 2019, no qual comprometem-se a enfrentar “a ameaça urgente da mudança climática”.[593] O Brasil, enquanto membro do Mercosul, comprometeu-se a respeitar acordos ambientais multilaterais e, particularmente, “implementar efetivamente” o Acordo de Paris.[594] Eles também se comprometeram a combater a “extração ilegal de madeira e o comércio relacionado”.[595] O acordo estabelece mecanismos de consulta à sociedade civil que, de acordo com a União Europeia, darão à sociedade civil uma oportunidade de “influenciar” a implementação das disposições sobre direitos humanos e ambientais do acordo.[596]

 

Recomendações

Acabar com a impunidade por violência relacionada ao desmatamento ilegal na Amazônia

Ao Ministro de Justiça

  • Convocar autoridades federais e estaduais, incluindo os Ministérios Públicos estaduais e federal, forças policiais e agências ambientais, para elaborar e implementar um plano de ação, com significativa participação da sociedade civil, incluída a participação dos povos indígenas e das associações de pequenos agricultores, quilombolas e mulheres, para tratar dos atos de violência e intimidação contra defensores da floresta e para atuar no desmantelamento de redes criminosas envolvidas no desmatamento ilegal na região amazônica.

À Procuradora-geral da República

  • Priorizar o monitoramento dos casos de violência em conflitos pelo uso da terra e de recursos naturais na região amazônica para identificar padrões, garantir investigações adequadas e processar criminalmente os responsáveis ​​por abusos.
  • Buscar a federalização de casos de grave violação dos direitos humanos que não são devidamente investigados e processados ​​pelas autoridades estaduais.
  • Garantir operações e resultados efetivos da Força Tarefa Amazônia, grupo de procuradores federais especializados em violência rural, desmatamento, invasão de terras públicas e outros crimes ambientais, inclusive destacando procuradores para trabalhar exclusivamente na Força Tarefa, designando membros de toda a região amazônica e aumentando a equipe de apoio e outros recursos.
  • Estimular os procuradores federais na região amazônica a investigarem membros de redes criminosas envolvidas em desmatamento ilegal e, quando pertinente, processá-los por associação criminosa, lavagem de dinheiro, incêndios, corrupção e outros crimes.
  • Fortalecer a equipe e os recursos dos procuradores federais na região amazônica.

Aos Ministérios Públicos estaduais

  • Criar ou, onde já existam, garantir as operações e os resultados efetivos de promotores estaduais especializados em conflitos pelo uso de terras e de recursos naturais e crimes ambientais.

Aos procuradores federais e promotores públicos estaduais

  • Os procuradores federais e promotores públicos estaduais devem garantir que membros das polícias federal e estaduais que não cumpram suas obrigações sejam responsabilizados. O Ministério Público deve notificar as corregedorias de polícia sobre os casos de policiais que não registram boletins de ocorrência em relação aos relatos de pessoas sobre o desmatamento ilegal; ou casos de investigadores de polícia que não realizam as etapas básicas da investigação. Em casos extremos, como quando um investigador da polícia civil negligencia repetidamente o cumprimento dessas obrigações, procuradores federais e promotores públicos devem denunciá-los por atos de improbidade.
  • Garantir investigações imediatas, completas e imparciais sobre policiais civis, militares e federais suspeitos de conivência ou envolvimento com grupos criminosos implicados no desmatamento ilegal, inclusive assumindo as investigações dentro do Ministério Público e processando judicialmente os agentes responsáveis quando as evidências corroborarem.

Aos governos federal e estaduais

  • Criar ou, onde já existirem, garantir operações e resultados efetivos de unidades policiais especializadas em conflitos pelo uso de terras e de recursos naturais e crimes ambientais.
  • Alocar fundos e pessoal necessários para fortalecer a presença da polícia federal, civil e militar em áreas onde o desmatamento ilegal e a violência por redes criminosas estão crescendo.
  • O governo do estado do Maranhão deve implementar as propostas contidas no Plano Decenal de Políticas Públicas para Povos Indígenas no Maranhão, particularmente a criação de uma delegacia de polícia civil, um Ouvidor e um grupo de defensores públicos especializados em questões relacionadas aos direitos dos povos indígenas, e a  elaboração de planos de segurança pública para territórios indígenas.

À Polícia Federal e às Polícias Civis dos estados

  • A polícia civil deve realizar investigações imediatas, completas e imparciais em todos os casos de ameaças e violência contra pessoas que denunciam desmatamento ilegal e contra suas comunidades.
  • A polícia federal deve investigar todos os casos de ameaças e violência contra os membros dos povos indígenas defensores da floresta, e atuar em cooperação com a polícia civil.

Ao Congresso Nacional

  • Instaurar uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) e realizar audiências públicas para investigar e identificar as redes criminosas responsáveis ​​pelo desmatamento ilegal na Amazônia e os atos de violência e intimidação contra defensores da floresta.

Proteger os defensores da floresta

Ao governo do presidente Bolsonaro

  • Transmitir apoio àqueles que defendem a lei e protegem a floresta, incluídos os povos indígenas, membros de comunidades locais e agentes ambientais, bem como seu compromisso tanto com relação ao desmantelamento das redes criminosas envolvidas na extração ilegal de madeira quanto com relação à responsabilização de seus membros pelos crimes cometidos.
  • Restabelecer a representação adequada das organizações da sociedade civil no conselho deliberativo do Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, Comunicadores e Ambientalistas, que atualmente é composto apenas por servidores públicos.
  • Adotar e aplicar uma regra que garanta que as informações fornecidas pelos defensores da floresta ao Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, Comunicadores e Ambientalistas sejam tratadas com a máxima confidencialidade e que exijam que qualquer pessoal contratado, funcionários e membros do conselho deliberativo obtenham consentimento prévio informado dos defensores antes de compartilharem essas informações com terceiros, incluindo seus supervisores, a menos que o compartilhamento dessas informações seja essencial para proteger o defensor da floresta de um ato imediato de violência.
  • Fornecer financiamento adequado ao Programa de Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos, Comunicadores e Ambientalistas e transferir recursos suficientes para os programas estaduais, para que possam fortalecer a proteção dos defensores do meio ambiente.

Ao Programa federal de Proteção de Defensores dos Direitos Humanos, Comunicadores e Ambientalistas

  • Em diálogo com organizações da sociedade civil, aprimorar procedimentos e treinamento de pessoal para análise de riscos e para o desenho e implementação de medidas de proteção, em conformidade com a Convenção de Escazú e com os padrões identificados pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) e pela Corte Interamericana de Direitos Humanos.
  • Elaborar planos de proteção adaptados às necessidades específicas dos defensores da floresta sob ameaça, em consulta com o próprio defensor, incluindo medidas como:
    • Fornecer eletricidade por meio de painéis solares ou outros meios, e conexão com a internet para permitir que os defensores da floresta em áreas isoladas possam se comunicar.
    • Instalação de câmeras de segurança nas residências de defensores da floresta.
    • Pagamento das despesas de transporte para defensores da floresta que, de outra forma, ficariam isolados devido à falta de recursos.
    • Cobrir os custos com combustível e outras despesas das polícias para que possam acompanhar e proteger os defensores florestais.
    • Assegurar financiamento para que os defensores da floresta sejam representados legalmente de acordo com sua escolha ou buscando o apoio de defensores públicos quando os defensores da floresta denunciam crimes perpetrados contra eles.
    • Acompanhar os defensores da floresta em reuniões com autoridades policiais e judiciais quando eles desejarem denunciar crimes ou obter informações sobre investigações em andamento contra seus agressores.
    • Oferecer apoio psicológico e outros cuidados médicos aos defensores do meio ambiente.
  • Realizar sessões de treinamento e informação para membros dos Ministérios Públicos federal e estaduais, defensores públicos, polícia e organizações não-governamentais na Amazônia.
  • Coordenar com ONGs de direitos humanos locais que prestam assistência jurídica e outros apoios aos defensores da floresta.
  • Tratar das causas estruturais das ameaças e da violência contra os defensores da floresta, pressionando as autoridades estaduais e federais a conduzirem adequadamente investigações a responsabilização dos crimes ambientais e outros, reduzir a extração ilegal de madeira e a apropriação de terras nas comunidades onde vivem os defensores e estabelecer um claro registro de posse da terra.

Às autoridades federais e estaduais de segurança pública

  • Promotores estaduais e federais, polícias e outras autoridades devem cooperar com os programas federais e estaduais de proteção aos defensores dos direitos humanos, fornecendo informações, assistência e segurança aos defensores da floresta.

Aos governos estaduais da região amazônica

  • Os estados amazônicos do Acre, Amapá, Rondônia, Roraima, Tocantins e Mato Grosso devem criar programas estaduais para proteger os defensores dos direitos humanos.
  • Os estados do Pará e Amazonas devem acelerar a implementação de seus programas estaduais para proteger os defensores dos direitos humanos.

Ao Congresso Nacional

  • Aprovar o Acordo de Escazú, que exige que o Estado garanta um ambiente seguro e propício para aqueles que defendem a floresta, os proteja e investigue e responsabilize os perpetradores de crimes contra eles.
  • Aprovar um projeto de lei de 2009 que estabelece uma base legal concreta para o programa federal de proteção aos defensores dos direitos humanos, o qual atualmente opera apenas com base em dois decretos do Executivo.

Apoiar os defensores da floresta

Aos governos federal e estaduais, e Ministérios públicos federal e estaduais

  • Estabelecer um mecanismo pelo qual policiais federais e estaduais, procuradores federais e promotores públicos estaduais, Funai e órgãos ambientais se reúnam regularmente e mantenham canais diretos de comunicação com comunidades e defensores da floresta, para que esses possam denunciar com segurança o desmatamento ilegal e qualquer ameaça ou violência.

Aos governos federal e estaduais

  • Avaliar financiar, equipar e treinar os guardiões da floresta do Maranhão e apoiar outras atividades de proteção ambiental dos povos indígenas na região amazônica.

Às autoridades federais e estaduais do Maranhão e povos indígenas

  • Desenvolver conjuntamente diretrizes e procedimentos para os guardiões da floresta do Maranhão, que garantam a sua segurança e protejam os seus direitos, e que garantam, inclusive, a integridade física de madereiros detidos na condução de atividades criminosas em seu território. Esses procedimentos também devem definir o que fazer com os equipamentos apreendidos dos madeireiros.
  • Conduzir operações periódicas conjuntas entre polícia, órgãos ambientais, Funai e guardiões da floresta contra o desmatamento ilegal em territórios indígenas.

Fortalecer a proteção ambiental

Ao governo Bolsonaro

  • Transmitir de forma clara apoio aos servidores públicos que combatem o desmatamento ilegal na Amazônia e reafirmar sua autoridade de conduzir a destruição de equipamentos de madeireiros e serrarias nos termos da lei.
  • Dar fim aos ataques verbais contra ONGs, bem como aos esforços para reduzir a capacidade delas de promoverem direitos humanos e proteção ambiental.
  • Manter e expandir, em vez de reduzir, áreas protegidas na região amazônica, inclusive retomando a demarcação de territórios indígenas.
  • Restabelecer a colaboração entre agências do governo federal e organizações da sociedade civil que trabalham com proteção ambiental, proteção de defensores do meio ambiente e direitos indígenas.
  • Revogar o Decreto n° 9.759, de abril de 2019, e restabelecer comitês, comissões e grupos compostos por servidores públicos e membros da sociedade civil para aumentar a proteção ambiental.
  • Fornecer financiamento e pessoal adequados aos órgãos federais Ibama, ICMBio e Funai para que possam cumprir efetivamente suas respectivas missões.
  • Adotar medidas adequadas para cumprir os compromissos do Brasil de mitigar as mudanças climáticas, em particular suas prometidas reduções de desmatamento e de emissões de gases de efeito estufa (GEE), protegendo os defensores da floresta e fortalecendo a proteção ambiental, conforme estabelecido nessas recomendações.

Ao Ministério do Meio Ambiente

  • Garantir que os fiscais do Ibama e do ICMBio tenham autonomia para aplicar multas a quaisquer pessoas responsáveis por infrações ambientais, nos termos da lei, sem medo de represálias de seus superiores.
  • Restabelecer o Departamento de Florestas e de Combate ao Desmatamento do Ministério do Meio Ambiente, um setor do ministério que planejou grandes operações de combate ao desmatamento, e retomar o emprego do Grupo Especializado de Fiscalização (GEF), unidade do Ibama criada para realizar as operações de maior escala contra a extração ilegal de madeira e garimpo ilegais.
  • Acelerar os processos administrativos contra os responsáveis ​​por desmatamento ilegal, inclusive designando pessoal e recursos adicionais para esses casos.
  • Suprimir a necessidade de realizar audiências de “conciliação” antes de avançar com processos administrativos contra madeireiros ilegais.
  • Restabelecer parcerias com organizações da sociedade civil e permitir que participem em licitação e processos seletivos, e executem contratos relativos à proteção ambiental.
  • Reestabelecer o Comitê Orientador do Fundo Amazônia, com a adequada participação da sociedade civil e garantir que as organizações possam enviar propostas e assinar contratos do Fundo relativos à proteção ambiental.

Ao Incra

  • Acelerar os processos de remoção de fazendeiros envolvidos em desmatamento ilegal dos seus assentamentos, e daqueles que ocupam ilegalmente lotes destinados a pequenos agricultores, inclusive adotando medidas judiciais contra eles.

Aos governos estaduais

  • Prover o apoio da polícia estadual às operações do Ibama e do ICMBio contra o desmatamento ilegal.
  • Garantir que os órgãos ambientais estaduais disponham de recursos e pessoal adequados para prevenir e aplicar sanções em relação às violações da legislação ambiental na região amazônica.

Às empresas brasileiras e estrangeiras

  • Realizar a devida diligência para garantir que madeira, gado, carne ou produtos agrícolas comprados no Brasil não sejam provenientes de áreas desmatadas ilegalmente ou invadidas na Amazônia. Além disso, as empresas devem divulgar seus procedimentos e as origens de seus produtos.
 

Agradecimentos

Este relatório é fruto da pesquisa e redação de César Muñoz Acebes, pesquisador sênior para o Brasil. Daniel Wilkinson, diretor interino da Divisão de Meio Ambiente e Direitos Humanos editou o relatório e foi co-autor. Luciana Téllez-Chávez, pesquisadora da Divisão de Meio Ambiente e Direitos Humanos, contribuiu para a pesquisa e redação. Os estagiários Victor Setti, Mariana Prado, Michael Borger e Fernanda Canessa prestaram assistência à pesquisa. O relatório foi revisado e editado por Margaret Knox, editora e pesquisadora sênior; Dan Baum, editor e pesquisador sênior; Katharina Rall, pesquisadora da Divisão de Meio Ambiente e Direitos Humanos; Maria Laura Canineu, diretora do Brasil; Marcos Orellana, ex-diretor da Divisão de Meio Ambiente e Direitos Humanos; Joseph Saunders, vice-diretor do Programas; Danielle Haas, editora sênior; e Aisling Reidy, Conselheira Jurídica sênior. O relatório foi preparado para publicação por Remy Arthur, assistente de fotos e publicações; Fitzroy Hepkins, gerente administrativo; e José Martínez, coordenador sênior de administração. A consultora Andrea Carvalho auxiliou com edição e a assistente da divisão de Meio Ambiente e Direitos Humanos, Cara Schulte, forneceu suporte logístico e de edição.

Gostaríamos de agradecer aos defensores do meio ambiente que falaram conosco, incluindo os membros dos povos indígenas Tenetehara, Ka'apor e Pyhcop Catiji que nos receberam em suas casas, bem como a Comissão Pastoral da Terra (CPT), o Conselho Missionário Indigenista (CIMI) e outros parceiros da sociedade civil que forneceram informações para este relatório. Agradecemos especialmente a Tiir Cwuj (Maria Helena Gavião), Pyn Hýc (Raquel Bandeira), Eyy Cy (Evandro Luis Bandeira), Sílvio Santana, Fabiana Guajajara, Carlos Rittl, Suely Araújo, Raione Lima, Gilson Rego e Gilderlan Rodrigues da Silva.

 

 

Documentos filtrados muestran que Bolsonaro tiene planes devastadores para el Amazonas

Los incendios forestales han arrasado la selva amazónica por semanas. Datos satelitales muestran un aumento del 84% en los brotes de incendios en el mismo período en 2018. | Pixabay

DemocraciaAbierta tuvo acceso a una presentación PowerPoint que muestra que el gobierno de Bolsonaro tiene la intención de utilizar el discurso de odio para aislar a las minorías del Amazonas. English Português

By Manuella Libardi - democraciaAbierta -  21. August 2019

Documentos filtrados muestran que el gobierno de Jair Bolsonaro tiene la intención de utilizar el discurso de odio del presidente brasileño para aislar a las minorías que viven en la región amazónica. Las diapositivas de PowerPoint, las cuales fueron filtradas a democraciaAbierta, también revelan planes para implementar proyectos depredadores que podrían tener un impacto ambiental devastador.

El gobierno de Bolsonaro tiene como una de sus prioridades habitar la región amazónica para evitar la implementación de proyectos multilaterales de protección forestal, específicamente el proyecto llamado "Triple A".

"Hay que implementar el Calha Norte sobre la cuenca del Amazonas e integrarlo al resto del territorio nacional, para hacer frente a las presiones internacionales por la implantación del proyecto denominado 'Triple A'. Para ello, es necesaria la construcción de la hidroeléctrica del río Trombetas, el puente de Óbidos sobre el río Amazonas y la implementación de la carretera BR 163 hasta la frontera con Surinam", dice una diapositiva de la presentación.

 
Apoyarse con los defensores de la tierra y nuestro medio ambiente.

¿Enemigos del Estado?

Report / 30 de Julio de 2019  English

De cómo los gobiernos y las empresas silencian a las personas defensoras.

Más de tres personas fueron asesinadas cada semana durante 2018, e innumerables más fueron criminalizadas por defender su territorio y nuestro medio ambiente.

Cada vez son más los llamados a proteger el planeta; pero aquellas personas que defienden su territorio y nuestro medio ambiente están siendo silenciadas. Un promedio de más de tres personas defensoras fueron asesinadas cada semana durante 2018, mediante ataques motivados por sectores destructivos, como minería, industria maderera y agroindustria.

Este año, nuestro informe anual sobre los asesinatos de personas defensoras de la tierra y el medio ambiente también revela cómo innumerables personas fueron amenazadas, detenidas o encarceladas por atreverse a enfrentar a gobiernos o empresas, que buscaban obtener ganancias a costa de sus tierras.

Nuevo informe revela involucramiento generalizado del sector público en la tala ilegal en Perú

Reporte en PDF

De CIEL - 17 de julio de 2019 (english)

Washington, DC – De acuerdo a un nuevo informe, existen funcionarios públicos que sistemáticamente permiten que redes criminales extraigan madera ilegalmente de la Amazonía Peruana, dicho informe fue publicado hoy por el Center for International Environmental Law (CIEL). Autorizado para Robar: Redes de crimen organizado blanquean madera ilegal de la Amazonía Peruana identifica por nombre a 34 funcionarios del gobierno peruano que han sido cómplices en el lavado de madera desde la cosecha hasta la venta.

Autorizado para Robar revela hasta qué punto juegan un papel los funcionarios públicos en la proliferación de la tala ilegal. El reporte analiza más de 1,000 guías de transporte forestal y revela que ciertos oficiales aprueban permisos en zonas donde más del 40% de los árboles autorizados para talar, nunca existieron. Los autores concluyen que este 40% está muy por encima de un margen razonable de error humano, y por lo tanto los datos sugieren fuertemente que estos funcionarios son cómplices en el blanqueo de madera de la amazonía peruana. Aún y cuando la ley peruana impone sanciones penales y administrativas a las personas involucradas en el tráfico y la venta ilegal de madera, el informe muestra que se han aplicado tan pocas sanciones que no hay iniciativas para respetar dichas leyes.

La pugna por Venezuela sería "el detonante de una guerra mundial"

Venezuela sería "el detonante de una guerra mundial" © REUTERS / Carlos Garcia Rawlins

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La cooperación de China y Rusia con Venezuela para hacer frente a las pretensiones unilaterales estadounidenses socava la hegemonía de EEUU y acelera la transición hacia un nuevo orden geopolítico. Pero las transiciones geopolíticas no se resuelven nunca de forma pacífica, advierte Arantxa Tirado Sánchez, politóloga consultada por Sputnik.

Desde hace tiempo, EEUU viene observando con preocupación la expansión china en América Latina y el Caribe (ALC), un área geográfica que EEUU considera que es su "área natural de expansión", además de su "reserva estratégica", en definitiva, "su territorio", señala la especialista en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Declaración del Gobierno Revolucionario de Cuba:  (English translation below)

Urge detener la aventura militar imperialista contra Venezuela

El Gobierno Revolucionario de Cuba reitera su firme e invariable solidaridad con el Presidente Constitucional Nicolás Maduro Moros.

El Gobierno Revolucionario de la República de Cuba denuncia la escalada de presiones y acciones del Gobierno de los Estados Unidos para preparar una aventura militar disfrazada de «intervención humanitaria» en la República Bolivariana de Venezuela y llama a la comunidad internacional a movilizarse para impedir que se consume.

Entre el 6 y el 10 de febrero de 2019, se han realizado vuelos de aviones de transporte militar hacia el Aeropuerto Rafael Miranda de Puerto Rico, la Base Aérea de San Isidro, en República Dominicana y hacia otras islas del Caribe estratégicamente ubicadas, seguramente sin conocimiento de los gobiernos de esas naciones, que se originaron en instalaciones militares estadounidenses desde las cuales operan unidades de Fuerzas de Operaciones Especiales y de la Infantería de Marina que se utilizan para acciones encubiertas, incluso contra líderes de otros países.

Declaração de Xapuri, 16 de dezembro de 2018:

”Chico Mendes vive. A luta segue.”

“Daqui de Xapuri, afirmamos ao mundo que Chico Mendes não morreu: foi assassinado. Esse foi o preço que ele pagou por dedicar sua vida à causa da reforma agrária e da proteção da floresta, já que os dominantes nunca aceitaram que os povos da floresta tivessem direito à terra, ao pão e ao sonho. Acharam que assassinando-o, enterrariam sua luta. Mas, já era tarde. Chico havia se transformado numa força que ultrapassou sua existência física.

Desde seu assassinato, sua memória cresceu em importância. Conscientes disso e com medo de seu poder libertário, os de cima se lançaram na tarefa de se apropriar dela através de um contínuo e sistemático processo de distorção.

Isso foi o que os governos da Frente Popular do Acre (FPA) fizeram ao longo dos últimos 20 anos: servindo aos interesses do capital internacional, impuseram, usando e abusando da imagem de Chico Mendes, um conjunto de políticas cujo resultado foi o aumento da privatização e da destruição da floresta.

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